Las elecciones mexicanas para presidente y ambas cámaras del Congreso tendrán lugar el 1 de julio. El domingo, los principales partidos políticos seleccionaron a sus candidatos oficiales.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) del mandatario actual, Enrique Peña Nieto, está efectuando su campaña bajo la consigna “Todos por México”, en una coalición con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL), un partido cuyos orígenes están en el corrupto Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Golpeado por acusaciones de corrupción y tasas de aprobación mínimas, por primera vez en sus nueve décadas de historia el PRI ha elegido a un candidato no afiliado al partido, José Antonio Meade Kuribreña, en gran medida porque no se le sospecha de corrupción.

Meade fue secretario de Hacienda y Energía al final de la Presidencia antepasada de Felipe Calderón Hinojosa del derechista Partido Acción Nacional (PAN), en la que fue un proponente de la reforma energética promulgada rápidamente por el subsecuente mandato de Peña Nieto. Bajo este último Gobierno, Meade fue secretario de Relaciones Exteriores por tres años, secretario de Desarrollo Social (Sedesol) por un año, y finalmente como secretario de Hacienda por otro año hasta que renunció en noviembre para postularse para presidente.

Meade estuvo a la cabeza del Ministerio de Hacienda cuando se produjo el estallido de oposición de masas por el alza de precios en los combustibles o “gasolinazo” a principios del 2017, otorgándole la etiqueta #LordGasolinazo.

Mientras que Meade podría no haberse beneficiado personalmente, han surgido escándalos de corrupción del periodo cuando dirigía Sedesol y el Ministerio de Hacienda.

En cuando a Sedesol, la revista Proceso ha documentado el desvío de fondos asignados para su campaña para combatir el hambre, la cual el mismo Meade presidía.

Según el diario Reforma, el Ministerio de Hacienda bajo su control desembolsó dinero para Alejandro Gutiérrez, quien fue arrestado en diciembre por cargos de canalizar $13,3 millones de fondos públicos, cuando estaba a cargo de las finanzas del PRI, a campañas políticas en el estado de Chihuahua.

Más ampliamente, durante el último año, la larga lista de altos funcionarios del PRI, desde ocho exgobernadores hasta el ex-CEO del petróleo estatal Pemex, ha continuado creciendo. Esto se suma a la exposición de corrupción de parte del mismo Peña Nieto y su esposa respecto a socios empresariales y concesiones de contratos públicos.

Pese a esta pudrición, en los últimos dos meses, el PRI nombró al controversial exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, a dos puestos electorales —primero como secretario de Acción Electoral y luego promovido al puesto clave de secretario de Organización-. Moreira es acusado de malversar casi $20 millones asignados a maestros para comprar votos y de recibir dinero de organizaciones criminales.

El coordinador de campaña de Meade es Aurelio Nuño Mayer, exsecretario de Educación Pública de Peña Nieto entre el 2015 y el 2017, y fue quien aplastó los paros de los maestros disidentes en el sur de México en 2016 contra la “reforma” educativa del 2013 de Peña Nieto, siendo “reforma” una palabra clave para el desmantelamiento de los derechos del magisterio mientras encauzan dinero para el corrupto SNTE para asegurar su lealtad electoral.

Tradicionalmente, los presidentes mexicanos, cuyos términos se extienden por seis años, eligen al candidato sucesor de su partido, el llamado “dedazo”. Sin embargo, es Luis Videgaray Caso quien proclamó haber desplazado al impopular fracaso de presidente de Peña Nieto como figura más poderosa del PRI, quien seleccionó a Meade como candidato del PRI para los próximos comicios.

Fue Videgaray quien precedió a Meade como secretario de Hacienda y quien reemplazó a Meade como canciller en el 2016. Videgaray está ahora a cargo de la crítica renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con el Gobierno de Trump y Canadá. Videgaray se ha dispuesto a cumplir las imperativas de “seguridad” de Estados Unidos en México y cultivado una relación con el yerno y asesor líder de Trump, Jared Kushner. Siendo el que le insistió a Peña Nieto a que invitara a México al candidato Donald Trump, Videgaray también es sumamente impopular.

