El jueves, la Administración Trump anunció la propuesta de reforma migratoria más derechista desde que la Ley Johnson-Reed de 1924 estableció cuotas de inmigración para “estabilizar la composición étnica” de Estados Unidos.

La propuesta de Trump, basada en gran medida en la Ley SECURE presentada por los senadores Tom Cotton y David Perdue, alterará fundamentalmente la composición sociodemográfica de Estados Unidos. Si se promulga como ley, la propuesta reducirá la inmigración documentada en 22 millones de personas durante los próximos cincuenta años.

Según la Casa Blanca, el plan incluye $25 mil millones para ampliar el muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y militarizar aún más tanto las fronteras terrestres como todos los “puertos de entrada/salida”, es decir, todos los puertos aéreos y marítimos. El plan resultará en una contratación masiva de funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que estarán armados y envalentonados con poderes pseudolegales para llevar a cabo incursiones masivas en los lugares de trabajo, invasiones de hogares y arrestos públicos de inmigrantes.

El plan Trump propone contratar “nuevo personal para el Departamento de Seguridad Nacional, abogados para el ICE, jueces de inmigración, fiscales y otros profesionales encargados de hacer cumplir la ley” a fin de acelerar el proceso de deportación. El plan recortará drásticamente las protecciones de un debido proceso para los inmigrantes que tengan la suerte de ver el interior de un tribunal o, en la “neolengua” del Gobierno, “implementará reformas de los tribunales de inmigración para mejorar la eficiencia y prevenir el fraude y el abuso”.

En cuanto a los 1,8 millones de personas en el país que son receptores o elegibles para la protección bajo el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la propuesta del Gobierno de Trump presenta un “camino de 10-12 años hacia la ciudadanía, con requisitos de trabajo, educación y buen carácter moral”. Los beneficiarios de DACA también deberán demostrar que no son una “carga pública”, probablemente teniendo que abstenerse de cualquier beneficio público.

Esto no significa nada para los destinatarios de DACA, a quienes les pueden quitar sus derechos una vez más por una legislatura derechista en cualquier momento durante la próxima década.

El corte más dramático para la inmigración vendrá por medio de la eliminación del sistema de solicitudes familiares, que regido la política migratoria durante varias décadas. Según un estudio publicado el lunes por el Cato Institute, la nueva política elimina el derecho de un ciudadano estadounidense o residente legal permanente a presentar una solicitud para sus padres, hijos adultos solteros, hijos adultos casados o hermanos. Los residentes permanentes legales también perderán su capacidad de pedir este estatus para sus cónyuges e hijos menores de edad. La Administración Trump llama a estas restricciones “proteger a la familia nuclear al enfatizar las relaciones familiares cercanas”.

La propuesta de Trump también reducirá la cantidad de refugiados o asilados a la mitad, de 37.200 a 18.600. Como resultado, miles de personas que enfrentan una persecución en sus ciudades de origen y que tienen bases legales para ser recibidos en condición de refugiados serán negadas el derecho que deberían tener en virtud del derecho internacional. El plan del Gobierno de Trump también elimina la visa de diversidad, que otorga 50.000 visas cada año de un grupo de 10 a 20 millones de solicitantes anuales. Estas visas son un salvavidas para personas empobrecidas de docenas de países que tienen un número relativamente pequeño de personas que intentan emigrar a Estados Unidos.

Según el estudio de Cato, “el Departamento de Estado registra 3,7 millones de solicitantes que esperan en el extranjero en las categorías que eliminaría la Ley SECURE”, mientras que aproximadamente 250.000 personas en una situación similar ya se encuentran en EUA.

El lunes, un grupo de 48 legisladores demócratas y republicanos anunciaron una propuesta similar con una espera de 10-12 años para que los destinatarios de DACA adquieran la ciudadanía, así como miles de millones de dólares más en fondos para la seguridad fronteriza y la construcción de muros. Esta propuesta probablemente será vetada por Trump, quien exige medidas más extremas.

La respuesta del Partido Demócrata a la propuesta de línea dura de Trump ha sido silenciada. El domingo, el liderazgo demócrata reiteró su principal prioridad: presionar a la Administración Trump para que adopte un enfoque más agresivo hacia Rusia. Hablando el domingo, el líder de la minoría del Senado, Charles Schumer, dijo: “Lo más importante que el Congreso puede hacer en este momento es garantizar que la investigación del fiscal especial Mueller continúe sin contratiempos ni impedimentos”.

El lunes por la noche, Schumer publicó un artículo de opinión en el Washington Post en anticipación al discurso del Estado de la Unión de Trump el martes que no incluía ninguna referencia a la propuesta de inmigración de Trump. El artículo, titulado “Para lo que voy a estar atento en el estado de la Unión de Trump”, trata del gasto en infraestructura. Schumer, quien se presenta como asesor del presidente, dice que Trump “debería instar al Congreso a realizar una inversión sustancial en la infraestructura de nuestra nación” y que “los demócratas con gusto lo ayudaremos a trabajar en ello”.

Mientras tanto, la cifra de muertos en el desierto continúa creciendo a medida que miles de inmigrantes buscan refugiarse y reunirse con sus familias en Estados Unidos. El viernes, 76 inmigrantes fueron encontrados en la parte trasera de un remolque después de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México cerca de Laredo, Texas. Los pasajeros, incluidos 13 niños, fueron más afortunados que los 10 inmigrantes que se ahogaron en julio del 2017 en la parte trasera de un remolque cerca de San Antonio.

El lunes, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito –el más liberal de todos los circuitos de apelación de EUA, con jurisdicción en California y Arizona— dictaminó unánimemente que los niños no tienen derecho a representación legal gratuita en las audiencias de deportación. Según el Los Angeles Times, un tribunal “confirmó la decisión de un juez migratorio de negarle asilo a un menor identificado como C.J.L.G., que salió de Honduras a los 13 años después de ser amenazado por pandillas”.

“Obligar a un abogado designado por un tribunal de forma gratuita podría aumentar aún más el sistema de inmigración ya sobreexplotado”, escribió la jueza Consuelo Callahan.

El niño y su madre, quienes eran demasiado pobres para pagar por un abogado, ahora serán enviados de regreso a uno de los países más violentos del mundo para enfrentar a sus antiguos hostigadores. La decisión, apoyada por un magistrado designado por Obama, es una sentencia de muerte para un sinnúmero de otros niños inmigrantes. Este caso no es la excepción con respecto a la picadora de carne que es el sistema de inmigración estadounidense. Como resultado de las políticas promulgadas por los líderes demócratas y republicanos, esta es la regla.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de enero de 2018)