El caluroso domingo por la mañana en el condado de Napa en California, la hija de 14 años de un trabajador de construcción llamado Armando Nunez Salgado grabó entre lágrimas como se llevaban a su padre a la fuerza los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), quienes se habían parqueado frente a su casa en automóviles sin distintivos oficiales, entraron al jardín trasero del hogar por una puerta lateral y lo arrestaron.

Un agente le dice a la hija de Nunez, Isabel, “Si apagas la cámara, les diremos adonde lo vamos a llevar”.

El ICE efectuó diez otros arrestos el domingo en el norte de California, con el propósito de dar a conocer el peligro de su presencia en el área. Se congregaron frente a cines, ventas de tacos y otros lugares públicos para que los residentes los vieran bien. Esto provocó falsos rumores de redadas y pánico.

Las detenciones del domingo se produjeron después de que la alcaldesa de Oakland, Libby Shaaf, anunciara el viernes sobre la inminencia de redadas del ICE en la región de la bahía de San Francisco y Oakland. El ICE “está preparando una operación en el área de la bahía, incluyendo a Oakland, comenzando pronto, a partir de 24 horas de ahora”, dijo en una rueda de prensa, citando una fuente anónima. La declaración de Schaaf vino después de que Trump declaró el jueves que California verá “niveles de crimen nunca antes vistos en este país” si no deportan a los inmigrantes.

Angel Calderon, director de la organización sin fines de lucro Casa de Guanajuato, la cual provee vivienda para trabajadores agrícolas y tiene su sede en el condado de Napa, le comentó al World Socialist Web Site que la tensión que sienten los inmigrantes es extremadamente alta. “Hay rumores de que los agentes están vigilando los negocios mexicanos para intimidarnos”, señaló. “He vivido aquí por 40 años y nunca he visto algo así. El miedo es muy real”.

Y este miedo se basa en hechos. En el año fiscal 2017 los arrestos del ICE por todo el país aumentaron 30 por ciento, llegando a una cifra impactante de 143.470 personas—el equivalente a la población de Syracuse, Nueva York, o Pasadena, California.

El hecho de que ocurren horrores como estos a diario en EUA no se ve reflejado de ninguna manera en la prensa corporativa del país, la cual hizo caso omiso a los arrestos del fin de semana.

Por su parte, el Partido Demócrata ha rehusado oponerse al programa antiinmigrante de Trump. Durante el debate sobre las protecciones de DACA este mes, los demócratas acordaron construir el muro a lo largo de la frontera entre EUA y México y aumentar drásticamente el tamaño y el poder del ICE y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, siglas en inglés), refiriéndose a la importancia de “seguridad fronteriza”. Los demócratas todavía no han llegado a ningún acuerdo sobre los inmigrantes elegibles para el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), mientras que la continuación del amparo temporal decidido por la Corte Suprema el lunes contra la derogación de DACA por parte de Trump no protege a largo plazo a ninguno de los 1,8 millones afectados por el programa.

En otras palabras, los demócratas están de acuerdo con las deportaciones en masa de Trump. Después de todo, su predecesor demócrata, Barack Obama, deportó a 2,7 millones durante sus dos mandatos, más que cualquier otro mandatario. Los demócratas han dedicado toda su energía a su caza de brujas fraudulenta contra Rusia, cuyo propósito es obligar a Trump a adoptar una postura más beligerante contra dicho país, arriesgando provocar una guerra con una potencia nuclear.

El Gobierno de Trump ha dirigido su matonismo contra el estado de California, por medio de represalias políticas con consecuencias constitucionales. El año pasado, California aprobó una ley de “estado santuario” que prohíbe a las agencias estatales entregar información de inmigrantes a los funcionarios migratorios sin una orden judicial. Pese a que la legislación estatal y los proyectos de ley similares de “ciudades santuario” son meramente cosméticos y no previenen las redadas o las deportaciones, la Administración de Trump está castigando al estado por este mínimo obstáculo a las deportaciones en masa.

