El dictador militar de Egipto, el presidente Abdulfatah al Sisi, parece estar listo para ganar un segundo mandato, habiendo intimidado, arrestado o eliminado a cualquier candidato que no sea de su agrado.

Las elecciones presidenciales, que se celebrarán del 26 al 28 de marzo, destacan la feroz lucha por el poder que tiene lugar dentro de los círculos militares y de inteligencia que controlan gran parte de la economía de Egipto y su aparato político.

Se lleva a cabo en medio un aumento en el disentimiento social y económico de la clase trabajadora empobrecida del país.

El 23 de enero, la junta arrestó al ex jefe de gabinete de las fuerzas armadas egipcias, Sami Anan, luego de que anunciara su candidatura. Las autoridades también han arrestado al ayudante de Anan, el ex auditor general de Egipto, Hesham Geneina, por alegar que Anan poseía "documentos y pruebas" secretas que socavarían al país y a su liderazgo.

Geneina, quien fue despedido después de denunciar la corrupción del Gobierno, dijo que divulgaría archivos que incriminaban a altos cargos por incidentes posteriores a la revolución del 25 de enero, si Anan sufría algún daño.

El confinamiento de Anan en una prisión militar se produjo poco después de que el régimen presionara a otro candidato, Ahmed Shafik, ex comandante en jefe de la fuerza aérea y primer ministro egipcio, para que se retirara de las elecciones.

Las autoridades también intimidaron a Khalid Ali, un abogado de derechos humanos que también había anunciado su candidatura, allanando una editorial que almacenaba sus folletos de campaña y arrestando a los organizadores de su campaña. Ali ahora enfrenta una sentencia de prisión de tres meses por "ofender la decencia pública".

Mohamed Anwar Sadat, exparlamentario y sobrino del difunto presidente y figura militar egipcia, Anwar Sadat, también se retiró bajo presión.

En diciembre, el coronel Ahmed Konsowa, quien también había anunciado que deseaba postularse para la Presidencia, fue detenido. Un tribunal militar condenó a Konsowa a seis años de cárcel por "desobedecer órdenes militares al expresar sus opiniones políticas".

Habiendo eliminado a todos los candidatos que representaban una amenaza para su Gobierno, al Sisi trajo a Moussa Mostafa Moussa como un candidato de oposición simbólico para evitar la elección de un solo candidato. Un miembro de confianza del círculo militar alrededor de al Sisi, Moussa, a instancias del expresidente Hosni Mubarak, organizó una escisión dentro del Partido Al Ghad (del Mañana) establecido por el legislador Ayman Nour, quien se postuló contra Mubarak en la campaña presidencial del 2005.

Sin una base política independiente, Moussa apoyó incondicionalmente la reelección de al Sisi hasta que se le pidió que se opusiera a él, registrándose minutos antes de la fecha límite, habiendo recibido las 47.000 firmas necesarias.

Al Sisi sin duda siente que las garantías del presidente Donald Trump de que no le preocupan los derechos humanos ni la democracia en el extranjero, y que al Sisi es un "tipo fantástico", significa que los $1,3 mil millones al año en ayuda estadounidense que reciben su régimen no están en peligro. El secretario de Estado, Rex Tillerson, durante una visita a El Cairo la semana pasada como parte de una gira por Oriente Próximo para construir una coalición anti-Irán, confirmó su apoyo a Egipto y se abstuvo de comentar sobre la represión de al Sisi contra sus rivales electorales.

El hecho de que tantos posibles candidatos presidenciales sean exoficiales habla de las enormes divisiones y conflictos dentro de los círculos militares que controlan alrededor del 40 por ciento de la economía de Egipto. Esto ha llevado al mandatario a tratar de reforzar su base de apoyo en los servicios de seguridad. En octubre del año pasado, reemplazó al jefe de personal de las fuerzas armadas, Mahmoud Hegazy, y lo nombró asesor presidencial para la planificación estratégica y la gestión de crisis.

Al Sisi también despidió a varios líderes en los servicios de inteligencia, en medio de preocupaciones sobre su lealtad de estas figuras, como Khaled Fawzy, director de la Dirección General de Inteligencia desde el 2014, reemplazándolo con su aliado más cercano y jefe de personal, el mayor general Abbas Kamel. Además, ha jubilado a otros 17 subsecretarios a la fuerza.