Meade fue seleccionado de forma tardía por encima de los tres bajo consideración durante los últimos dos años, incluyendo a Videgaray, Nuño Mayer y Miguel Ángel Osorio Chong, el ministro del Interior que encubrió el asesinato en el 2014 de los 43 normalistas de Ayotzinapa y renuncio el mes pasado al no creer que el PRI tenía chance de ganar. Ninguno de ellos tenía ninguna posibilidad y por eso se optó por Meade.

Independientemente del intento del PRI para cambiar de cara, no le sorprende a nadie que Meade si acaso ha podido alcanzar un 20 por ciento en las encuestas electorales y se encuentra con 18 por ciento actualmente. Esto refleja la extrema crisis política del PRI.

Ningún candidato con “manos limpias” puede hacer magia y desenmarañarse a sí mismo y al PRI de su historia de corrupción y violencia. La población mexicana no puede olvidar que el PRI, el ejército y la policía están implicados en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, además de otros ataques violentos contra la población, incluyendo al magisterio.

Tampoco puede pasar por alto la clase obrera mexicana que, bajo el “Pacto por México” aprobado por el PRI, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha sufrido una ofensiva conjunta contra su posición social, un alto desempleo, salarios miserables, precios altos, incluyendo el meteórico ascenso de los precios de los combustibles como resultado de la desregulación del sector energético y la gasolina, y un peso que va a la baja.

Esto ha resultado en un aumento en la pobreza y una desigualdad extrema. Los cuatro multimillonarios más ricos de México controlan tanta riqueza como la mitad inferior de la población, que equivale a los 65 millones de personas que viven en la pobreza, incluidos 13 millones en la pobreza extrema. El 10 por ciento más rico acumula el 67 por ciento de la riqueza nacional. México tiene la dudosa distinción de ser el segundo país con la mayor desigualdad de las 34 economías avanzadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El tecnócrata Meade, como Videgaray, es simplemente otro exponente de las políticas neoliberales que abrieron las compuertas para intensificar la explotación por parte de la burguesía mexicana, en tándem con las depredaciones del capital extranjero, principalmente estadounidense.

Meade además se ve manchado por su servicio bajo la Presidencia de Calderón, quien también es destetado. Calderón dio inicio a la guerra contra los cárteles de drogas que ha cobrado decenas de miles de muertes y producido aún más corrupción. Fue tan desastroso su Gobierno que su predecesor y primer presidente del PAN, Vicente Fox, apoyó a Peña Nieto en el 2012 en vez de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota.

En lo que se refiere al derechista PAN y su candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, también se han visto mal en las encuestas, incluso tras consolidar su coalición electoral, “Por México al Frente”, que incluye al que alguna vez fue el “centroizquierdista” PRD antes de esencialmente abandonar sus pretensiones populistas, y el viejo aliado del PRD, el partido Movimiento Ciudadano (MC). El descompuesto PRD, cuyo candidato presidencial en el 2006 fue el exalcalde de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO), no pudo hacer una campaña independiente después de vaciar su capital político en el Pacto por México y atravesar una serie de contiendas entre facciones que han hecho pedazos al partido.

Anaya asevera que hay tres “tumores cancerosos” que agobian al país: “la corrupción, la violencia, y la desigualdad”. Adoptó la consigna vacía del PRD de “Democracia ya, patria para todos”. La realidad es que la coalición PAN-PRD no ofrece más que una continuación de los ataques contra los trabajadores y de la corrupción y violencia endémicas bajo los mandatos del PAN, bajo Fox y Calderón, que van de la mano con dicha acometida.

Las encuestas de los últimos cuatro años muestran que, al igual que PRI, el PAN y el PRD también cargan con una gran desconfianza de la población. Poco asombra que Anaya haya estado entre 19 y 27 por ciento en las encuestas. Las masas mexicanas están bien conscientes de que no hay ningún reflejo democrático de sus intereses en los partidos predominantes.

Continuará

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de febrero de 2018)