El jueves, el Primer Ministro francés Edouard Philippe y el Ministro de Finanzas Públicas Gerald Darmanin anunciaban un ataque de gran envergadura a los trabajadores del sector público con objeto de abandonar el estatuto legal de los derechos de los trabajadores del sector público establecido tras la liberación de la ocupación nazi.

“Este plan tiene por objeto hacer trizas los últimos tabúes que rodeaban a los empleados públicos y también marca el fin del dogma de las garantías del empleo de por vida, al contratar, para todos los empleados públicos”, escribió el diario derechista Le Figaro. Los dos ministros declararon que los ataques no se aplicarían a la policía y a las fuerzas de inteligencia, el ejército ni a los altos cargos de la burocracia del Estado, sino a la masa de los empleados públicos.

Su objetivo son los casi 4 millones de trabajadores que tienen estatus de empleado público en Francia. Aunque erosionado por los ataques bajo gobiernos tanto del Partido Socialista como de los derechistas, el “estatuto” que rige sus condiciones laborales todavía sigue garantizando derechos fundamentales incluyendo el empleo fijo de por vida, paga base garantizada, ascensos regulares y aumentos salariales regulares.

También concede vacaciones y condiciones más fáciles para la jubilación o jubilación anticipada sin penalizaciones. Hace apenas 10 años, los empleados públicos todavía se jubilaban tres años antes que los trabajadores del sector privado. También tenían garantizado el derecho a la huelga y a unirse a organizaciones políticas y sindicales.

Las medidas anunciadas por Philippe y Darmanin incluyen un recurso masivo a “trabajadores de contrato”, que reemplazarán a los empleados públicos, pero a quienes se les negará los derechos del servicio público. Al mismo tiempo, un plan para un número esencialmente ilimitado de “bajas voluntarias” tiene por objeto el despido de decenas de miles de trabajadores que tendrán que buscarse un trabajo en el sector privado. Esto permitirá al Estado recortar los salarios en el sector público por €4,5 mil millones ($5,6 mil millones) por el año 2020.

No quedará intacto ni un solo sector económico. Serán golpeados de manera particularmente dura servicios señalados para su “reorganización”, incluyendo docentes, trabajadores de la sanidad, y servicios locales. Hasta ahora, los recortes de empleo en el sector público siempre habían estado limitados al abandono, es decir, no reemplazar empleados a medida que se jubilaban.

El gobierno también se propone introducir la “paga de mérito”, una pastilla de veneno que eliminaría el derecho a un salario fijo para una duración especificada de trabajo. Será utilizada como espuela contra los empleados públicos, para romper la solidaridad entre ellos. Para las administraciones públicas, incluyendo las escuelas y los hospitales, el gobierno está exigiendo “indicadores de resultados”, gracias a los cuales será posible medir la “ganancia” producida por los trabajadores (y así, en definitiva, su paga), que de esta manera serán puestos bajo una presión constante.

Otra medida que no se discute ampliamente pero que está siendo preparada activamente es la privatización del trabajo que llevan a cabo los empleados públicos y varias empresas públicas y administraciones. Estas privatizaciones deberían ocurrir “dondequiera que el sector privado pueda encontrar su lugar”, el exportavoz del gobierno Christophe Castaner dijo en mayo pasado. El jueves, desde Túnez, Macron enfatizó que el servicio público debería “reorganizarse más rápido, como lo hacen las compañías”.

No solo se suprimirá el estatuto de los trabajadores ferroviarios, por ejemplo, sino también su plan de jubilación. Desde septiembre, Macron viene insistiendo en que el cambio al estatuto de los trabajadores ferroviarios debería incluir la supresión de su sistema especial de pensiones.

Una amplia franja de las conquistas sociales introducidas tras la Segunda Guerra Mundial será objeto de destrucción. Macron declaró el jueves que el estatuto tenía que ser reformado dado que “elementos de la práctica de los negocios ... no pueden implementarse debido a las rigideces”.

Esto confirma el análisis del WSWS durante los ataques brutales de la Unión Europea (UE) en Grecia: la aristocracia financiera europea estaba apuntando a las conquistas sociales básicas que los trabajadores obtuvieron tras la derrota de los nazis en 1945, y que en última instancia se remontaban a la revolución rusa de 1917.

El ataque de Macron es parte de una confrontación más amplia de las élites gobernantes del continente con la clase trabajadora europea. En Alemania, la economía más grande de la UE, un gobierno de “Gran Coalición” se está preparando, que llevará a cabo ataques masivos a la clase trabajadora para financiar la remilitarización de Alemania y su regreso a la política de gran potencia.

Huelgas poderosas de los trabajadores automotores y metalúrgicos alemanes en los días recientes por ahora están bloqueando efectivamente la asunción de un nuevo gobierno de coalición de partidos social demócratas y conservadores, que llevan años presidiendo la enorme transferencia de riqueza desde los trabajadores hacia los súper ricos. El sábado, decenas de miles de personas protestaron en Londres contra el ataque al Servicio Nacional de Salud (NHS) por el gobierno derechista pro-Brexit. El NHS es otra de las conquistas fundamentales de la clase trabajadora en Gran Bretaña, conseguida tras la Segunda Guerra Mundial.

Tal como los sindicatos alemanes apuntan principalmente a aliviar un poco la presión para evitar un movimiento de masas contra los partidos gobernantes, los sindicatos franceses no tienen intención de dañar a Macron defendiendo a los empleados públicos. Los dirigentes sindicales son conscientes de la magnitud histórica de los ataques, y su reacción de sorpresa e indignación son totalmente hipócritas. Exigieron el voto para Macron el año pasado, siendo bien conscientes de sus planes para un ataque al sector público, que vienen discutiendo con él desde septiembre, de la misma manera como habían negociado con él el ataque al Código Laboral.

Su programa nacionalista de defensa de la competitividad de “su propia” burguesía en el mercado mundial, sacrificando a los trabajadores con este fin, es esencialmente el mismo que el de Macron. Se oponen orgánicamente a unir las luchas de la clase trabajadora a nivel internacional.

El estatuto del sector público era, junto a la Seguridad Social, una de las principales reformas de la Liberación, introducida por el Partido Comunista francés, que las utilizó para justificar la política de Stalin de estrangular la revolución proletaria contra las burguesías fascistas desacreditadas en Europa. Ahora, los estalinistas, los socialdemócratas y los sindicatos están intentando, al capitular ante una camarilla gubernamental reaccionaria dirigida por un presidente del libre mercado, destruirlo definitivamente.

Una lucha para defender cada conquista de la clase trabajadora requiere extraer un balance de la bancarrota de las perspectivas basadas a nivel nacional, todas las cuales llevan en última instancia a colaborar con la clase capitalista, y organizar las luchas internacionalmente por toda Europa de manera independiente de los sindicatos. La base de esta lucha es un programa verdaderamente socialista e internacionalista para la toma del poder de la clase trabajadora y la construcción de los Estados Unidos Socialistas de Europa.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de febrero de 2018)