España: el apoyo a Podemos se desploma tras un bandazo hacia la derecha

por Paul Mitchell
26 febrero 2018

Hace cuatro años, en enero de 2014, se fundaba en España el partido pseudoizquierdista Podemos, en base a un programa anti-austeridad. Decía ser una “máquina de guerra electoral” que apuntaba a la “casta” de políticos españoles corruptos. Hacia finales de ese año Podemos sacaba regularmente alrededor del 30 por ciento de la intención de voto en los sondeos para volverse el partido número uno del país.

Desde entonces el apoyo a Podemos se viene desplomando. En todas las encuestas de este año Unidos-Podemos (la alianza entre Podemos e Izquierda Unida) ha quedado en cuarto lugar (16,5 por ciento) por detrás del Partido Popular (PP), el Partido Socialista (PSOE) y Ciudadanos, que están a la par con alrededor del 25 por ciento. De los 5 millones de personas que votaron al partido en las elecciones generales de 2016 solo la mitad dicen que lo volverán a votar. El dirigente de Podemos Pablo Iglesias está considerado como el peor dirigente de un partido.

Junto con su continuo desplazamiento programático a la derecha, uno de los principales factores en el descenso de Podemos ha sido la experiencia vivida por los trabajadores y por la gente de la clase media con el partido en numerosos ayuntamientos de pueblos y ciudades.

En junio de 2015, la coalición dirigida por Podemos, Ahora Madrid, cuya líder es Manuela Carmena, obtuvo el poder en la capital, poniendo fin a 24 años de gobierno del PP. Victorias similares ocurrieron en otras ciudades importantes, incluyendo a Barcelona, Valencia y Zaragoza —lo que les granjeó el mote de “ayuntamientos del cambio” o “municipios rebeldes”—. Se habló de un “frente municipalista” por varios cargos de Podemos que usarían “auditorías de la deuda ciudadana” para parar el pago de deudas “ilegítimas”. Muchos municipios, por ejemplo, estaban pagando intereses de préstamos de alrededor del 6 por ciento a bancos que estaban consiguiendo dinero del Banco Central Europeo al 0,25 por ciento.

El jefe de finanzas del municipio de Madrid, Carlos Sánchez Mato, un dirigente de Anticapitalistas, la facción pablista en Podemos, declaró, “La manera de cumplir con nuestras obligaciones es dejar de lado la regla del gasto batallando hasta el último cartucho” —una referencia al requisito de la Unión Europea, incorporada en la legislación española en 2012, de que los miembros de la eurozona limiten su deuda al PIB al 60 por ciento y limitar los déficits presupuestarios a no más del 3 por ciento—.

Hubo poco batallar, sin embargo, cuando llegó el punto muerto, y el gobierno del PP intentó reducir el aumento limitado en gasto social e inversión que la administración de Carmena había llevado a cabo. (Al mismo tiempo el municipio de Madrid también estaba gastándose enormes sumas para amortizar la deuda madrileña —unos €357 millones en solo un año, 2016— sabiendo que esta, o por lo menos buena parte de esta, era “ilegítima”). El año pasado, el ministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro invocó la Ley de Estabilidad Presupuestaria para exigir que el municipio recortara €238 millones (o el 7 por ciento) de su presupuesto de 2017. Montoro añadió que hasta que el municipio cumpla, el Ministerio de Hacienda tomaría el control de sus finanzas.

Carmena capituló debidamente. En noviembre, anunció los primeros recortes de cerca de €173 millones y en diciembre que un nuevo Plan Económico y Financiero para la capital, que había sido aprobado en la Asamblea de Madrid con el apoyo de los concejales del PP, le fue enviado a Montoro.

Carmena reveló que había personas en su administración “que lamentan profundamente lo que hemos hecho por la aplicación de la regla de gasto”, pero dejó claro que el ayuntamiento siempre se conformaría con lo que el PP le exija: “Diría que todos lo lamentamos e insistimos en que nuestra interpretación de la regla de gasto es diferente, pero creo que todos sabemos que tenemos que cumplir con la norma y que tenemos que acatarla...”.

Para asegurarse de que no cupieran dudas de que esto era política oficial de partido, el dirigente de Podemos Pablo Iglesias declaró que “es lógico que los municipios tengan que cumplir” y que el ayuntamiento de Madrid seguirá siendo una institución “fuerte” que seguirá siendo el punto de referencia para Madrid y para España”. Aseguró a todo el mundo de que Carmena sería la candidata a alcaldesa de nuevo en las próximas elecciones.

