El gobierno español directo continuará si el líder catalán exiliado intenta gobernar desde Bélgica

por Alejandro López y Paul Mitchell
18 enero 2018

El presidente del gobierno del Partido Popular (PP) de España, Mariano Rajoy, ha amenazado con extender el control del gobierno central sobre Cataluña si el ex presidente regional catalán Carles Puigdemont es reinstalado e intenta gobernar desde Bélgica, donde se encuentra en un exilio autoimpuesto.

El nuevo parlamento catalán se reúne hoy por primera vez desde las elecciones del 21 de diciembre, que vieron la estrecha victoria de una coalición de partidos nacionalistas. Intentarán, en los próximos días, reinstalar a Puigdemont como presidente regional y jefe de un nuevo gobierno nacionalista.

Debido a que Puigdemont sería arrestado y encarcelado por cargos de sedición y rebelión si regresara a España, algunos jerarcas de su alianza electoral Junts per Catalunya (JxCat) han sugerido una ceremonia de juramento por teleconferencia desde Bélgica, o que alguien lo sustituya en el parlamento.

El gobierno del PP de Rajoy, que ha lanzado una medida represiva tras otra para evitar cualquier renovación del proceso de “independencia”, está decidido a evitar que esto suceda. Hablando en el Comité Nacional del PP el lunes, Rajoy advirtió que el gobierno apelará “inmediatamente” al Tribunal Constitucional si hay intentos de nombrar a Puigdemont como presidente regional mientras permanece en Bélgica. El tribunal extendería entonces el uso del artículo 155 de la Constitución, invocado para tomar el control de Cataluña y destituir a la administración secesionista de Puigdemont después de la declaración de independencia del 26 de octubre.

“No hay margen para ser presidente a distancia, ni por delegación ni por otro tipo de trampa”, declaró Rajoy, antes de repetir que el artículo 155 “permanecerá vigente hasta que el próximo presidente asuma el cargo”.

El portavoz del gobierno del PP, Íñigo Méndez de Vigo, agregó: “Puigdemont es un fugitivo de la justicia española, y Cataluña tiene que empezar a preocuparse por sus propios problemas, no los suyos personales”.

Continuó alardeando: “Lenta e inexorablemente, la aplicación del artículo 155 se está haciendo visible. No hay posibilidad de llevar a cabo políticas fuera de la ley. Tarde o temprano, el peso de la realidad cae: [el ex conseller de Justicia regional] Carles Mundó abandonó la política, Carme Forcadell no quiere ser presidenta del parlamento, Neus Lloveras deja la Asociación de Municipios [por la Independencia], Jordi Sánchez [líder del grupo de presión separatista Asamblea Nacional Catalana] reconoce que el referéndum del primero de octubre fue ilegal”.

El intento de Rajoy de prohibir a Puigdemont recibió un peso adicional por parte de los propios abogados del parlamento catalán, quienes publicaron un informe esta semana rechazando su investidura por vídeo y declarando que su asistencia al debate era “esencial”. El informe decía que un debate de investidura requería la “participación personal del candidato, de lo contrario no podrían cumplir su función estatutaria y reguladora”. Se pone en duda la permisibilidad de un sustituto, diciendo que las reglas parlamentarias solo la permiten por razones de maternidad o paternidad, enfermedad o “discapacidad permanente” –y ni Puigdemont ni los otros siete diputados en Bélgica o en prisión cumplen esos criterios.

A menos que se cambien o se suspendan las reglas, Puigdemont y los otros siete diputados no podrán ocupar sus escaños ni nombrar sustitutos. Como resultado, la coalición nacionalista tendrá una mayoría escasa en el parlamento –tienen 70 escaños en la cámara de 135 escaños– abriendo la posibilidad de una administración de unidad minoritaria pro española encabezada por el partido derechista Ciudadanos y respaldada por el Partido Popular Catalán (PPC) y el Partido Socialista Catalán (PSC).

