Dos acontecimientos ocurridos el lunes, un día antes del primer discurso del Estado de la Unión de Donald Trump, señalaron una fuerte intensificación del conflicto dentro de la clase dominante y el Estado de Estados Unidos.
El vicefiscal general Andrew McCabe, a quien Trump ha atacado repetidamente como títere de Hillary Clinton y el Partido Demócrata, abandonó inesperadamente su oficina unas cinco semanas antes de su esperado retiro. Más tarde en el día, la mayoría republicana en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes desafió las advertencias del Departamento de Justicia y votó para liberar al público un memorándum redactado por el personal del presidente Devin Nunes que acusa al FBI de abusar de las leyes de vigilancia para espiar a funcionarios de la campaña electoral de Trump. Según los informes, el documento acusa a los máximos dirigentes del FBI de ser anti-Trump y de trabajar para socavar su administración.
Los republicanos de la Cámara desafiaron las advertencias del Departamento de Justicia de que la publicación del memorándum pondría en peligro las operaciones de inteligencia de Estados Unidos. El fiscal general adjunto Stephen Boyd escribió al Congreso la semana pasada declarando que hacerlo público sin darle al Departamento de Justicia y al FBI la oportunidad de revisarlo "sería extraordinariamente imprudente".
Ambos acontecimientos señalan el aumento de un impulso cada vez más feroz por parte de la Casa Blanca y sus aliados republicanos más cercanos en el Congreso para desacreditar y descarrilar la investigación del fiscal especial y ex director del FBI Robert Mueller sobre presunta interferencia rusa en las elecciones de 2016 y posible colusión y obstrucción de la justicia por Trump y otros funcionarios de la administración.
El voto en el Comité de Inteligencia de la Cámara fue estrictamente partidista, con la mayoría republicana votando contra la moción de los demócratas para lanzar simultáneamente un memorándum de refutación elaborado por su personal. Trump tiene cinco días para revisar el memorándum y bloquear su lanzamiento, pero eso es muy poco probable. Trump, a través de su jefe de personal, el general retirado John Kelly, advirtió al Departamento de Justicia que el presidente quería que se hiciera público el memorándum impugnado.
Estos desarrollos siguen a informes de la semana pasada que Mueller ya ha cuestionado a James Comey, el director del FBI encabezando la investigación sobre Rusia que fue despedido por Trump en mayo pasado, y al fiscal general Jeff Sessions, quien se retiró de la investigación de Rusia en marzo pasado al Congreso sobre sus contactos con funcionarios rusos. También se informó que Mueller tenía la intención de entrevistar al asesor despedido de la Casa Blanca Stephen Bannon y al propio Trump en las próximas semanas, apuntando en dirección a un caso de obstrucción de la justicia contra el presidente.
A lo largo de la cada vez más enconada investigación de Rusia —un escándalo inventado basado en acusaciones de "intromisión" rusa no probadas— los demócratas han asumido el papel de defensores patrióticos de las agencias de inteligencia y policía y de Mueller contra las críticas de la Casa Blanca y los republicanos del Congreso. Esto está en línea con la base derechista en la que han montado su oposición al presidente fascista.
Las prioridades de los demócratas —que no tienen nada que ver con la defensa de los derechos democráticos y las condiciones sociales de los trabajadores, inmigrantes y nativos— se resumieron este fin de semana cuando el líder de la mayoría del Senado Charles Schumer anunció que exigiría cualquier resolución presupuestaria. incluir una disposición que proteja a Mueller de ser despedido por la Casa Blanca. A esto le siguieron solo días su acuerdo de negociar un acuerdo presupuestario sin ninguna protección para los inmigrantes en el programa DACA amenazados con la deportación por la terminación del programa de Trump en septiembre pasado.
En este conflicto entre dos campos derechistas del imperialismo estadounidense, los demócratas están aliados con las secciones dominantes del complejo militar y de inteligencia, que se oponen a cualquier ablandamiento de la postura militar agresiva adoptada por la administración Obama hacia Rusia. Están decididos a mantener la presión sobre Trump para escalar la ofensiva contra Moscú o, si es necesario, sacarlo de la oficina.
La campaña macartista contra Rusia también sirve fines políticos definidos para los demócratas, que buscan canalizar la oposición popular a Trump en una dirección reaccionaria y militarista. Esto se ve subrayado por los esfuerzos, dirigidos por el Partido Demócrata y sus aliados de los medios como el New York Times y el Washington Post, de utilizar la campaña antirrusa como justificación para censurar Internet y excluir puntos de vista opositores y contrarios a la guerra bajo la bandera fraudulenta de combatir las "noticias falsas" inspiradas en el extranjero.