Siguiendo al apoyo de Iglesias a Carmena, Isabel Serra, miembro de la Asamblea de Madrid de Anticapitalistas, se quejó, “Pensar que ganamos Madrid solo por Carmena es un error”, advirtiendo de que “A lo largo de los años Podemos se ha normalizado para buena parte de la población, porque nos consideran parte de la clase política”. Serra luego declaró, “Creo que, ante esto, está teniendo lugar un debate ahora no solo en la ciudad de Madrid, sino también en todo el Estado, lo que tiene que ver con si podemos es parte de la regeneración del régimen, o si Podemos se coloca por fuera de esa regeneración”.

El intento de Serra de excusar la traición de Podemos en Madrid —dejando como una cuestión abierta si el partido apoya el “régimen” del Estado— es un ejemplo gráfico del papel que ha jugado el pablismo en bloquear el levantamiento revolucionario de la clase trabajadora. Una y otra vez, ha pedido disculpas por cada desplazamiento a la derecha de Podemos incluso cuando sus propios miembros son atacados.

Durante la crisis del referéndum catalán en noviembre pasado, la dirección de Podemos hizo una purga en la organización local de Podemos donde los Anticapitalistas eran la corriente mayoritaria. Anticapitalistas había apoyado la “nueva República Catalana” declarada por los secesionistas catalanes en octubre en oposición a la línea oficial del partido que apoyaba una España unificada y un “referéndum pactado” sobre la independencia. Iglesias dijo de los Anticapitalistas, “Están políticamente fuera de Podemos”.

A pesar de todo esto, los Anticapitalistas siguen fomentando la ilusión de que Podemos puede ser “revitalizado” mediante la “movilización social” más o menos como el movimiento de los indignados protestando contra las medidas de austeridad en 2011, del cual Podemos —creado por un grupo de académicos estalinistas dirigidos por Iglesias— fue recibido como la expresión política definitiva por los pablistas. Una movilización fresca “en las calles”, insisten ellos ahora, presionaría a los dirigentes para hacerlos volver al documento fundacional del partido (en gran medida escrito por los Anticapitalistas) y a todas sus palabras sobre la cancelación de la deuda, la nacionalización, y control de los miembros, promesas que Iglesias y sus socios nunca tuvieron la intención de cumplir.

Lejos de alentar a la “movilización social”, Iglesias ha dejado claro que Podemos se ha propuesto supuestamente capturar las “instituciones”, esto es, continuar su integración en el establishment político sobre la base del nacionalismo español. Exige que la élite gobernante adopte un “nuevo patriotismo plurinacional”, que abanderaría Podemos, para evitar conflictos regionales y la desintegración de España.

Sobre todo, la invocación del patriotismo tiene por objeto impedir el desarrollo de cualquier movimiento obrero independiente en respuesta a la crisis del capitalismo español y mundial, expresado en la bancarrota del sistema bipartidista de España. Iglesias insiste: “El modelo de Podemos implica abandonar ciertos complejos y supuestos de la izquierda histórica. En particular, nuestros símbolos y narrativa no pueden basarse en una venganza izquierdista por derrotas pasadas. Para algunos de nosotros, que somos nietos de los que perdieron la guerra civil e hijos de militantes antifranquistas, esto puede ser doloroso. Pero es algo que tenemos que reconocer”.

En consonancia con este giro a la derecha, Podemos ha unido sus fuerzas con el partido derechista Ciudadanos, que ha sido el principal beneficiado de la crisis catalana, para presionar por una reforma electoral. Apenas el año pasado Iglesias tildaba a Ciudadanos de la nueva Falange, en referencia al partido fascista que operaba bajo la dictadura franquista. Ahora ambos partidos formarán parte de un “diálogo constante” para cambiar el tipo de sistema de representación proporcional usado en las elecciones españolas que está sesgado a favor de los partidos más grandes, los votantes rurales y las comunidades autónomas.

Bajo el sistema propuesto el PP perdería 20 escaños y el PSOE cinco, Podemos incrementaría sus 71 escaños a 77 y Ciudadanos de 32 escaños a 44. El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, insistió en que Podemos no “impondrá ningún tipo de línea roja” que pueda impedir la reforma electoral.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de febrero de 2018)