A principios de enero, el director del ICE, Thomas Homan, desafió a California por promulgar la ley. “California debería agarrarse fuerte”, dijo. “Están a punto de ver a muchos más agentes especiales, a muchos más oficiales de deportación…”. Refiriéndose a los que han firmado o aprobado las medidas de ciudad santuario, Homan señaló, “Tenemos que comenzar a presentar cargos penales contra estos políticos”.

Poco después, el ICE llevó a cabo redadas en casi cien tiendas de conveniencia 7-Eleven por todo el país, incluyendo muchas en California, a fin de intimidar a trabajadores inmigrantes, quienes son gran parte de los clientes de dicha tienda de bajos costos. Durante cinco días a mediados de febrero, ICE arremetió el sur del estado, arrestando a más de 200 inmigrantes.

Erik Schnabel, el director de Desarrollo y Comunicaciones para la Red de Servicios de Derechos y Educación para Inmigrantes (SIREN, por sus siglas en inglés), le comentó al WSWS, “Es muy claro que California es un blanco. Es bastante claro que lo que el Gobierno de Trump buscaba era miedo e intimidación”.

Trump y sus asesores de tendencia fascista tienen como blanco a California, un estado de 40 millones de habitantes, por ser el hogar de 2,5 millones de personas indocumentadas, casi un cuarto del total nacional. Uno de cada ocho estudiantes de las escuelas públicas tiene un padre indocumentado, mientras que más de 200.000 de los 700.000 beneficiarios de DACA viven en este estado. El estado votó contra Trump en una proporción de dos a uno en las elecciones del 2016.

La campaña de intimidación busca socavar la economía del estado, la cual depende fuertemente en la superexplotación de la mano de obra inmigrante. Los esfuerzos para sembrar temor y pánico también tienen como fin la transformación de la población inmigrante en una clase marginada y profundamente empobrecida. Es menos probable que los inmigrantes que temen ser deportados lleven a sus niños a las escuelas, busquen atención médica para tratar sus condiciones o cuando tienen emergencias, soliciten asistencia social, reporten crímenes o incluso dejen sus hogares para ir a trabajar o hacer mandados.

El ataque contra los derechos democráticos de los inmigrantes tiene implicaciones graves para toda la clase obrera, independientemente de su estatus migratorio. Los obreros no tendrían forma de defenderse en una sociedad en la que el Gobierno puede secuestrar a las personas en carros no identificados y con las ventanas polarizadas. El racismo y el nacionalismo que ya se han convertido en la política oficial bajo Trump tiene como propósito dividir a la clase obrera.

La xenofobia de la élite gobernante no es puramente una enfermedad social estadounidense. A pesar de que nunca ha habido tantas personas desplazadas de sus hogares alrededor del mundo —65,3 millones en el 2015—, la burguesía de cada país está buscando dirigir el aumento en la oposición social en contra de los más vulnerables y oprimidos.

En Europa, la ultraderecha está buscando encauzar el desdén generalizado hacia las políticas de austeridad impuestas por los partidos socialdemócratas a lo largo de líneas xenofóbicas, mientras que todos los principales partidos burgueses están adoptando este programa. En Alemania, el acuerdo provisional de la gran coalición incluye restricciones migratorias respaldadas por el partido neonazi, Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán). En Italia, las elecciones del próximo 4 de marzo están tomando lugar bajo condiciones en las que fascistas están atacando a inmigrantes en las calles, mientras todos los partidos burgueses se están dedicando a probar la autenticidad de su xenofobia.

La defensa de los inmigrantes exige una lucha contra el sistema capitalista y el obsoleto sistema de Estado nación, el cual constituye el principal obstáculo a una organización racional de la economía global y al movimiento libre de los habitantes del mundo. Solo una revolución socialista, por medio de la abolición del sistema de Estado nación y la transformación de la economía global para que satisfaga las necesidades humanas y no el lucro corporativo, puede garantizar el derecho democrático de todas las personas a viajar por el mundo a su gusto sin el temor al hostigamiento ni a la deportación.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 de febrero de 2018)