El Gobierno australiano revela proyectos de ley draconianos de "interferencia extranjera"

Primera parte: preparación para la guerra contra China

por Michael Head
10 marzo 2018

Esta es la primera parte de una serie de tres partes que examina las amplias implicaciones para los derechos democráticos básicos de cinco proyectos de ley presentados en el Parlamento australiano el mes pasado, que prohíben la participación en asuntos políticos y económicos por una supuesta "interferencia extranjera".

En su lenguaje radical, estos proyectos de ley constituyen un asalto total a los derechos políticos y democráticos básicos.

Cuando el parlamento australiano se restablezca el próximo mes, el Gobierno de Turnbull buscará aprobar un paquete de cinco proyectos de ley para criminalizar cualquier participación de "interferencia extranjera" en la vida política y económica australiana.

En principio, dichos proyectos de ley están dirigidos a combatir la "influencia indebida" de cualquier potencia extranjera, y en particular, contra China. Tienen profundas implicaciones para la libertad de expresión y la disidencia política.

Por primera vez, los delitos penales, que conllevan hasta 20 años de prisión, se aplicarían por la simple realización de una actividad política en asociación con una organización extranjera.

Además, todas las personas u organizaciones de cualquier tipo de actividad política, incluidos lobistas, grupos activistas, organizaciones de medios de comunicación y organizaciones benéficas, tendrían que registrarse bajo un Plan de Transparencia de Influencia Extranjera, siguiendo el modelo de la legislación estadounidense.

Al igual que en los Estados Unidos, los partidos políticos y otras organizaciones que realizan cualquier tipo de campaña política no podrán aceptar donaciones de ninguna persona que no sea residente permanente en Australia.

El paquete legislativo también contempla delitos nuevos o ampliados, que abarcan hasta la cadena perpetua, por actividades consideradas como una amenaza para el orden político y económico existente, especialmente en tiempos de guerra. Estos incluyen "traición", "defensa del amotinamiento" y "sabotaje”.

Los proyectos de ley aumentan drásticamente las leyes de secreto oficial, imponiendo penas de hasta 20 años de prisión, que es diez veces el castigo actual, por divulgar o hacer circular cualquier información que se considere "dañina" para la seguridad o los intereses económicos australianos.

Estas medidas extraordinarias y escalofriantes están ligadas a la integración cada vez más estrecha de Australia en los preparativos militares estadounidenses para la guerra en el Índico-Pacífico contra China. La expansión de bases militares estadounidenses en Australia desde 2010, y la colaboración más estrecha de los dos ejércitos, han ido acompañadas con un aumento de la propaganda anti China sobre temas clave como Corea del Norte y el Mar del Sur de China.

El Gobierno presentó los proyectos de ley el mes pasado, después de una creciente y larga campaña xenófoba de 18 meses de duración por parte de los medios y la clase política contra la supuesta "interferencia" china en Australia. Se ha estigmatizado con escandalosas acusaciones a políticos, universidades, estudiantes y figuras empresariales sin ningún tipo de conexión con China, como una posible "quinta columna", decidida a subvertir el Estado-nación australiano.

El tono se estableció en septiembre de 2016, cuando el periodista principal de Fairfax Media Peter Hartcher denunció como "ratas, moscas, mosquitos y gorriones" a todos aquellos que tenían vínculos o reservas chinas sobre la actitud cada vez más contenciosa de los EE. UU. hacia China. Los objetivos de la indignante calumnia de Hartcher incluyeron al ex ministro de Relaciones Exteriores Bob Carr y al senador laboral Sam Dastyari, junto con estudiantes chinos y empresarios locales.

Mientras el Gobierno se preparaba para presentar su legislación, los ministros del Gobierno, junto con los medios, atacaron una vez más a Dastyari por sus relaciones con un adinerado empresario chino, un importante donante del Partido Laborista, que prácticamente fue acusado de traición. Su "crimen" fue hacer declaraciones que implican que Australia no debería alinearse con Estados Unidos en disputas sobre el Mar del Sur de China, y sugerir que los dos hombres tomen medidas para evitar que sus conversaciones sean monitoreadas por la Organización de Inteligencia de Seguridad de Australia (ASIO).

Al denunciar a Dastyari, el fiscal general George Brandis reconoció que la conducta del senador no "alcanzó el umbral de las leyes existentes de traición y espionaje". Agregó que las nuevas leyes eran necesarias "debido a la brecha". En otras palabras, criticar la política del Gobierno hacia China y tomar medidas elementales para evitar ser espiado, debería volverse ilegal.

Bajo la implacable presión del Gobierno y los medios, y su desentendimiento político del Partido Laborista y de su líder Bill Shorten, Dastyari anunció su renuncia al Senado en diciembre. Si se aprueba la legislación, Dastyari y sus conexiones podrían volver a ser un foco de atención.

Las leyes, que en gran parte se han ocultado al público, van mucho más allá de las medidas en vigor en otras así llamadas democracias. Sin embargo, los medios de comunicación estadounidenses, británicos y europeos ya han mostrado interés en la legislación australiana, sugiriendo que podría establecer un nuevo punto de referencia internacional para la demolición de los derechos democráticos básicos.

