En los últimos tres días, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a más de 150 trabajadores indocumentados en una operación masiva en el norte de California.
Desde el domingo, docenas de agentes de ICE han llevado a cabo amplias redadas en comunidades de inmigrantes, golpeando puertas y arrestando a aquellos que no pudieron presentar los documentos de inmigración adecuados. En algunos casos, los agentes de ICE fingieron ser agentes de policía para inducir a los inmigrantes a cumplir con sus demandas.
La agencia ha afirmado que si no fuera por una advertencia de último minuto del alcalde de Oakland, hubieran capturado a más de 800 personas, lo que representa un ataque sin precedentes contra los trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos.
El domingo, un grupo de agentes federales esperaron frente a una tienda de conveniencia Circle K en la ciudad de Atwater hasta que cuatro trabajadores de la construcción salieron con su café de la mañana. Luego, los agentes rodearon a los trabajadores y exigieron saber si “tenían permiso para estar aquí", le dijo Miguel Botello, originario de México, al Merced Sun-Star. Un agente se apoderó de la billetera de Botello y, cuando encontró la tarjeta verde de Botello, "se rió y preguntó si era falso". Después de acosar a Botello durante varios minutos, los agentes arrestaron a sus tres compañeros de trabajo por no proporcionar los documentos de inmigración.
El encuentro de Botello resalta la naturaleza indiscriminada de las redadas de inmigración, en contraste con las afirmaciones repetidas de ICE que solo se enfocan en criminales. De hecho, de acuerdo con la propia declaración de la agencia, solo la mitad de los arrestados en esta última operación tenían alguna previa antecedente penal. Esta proporción es mucho más baja de lo que la agencia ha reportado en operaciones pasadas, lo que indica una gran intensificación de la campaña de terror masivo contra las comunidades de inmigrantes por parte de la administración Trump.
La noche del sábado, la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, emitió un comunicado de prensa advirtiendo que había recibido información creíble de que los agentes de ICE estaban planeando una serie de redadas para detener a los trabajadores indocumentados en el Área de la Bahía de San Francisco, incluyendo a Oakland. El comunicado de prensa dice que la información proviene de múltiples fuentes y que las redadas podrían comenzar dentro de las 24 horas.
En palabras goteando con xenofobia y desprecio por los derechos democráticos, el director interino fascista de ICE, Thomas Homan, dijo a los reporteros que "864 extranjeros criminales y amenazas a la seguridad pública siguen libres en la comunidad, y tengo que creer que algunos de ellos pudieron eludirnos gracias a la decisión irresponsable del alcalde.” Holman ganó notoriedad en enero al amenazar el arresto a funcionarios públicos que niegan cooperar con los agentes de inmigración.
Schaaf, demócrata, no proporcionó detalles adicionales sobre el momento o la ubicación de la operación inminente, y señaló en el comunicado de prensa que ICE ha utilizado los rumores de redadas inminentes en el pasado para crear un clima de miedo y paranoia en las comunidades de inmigrantes. Ni Schaaf ni ninguno de los otros políticos demócratas que dominan la política local en el norte de California hicieron ningún esfuerzo para movilizar recursos públicos o apoyo popular en defensa de las comunidades de inmigrantes.
Incluso la decisión de emitir su vaga y vacía advertencia se hizo solo después de consultar con los abogados para asegurarse de que el alcalde no entrara en conflicto con la ley federal. Que esta fue la única acción que se tomó frente a un ataque sin precedentes a los trabajadores inmigrantes solo más allá subraya el cinismo inherente a la postura electoral "pro inmigrante" de los funcionarios demócratas locales.
La última operación fue diseñada para atacar a las llamadas "ciudades santuario", incluyendo Oakland y San Francisco, donde se prohíbe a los empleados públicos ayudar a los funcionarios de inmigración federales a detener o deportar a inmigrantes indocumentados. La administración Trump ha prometido tomar medidas agresivas contra las ciudades santuario, que considera como obstáculos para la intensificación planificada del salvaje programa de detención masiva y deportación que comenzó bajo la administración Obama.
Esta última operación se produce en medio de una escalada de redadas de ICE para detener y deportar a trabajadores inmigrantes en los últimos meses. A principios del mes pasado, la agencia invadió a 77 empresas del norte de California en redadas de inmigración, arrestando a 200 trabajadores en sus sitios de trabajo. Eso siguió una operación en enero dirigida a 100 tiendas de 7-Eleven en todo el país.
En continuación con la escalada del asalto federal contra los trabajadores inmigrantes, el juez federal de distrito de California del sur, Gonzalo Curiel, dictaminó el martes que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podría suspender las revisiones ambientales para construir el infame muro fronterizo de Trump a lo largo de la frontera con México de manera acelerada. El juez no se pronunció sobre los aspectos constitucionales del caso, argumentando en cambio que el DHS tiene amplia autoridad para renunciar a las regulaciones para mejorar la "seguridad fronteriza". Trump planea visitar el sur de California en marzo para revisar los prototipos del muro fronterizo.
El fallo de Curiel subraya aún más la hipocresía de los reclamos del Partido Demócrata para defender los derechos de los inmigrantes. Los demócratas han sido defensores estridentes de la supuesta virtud del juez desde 2016, cuando un comentario racista contra el juez por parte de Trump ofreció la oportunidad de conseguir puntos políticos con los votantes hispanos. El silencio de los principales demócratas tras el fallo de Curiel demuestra su acuerdo fundamental con el muro fronterizo de la administración Trump y, más ampliamente, las políticas de inmigración de la derecha.
Desde que liquidaron a los beneficiarios de DACA durante las negociaciones presupuestarias en enero, los demócratas han trabajado febrilmente para llegar a un acuerdo con los republicanos que aumentaría drásticamente los fondos para la "seguridad" fronteriza —incluyendo el muro fronterizo— y arrojaría recursos al Departamento de Seguridad Nacional y agencias de inmigración.
A pesar de la completa capitulación de los demócratas, no está claro qué sucederá con los aproximadamente 700.000 beneficiarios de DACA después de la fecha límite del 5 de marzo establecida por Trump para la expiración del programa. Garantizar la seguridad de los inmigrantes indocumentados que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños era el objetivo aparente de la participación del Partido Demócrata en las negociaciones con Trump y el cierre del gobierno a principios de este año, pero en menos de una semana todos pueden ser detenidos y deportados.
Mientras la embestida aumenta, la clase trabajadora sigue profundamente hostil al programa antiinmigrante de la administración Trump. Las encuestas recientes han encontrado un apoyo abrumador para otorgar la ciudadanía a los destinatarios de DACA y para permitir que todos los inmigrantes indocumentados obtengan la ciudadanía.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de marzo de 2018)