En una decisión de 5-3 emitió este martes, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en el caso Jennings v. Rodríguez que el gobierno puede arrestar y detener indefinidamente a inmigrantes, privándolos del derecho fundamental a la libertad bajo fianza.

Como resultado, cientos de miles de inmigrantes serán encerrados en campamentos de internamiento a medida que avancen sus casos de inmigración, sin oportunidad de ser liberados hasta que se decidan sus casos, un proceso que a menudo lleva años. Aproximadamente 450.000 inmigrantes fueron encarcelados en centros de detención en algún momento durante el año pasado, y ese número aumentará astronómicamente después de la decisión de ayer.

La decisión no hace distinción entre inmigrantes indocumentados y aquellos con residencia legal permanente. Significa que millones de inmigrantes que viven en los Estados Unidos están sujetos a arresto y detención indefinida.

Este acontecimiento hito ha pasado prácticamente sin comentarios en la prensa controlada por la corporación. Hasta el martes por la noche, las portadas en línea del Washington Post, CNN, MSNBC y Politico no tenían cobertura del fallo, mientras que el New York Times tenía un solo artículo muy abajo en su página. Al mismo tiempo, estos cinco sitios presentaban una combinación de 23 artículos de primera página sobre la caza de brujas anti Rusia.

Ningún importante funcionario del Partido Demócrata ha hecho una declaración sobre el fallo, y las cuentas de Twitter de Bernie Sanders, Nancy Pelosi, Elizabeth Warren, Charles Schumer, Hillary Clinton y Barack Obama guardan silencio.

El caso fue iniciado por Alejandro Rodríguez, un ciudadano mexicano que fue encarcelado en 2004 y mantenido en detención sin fianza a medida que su caso avanzaba en el arduo proceso de apelaciones de inmigración. En 2007, después de estar encarcelado durante tres años, presentó una petición de hábeas corpus impugnando su larga detención. El Tribunal de Distrito del Distrito Central de California finalmente certificó una clase de demandantes que incluía miles de inmigrantes en situación similar en cuyo nombre se libró la demanda. Muchos miembros de la clase han estado detenidos por más de seis meses.

La opinión mayoritaria del juez Samuel Alito muestra la profundidad del apoyo dentro de la clase dominante para los métodos de gobierno de estado policial. "La detención durante los procedimientos de inmigración le da a los funcionarios de inmigración tiempo para determinar el estado de un extranjero sin correr el riesgo de que el extranjero se escape o se involucre en actividades delictivas", dice la decisión. La decisión anula una decisión del Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones que ordena una audiencia de fianza después de seis meses de detención y cada seis meses de ahí en adelante. Alito recriminó al Noveno Circuito por el argumento "inverosímil" de que la detención indefinida "plantea serias preocupaciones constitucionales".

Alito, junto con los jueces Clarence Thomas, Anthony Kennedy, Neil Gorsuch y John Roberts, se burlaron de una opinión disidente de tres jueces por "dedicar los primeros dos tercios de su opinión a una disquisición sobre la Constitución". Thomas y Gorsuch estuvieron de acuerdo con el resultado, pero dijeron que el tribunal debería descartar el desafío porque los inmigrantes no tienen el derecho de habeas corpus para cuestionar la legalidad de su detención.

El juez Stephen Breyer, cuyo opinión disidente estuvo acompañado por las jueces Ruth Bader Ginsberg y Sonia Sotomayor, advirtió:

"Nadie puede reclamar, ni desde la época de la esclavitud, nadie que yo sepa, ha afirmado con éxito, que las personas que se encuentran dentro de los Estados Unidos carecen por completo de protección constitucional. Cualquiera que sea la ficción, ¿dejaría la Constitución libre al gobierno para matar de hambre, golpear o azotar a los que se mantienen dentro de nuestras fronteras? Si no, entonces, sea cual sea la ficción, ¿cómo puede la Constitución autorizar al Gobierno a encarcelar arbitrariamente a aquellos que, sea lo que sea que pretendamos, están en realidad aquí en los Estados Unidos? La respuesta es que la Constitución no autoriza la detención arbitraria. Y la razón por la cual es así es simple: la libertad de la detención arbitraria es un derecho tan antiguo e importante como cualquiera que se encuentre dentro de los límites de la Constitución".

En otro lugar, agregó: "Solo necesitamos recordar las palabras de la Declaración de Independencia, en particular su insistencia en que todos los hombres y las mujeres tienen 'ciertos derechos inalienables', y que entre ellos está el derecho a la 'Libertad'".

Aunque los disidentes designados por los Demócratas hacen advertencias adicionales sobre el impacto de la decisión de ayer, no ha habido comentarios sobre el papel del Partido Demócrata en allanar el camino para la decisión. La candidata demócrata Elena Kagan se retiró de la decisión porque era procuradora general cuando el gobierno de Obama argumentó en contra de otorgar a los demandantes una audiencia de fianza en los tribunales inferiores y en apoyo de la detención indefinida de inmigrantes.

Los estatutos citados por la mayoría de Alito fueron aprobados con apoyo bipartidista. Cuando Clarence Thomas y Neil Gorsuch argumentaron que los inmigrantes no tienen derecho incluso a presentar peticiones de hábeas corpus basadas en órdenes de deportación, citaron un estatuto promulgado como parte de la Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996, que tuvo aprobación bipartidista en el Congreso. incluso de Demócratas como Harry Reid, Dianne Feinstein, Elijah Cummings, Steny Hoyer y Sheila Jackson-Lee, y fue firmado por el presidente demócrata Bill Clinton.

Al rechazar el requisito de fianza de seis meses establecido por ese tribunal, el Tribunal Supremo remitió el caso para más deliberaciones sobre los méritos de los reclamos constitucionales de los inmigrantes. El caso ahora se dirige de nuevo al Noveno Circuito.

Jennings v. Rodriguez es una prueba más de que la Carta de Derechos es letra muerta. Ambos partidos han firmado la vigilancia masiva, la guerra ilegal, la tortura del estado, las cárceles de sitios negros y los asesinatos de aviones sin tripulación de ciudadanos estadounidenses sin órdenes judiciales ni juicios. La decisión de los medios políticos y de medios de información de minimizar el significado del fallo del martes muestra que no hay un grupo de defensa para los derechos democráticos en la clase dominante estadounidense.

La autorización para un régimen de detención indefinida masiva es una amenaza existencial para los trabajadores de todos los orígenes nacionales, independientemente de su estatus migratorio. Hay una historia en EUA, incluyendo durante huelgas de mineros en Bisbee, Arizona en 1917 y Colorado de 1901 a 1903, del gobierno detener e incluso deportar indefinidamente a trabajadores en huelga de un estado a otro a instancias de las corporaciones. No solo se citará la decisión ya que la administración Trump expande la red de campos de internamiento de inmigrantes en todo el país, pronto también se volverá contra los trabajadores ciudadanos de EUA.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 28 de febrero de 2018)