Rajoy y el PP han sido alentados en sus medidas represivas antidemocráticas por la abyecta capitulación de los nacionalistas. En una serie de confesiones de tipo inquisitorio, los líderes separatistas en prisión preventiva, acusados de sedición y rebelión, se comprometieron en el tribunal a no apoyar los llamados a la independencia unilateral de Cataluña. El jueves pasado, el ex jefe del Interior regional Joaquim Forn y los líderes de los grupos de presión separatistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, asistieron a una audiencia a puertas cerradas en el Tribunal Supremo de España.

Sànchez (JxCat) y Forn (Izquierda Republicana de Cataluña, ERC), elegidos en las elecciones de diciembre, dijeron que solo tomarían sus escaños en el parlamento si sus partidos no tomaran un camino unilateral hacia la independencia.

Cuixart declaró que cualquier referéndum sobre la independencia de Cataluña sería válido solo si fuera convocado por el gobierno español. Forn dijo que no había renunciado a la independencia catalana como objetivo, pero aseguró al tribunal que el único camino posible para lograrlo sería a través de una reforma de la Constitución española. También dijo que rechazaría el puesto de jefe regional de la policía interior si se lo pidieran nuevamente.

Los tres están en custodia previa al juicio por su papel en las protestas del 20 y 21 de septiembre, en las que dos patrullas de la Guardia Civil fueron destrozadas. Se los está acusando de instigar la violencia y, por lo tanto, de ser culpables de rebelión, lo que podría llevar a penas de cárcel de hasta 30 años, aunque el vídeo muestra claramente que hacen un llamamiento para que los manifestantes mantengan la calma y se dispersen.

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, también considera que Forn fomentó estos “hechos violentos” porque “las fuerzas [que él controlaba] acusadas de orden público [los] favorecieron y no desplegaron ninguna acción”.

A pesar de las promesas de cumplir con la constitución y las súplicas para ser liberado, Llarena dictaminó el viernes que Forn y Sánchez, junto con su compañero encarcelado Oriol Junqueras, ex vicepresidente regional y líder de ERC, no podrían asistir a la inauguración del parlamento catalán, declarando que solo “este juez puede resolver este conflicto de intereses constitucionales”.

La decisión judicial autoritaria de Llarena significa que el argumento ofrecido por quienes están en los medios, el gobierno y la judicatura de que se liberaría a los nacionalistas encarcelados si aceptaban la ley, es un fraude.

Otra víctima de la represión del PP es Artur Mas, ex presidente regional de Cataluña de 2010 a 2016. La semana pasada renunció al Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), el principal partido en la alianza JxCat, diciendo que quiere centrarse en los cargos contra él, incluido su supuesto papel en el referéndum del primero de octubre y el referéndum consultivo de noviembre de 2014. El año pasado, a Mas se le prohibió ejercer cargos públicos durante dos años y se le confiscaron bienes, incluida su casa, por desobedecer la prohibición del Tribunal Constitucional del referéndum de 2014.

El movimiento secesionista catalán no representa los intereses de los trabajadores en Cataluña, sino a facciones de la burguesía catalana que buscan un papel más directo en la explotación de la clase trabajadora. Sin apoyar el programa de los nacionalistas catalanes, los trabajadores de España y de toda Europa deben oponerse políticamente a la campaña de represión liderada por el PP y respaldada por el PSOE y Ciudadanos.

La decapitación del liderazgo catalán confirma las advertencias del WSWS antes de las elecciones del 21 de diciembre de que la imposición de elecciones anticipadas en Cataluña por parte del gobierno español daría a los “votantes la ‘opción’ de elegir el gobierno que deseen, siempre que sea el que quiera Madrid”.

El giro a formas de gobierno autoritarias en España es una advertencia urgente a la clase trabajadora. La clase dominante española está utilizando la crisis catalana y la impopularidad del proyecto reaccionario secesionista para imponer ataques masivos contra los derechos democráticos y una mayor austeridad.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya envió una carta a 10 comunidades autónomas, incluida Cataluña, advirtiéndoles del riesgo de incumplir la norma de gasto este año y exigiendo recortes presupuestarios inmediatos para cumplir con las demandas de la Unión Europea.