Esto se produce en medio de la represión política que supera con creces los peores excesos de la era de Mubarak. El Gobierno de al Sisi promulgó leyes para reprimir despiadadamente a la sociedad civil, incluyendo el monitoreo y la censura de noticias, sitios web de derechos humanos y redes sociales, hizo ilegales las manifestaciones sin dar tres días de aviso, arrestó a los huelguistas y llevó a cabo campañas de desapariciones forzadas y tortura.

Las nuevas leyes antiterroristas han ampliado la definición de terrorismo para incluir la desobediencia civil, otorgando a los fiscales el poder de extender los 15 días en detención preventiva antes de juicio, a menudo sin límite, mientras que el ministro de Justicia ha despedido a casi la mitad de los 75 jueces. quienes pidieron más democracia en una carta abierta a al Sisi y los reemplazó con leales al régimen, y marginó a otros 200.

Según grupos de derechos humanos, al menos 60.000 prisioneros políticos languidecen en las prisiones de Egipto, en comparación con entre 5.000 y 10.000 al final del Gobierno de Mubarak. Las cárceles están a tres veces su capacidad, a pesar de que el Gobierno construyera 16 prisiones nuevas.

El estado de emergencia impuesto en otoño el año pasado después de una serie de bombardeos en el norte de Sinaí, con el pretexto de lidiar con "los peligros y la financiación del terrorismo", se ha extendido por tres meses.

La semana pasada, la policía arrestó a Abdel Moneim Aboulfotouh, un candidato presidencial en las elecciones del 2012, quien había pedido un boicot de las elecciones, acusándolo de tener vínculos con la proscrita Hermandad Musulmana e incitar a derrocar al Gobierno, junto con seis ayudantes.

El llamado a un boicot electoral también ha sido retomado por el Movimiento Democrático Civil, una afiliación libre de los partidos de la oposición y las figuras políticas.

La naturaleza precaria de la economía egipcia estimula la represión. Egipto se vio obligado a aceptar las onerosas condiciones del Fondo Monetario Internacional, a cambio de un préstamo trienal de $12 mil millones, que incluía la flotación libre de la moneda (lo que implicó una caída del 50 por ciento de su valor), un impuesto al valor agregado y múltiples recortes a la energía, gasolina y subsidios a los alimentos básicos. La inflación repuntó al 33 por ciento el año pasado, las tasas de interés subieron y el crecimiento cayó. Muchas importaciones ahora son inasequibles.

Al menos el 35 por ciento de los 95 millones de habitantes de Egipto viven por debajo del umbral de pobreza, frente al 28 por ciento en el 2016. El desempleo juvenil en un país donde más del 60 por ciento de la población tiene menos de 30 años es una bomba de tiempo. Según el servicio estadístico estatal, el 26,7 por ciento de las personas de entre 18 y 29 años están desempleadas. El 38 por ciento de esos jóvenes posee certificados universitarios de grado y posgrado mientras que el 30 por ciento posee diplomas de escuela secundaria profesional.

Hace dos semanas, buscando desviar las tensiones sociales y reforzar el régimen –cuya posición ha sido socavada por los informes de que Israel ha llevado a cabo más de 100 ataques contra yihadistas en suelo egipcio— los militares anunciaron una "Operación Militar Integral" a gran escala. Pese a que su objetivo es eliminar la creciente insurgencia del país, el régimen ha desplegado fuerzas no solo en la península del Sinaí, su foco principal, sino también en el desierto occidental y partes del delta del Nilo, así como patrullas navales y de la fuerza aérea en las regiones fronterizas de Egipto.

Esto se produjo después de una serie de ataques de alto perfil, incluyendo una emboscada en octubre que mató a 54 miembros de las fuerzas de seguridad durante una operación contraterrorista fallida en el desierto occidental. En noviembre, Wilayat Sinai, afiliado a Estado Islámico, atacó una mezquita sufí matando a 305 fieles en el ataque terrorista más mortífero en la historia egipcia, y atacó el aeropuerto militar de Arish en diciembre, apuntando contra el ministro de Defensa, Sedky Sobhy, y el ministro del Interior, Magdy Abdel Ghaffar, quienes realizaban una visita no anunciada al Sinaí, matando a un oficial e hiriendo a otros dos.

Varios aviones militares lanzaron al menos 15 incursiones en el norte del Sinaí, principalmente contra las afueras de la ciudad de Arish. El régimen ordenó el cierre de todas las escuelas en el norte del Sinaí hasta nuevo aviso. Según el ejército egipcio, ha matado al menos a 28 presuntos militantes en los enfrentamientos desde que comenzó la operación.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de febrero de 2018)