Si un senador australiano puede enfrentarse a cargos por lo que se ha considerado, hasta ahora, como actividad política legítima, entonces muchos otros también están en peligro: académicos, periodistas, estudiantes y organismos culturales, por no hablar de cualquier individuo u organización que se oponga a la guerra que está organizando Estados Unidos contra China.

Al presentar los proyectos de ley en el Parlamento el 7 de diciembre, el primer ministro Malcolm Turnbull declaró: "Los informes de los medios de comunicación han sugerido que el Partido Comunista Chino ha estado trabajando para interferir encubiertamente con nuestros medios, nuestras universidades e incluso las decisiones de los representantes electos aquí en este edificio", afirmó y luego añadió, "Nos tomamos estos informes muy en serio".

Al igual que Brandis, Turnbull insistió en que las leyes de espionaje, que apuntan a las actividades de inteligencia extranjera, deben extenderse para procesar a un sector más amplio de personas. "Los actos de interferencia extranjera a menudo se entrelazan con el espionaje", dijo Turnbull. "Pero nuestras leyes de espionaje son tan difíciles de manejar que no han apoyado una sola condena en décadas, incluso cuando la amenaza alcanza niveles sin precedentes".

Turnbull planteó explícitamente que la legislación debe tomar medidas explícitas en contra de cualquier asociación con China, Rusia, Irán o Corea del Norte, y que todas han sido objeto de agresivas amenazas por parte de la administración estadounidense Trump. Aunque afirmó que las nuevas medidas se centrarían en la "interferencia" de cualquier país, "amigo, enemigo o aliado", el primer ministro acusó específicamente a China de subvertir el panorama político de Australia y a Rusia de "causar estragos en el mundo democrático".

El lenguaje de Turnbull concordaba con aquel utilizado en Washington para el lanzamiento la semana pasada de la nueva Estrategia Nacional de Defensa (NDS, cifras en inglés). Preparado por el Pentágono, la NDS dejaba entrever los preparativos del imperialismo estadounidense para una confrontación militar con Rusia y China, así como con los "Estados rebeldes" de Irán y Corea del Norte.

La afirmación de que las leyes de la "injerencia extranjera" serán utilizadas imparcialmente contra todos los países es una mentira patente. Los Estados Unidos, y no China, son los que tiene tropas y bases en el país, así como una larga historia de interferencia directa en la política australiana, incluyendo la eliminación de dos primeros ministros, Gough Whitlam en 1975 y Kevin Rudd en 2010.

Washington ejerce una presión constante sobre cada Gobierno federal australiano, ya sea Liberal o Laborista, tanto directa como indirectamente a través de la integración estrecha de los aparatos del Estado australiano, especialmente las agencias militares y de inteligencia, con su homólogo estadounidense. De hecho, la legislación fue elaborada a instancias de y en estrecha colaboración con Washington.

Turnbull reconoció que había encargado un informe a la legislación el pasado agosto, después de que ASIO hubiera "entregado una serie de advertencias muy graves". Se negó a proporcionar cualquier información sobre este informe, declarando que estaba "necesariamente clasificado." ASIO, la agencia de espionaje político interno y la red de inteligencia australiana, es parte del sistema de vigilancia global estadounidense "Cinco Ojos".

En septiembre pasado, medios de Fairfax informaron de que Brandis había viajado a Washington en julio y "fue informado por funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos sobre la introducción de leyes estadounidenses al estilo 'agente extranjero' en Australia."

Su visita coincidió con una serie de apariciones públicas en Australia por parte de los representantes superiores de la jerarquía militar y de inteligencia estadounidenses, como el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, John McCain y el ex director de inteligencia nacional, James Clapper, quienes advirtieron de la "influencia de China" en la política australiana.

Después de los discursos introductorios del 7 de diciembre, los proyectos de ley se aplazaron sin ningún debate, para reanudarse a principios de febrero, cuando vuelva a reunirse el Parlamento. Puede haber audiencias de comités parlamentarios, pero los proyectos de ley tienen asegurado el respaldo del Partido Laborista.

De hecho, el partido Laborista jugó un papel central en el lanzamiento de la campaña de este tipo de medidas. En junio pasado, el líder laborista Bill Shorten instó al Gobierno a seguir el ejemplo de los Estados Unidos en la creación de un registro de personas que supuestamente ayudan a Estados extranjeros a promover sus agendas.

La ley estadounidense de Registro Principal de Extranjeros fue creada en 1938 como parte de una campaña más amplia para demonizar y perseguir a opositores del militarismo americano en el período previo a la II Guerra Mundial, con el pretexto de que eran agentes de una "potencia extranjera".

Asimismo, la legislación de Australia forma parte de los preparativos para un nuevo conflicto catastrófico y será dirigida contra cualquier crítica, oposición o movilización contra el militarismo y la guerra.

Continuará.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 31 de enero de 2018)