Tras el retiro anticipado de McCabe y la votación para publicar el memorando de Nunes, los demócratas se han apresurado a garantizar la integridad de los burócratas y asesinos profesionales que espían al pueblo estadounidense y a la población mundial y organizan incontables conspiraciones contra los derechos democráticos de la población.
Tras el voto del Comité de Inteligencia de la Cámara, el representante Adam Schiff, el demócrata de mayor rango en el comité, anunció que los líderes republicanos, además de impulsar la publicación del memorando de Nunes, habían dicho por primera vez que el comité estaba investigando al FBI y el Departamento de Justicia. Schiff denunció esto como una "andanada al por mayor contra dos de nuestras respetadas instituciones".
El fiscal general de la era Obama, Eric Holder, arremetió contra los "falsos ataques contra el FBI y el DOJ (Departamento de Justicia, siglas en inglés) para distraer la atención de una investigación criminal legítima".
En una entrevista con Politico, el vicepresidente demócrata del Comité de Inteligencia del Senado Mark Warner, un multimillonario ceo de una compañía tecnológica, dijo que las amenazas de la Casa Blanca de despedir a Mueller y otros funcionarios del Departamento de Justicia "son extraordinariamente peligrosos, extraordinariamente temerarios", porque los estadounidenses podrían "perder la fe en la integridad de nuestras agencias de aplicación de la ley".
Warner relacionó el memorándum de Nunes con la supuesta subversión rusa a través de las redes sociales, declarando: "El mayor grupo que apoya estas falsas teorías son en realidad los bots rusos: cuentas activadas en ruso que intentan impulsar estas historias".
En una conferencia de prensa en la Casa Blanca el lunes, la vocera Sarah Huckabee Sanders negó que Trump haya jugado ningún papel en el retiro anticipado de McCabe. Sin embargo, Trump y los republicanos del Congreso han estado apuntando a McCabe desde la campaña electoral de 2016.
Lo han asociado con la decisión de Comey de no acusar a Hillary Clinton en relación con la investigación de su uso de un servidor privado de correo electrónico mientras era secretaria de Estado. Señalan el hecho de que en 2015 la esposa de McCabe se postuló para un escaño en el Senado de Virginia como demócrata y recibió casi $500.000 en fondos de campaña de un comité de acción política controlado por el entonces gobernador Terry McAuliffe, un asociado cercano de los Clinton.
La semana pasada, el Washington Post informó que, después de que Trump despidiera a Comey, se reunió en privado con McCabe, que en ese momento era director en funciones del FBI, y exigió saber por quién había votado en las elecciones de 2016.
CNN informó el lunes que el fiscal general Sessions le dijo al director del FBI Christopher Wray que necesitaba designar un nuevo equipo de alto nivel en la agencia y sugirió específicamente deshacerse de McCabe y del principal abogado de la oficina, James Baker. Este último fue reasignado a fines del año pasado. Wray posteriormente le dijo a McCabe que iba a traer a su propio equipo y que McCabe no sería incluido.
También se informó que el inspector general del Departamento de Justicia pronto emitirá un informe sobre el manejo por parte del FBI de la investigación por correo electrónico de Clinton que criticará tanto a McCabe como a otros funcionarios del Departamento de Justicia.
Según los informes, el memorándum de Nunes se basa en alegaciones de que el FBI engañó al tribunal de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, siglas en inglés) al solicitar una orden a fines del verano u otoño de 2016 para espiar a Carter Page, un ex banquero de inversiones con sede en Moscú que había servido como un asesor de política exterior de la campaña de Trump.
Se informa ampliamente que el presunto abuso del tribunal FISA implica el uso de información del "expediente Trump" compilado por el ex agente de inteligencia británico Christopher Steele para obtener la orden FISA sin informar al tribunal que la investigación de Steele fue financiada por la campaña de Clinton y el Comité Nacional Demócrata.
Según el New York Times, el memorándum se dirige específicamente al fiscal general adjunto Rod Rosenstein, quien designó a Mueller como fiscal especial y supervisa su investigación, citando el hecho de que Rosenstein solicitó una extensión de la orden de FISA para espiar a Page. Se informa que Trump se quejó en los últimos días del papel de Rosenstein y presionó para su eliminación.
Parece que el Departamento de Justicia en sí está dividido internamente sobre el memo de Nunes. En un discurso pronunciado el viernes en Virginia, el fiscal general Sessions pareció discrepar de la advertencia emitida por el secretario de justicia auxiliar Boyd en contra de la publicación del memo. Dijo que no condonaría "una cultura de defensa" y agregó que su departamento no ocultaría "errores cuando ocurran".
(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de enero de 2018)