Alemania y Reino Unido confabulan respecto a órdenes de extradición españolas contra líderes catalanes, Puigdemont y Ponsatí

por Steve James y Paul Mitchell
28 marzo 2018

El lunes por la noche, un tribunal en Neumünster, en el estado alemán de Schleswig-Holstein extendió el arresto de Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat catalana, tras ser detenido por la policía alemana el domingo.

Puigdemont fue arrestado después de una persecución de hasta 20 agentes españoles del servicio secreto que habían colocado un dispositivo de rastreo en su automóvil antes de que condujera de vuelta a Bélgica desde Finlandia, vía Alemania.

Puigdemont vive en el exilio desde la declaración de independencia catalana de octubre. Fue arrestado después de que España reactivara una orden de arresto internacional el viernes acusándolo de sedición, rebelión y malversación de fondos por su papel en sus esfuerzos por la independencia. Si es extraditado, podría enfrentar hasta 30 años de prisión.

El abogado de Puigdemont, Alonso-Cuevillas, espera que sea detenido en Alemania durante dos o tres meses antes de tomar una decisión final.

Un portavoz de la canciller alemana, Angela Merkel, dijo que la decisión de extradición estaba en manos de los tribunales alemanes, pero que el Gobierno esperaba que se realizara, y dijo que “España es una democracia donde existe el estado de derecho”. Durante la crisis en Cataluña, Alemania “apoyó los esfuerzos de España para garantizar la ley y el orden constitucional”, agregó el vocero.

En Bruselas, un portavoz de la Comisión Europea dijo que la cuestión era sobre “cooperación judicial entre dos Estados miembros” y que “no tenía ningún comentario que hacer”. La posición de la Comisión era que la crisis catalana es un “problema interno” español.

Las manifestaciones del domingo contra el arresto de Puigdemont dejaron casi 100 heridos en Barcelona. Un intento de reactivar la investidura de Puigdemont como presidente catalán ha sido realizado por los tres partidos independentistas de la región: Junts per Catalunya (JxCat) de Puigdemont, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Pidieron el miércoles una sesión de emergencia del Parlament catalán para “adoptar todos los medios necesarios para garantizar” que Puigdemont y sus dos colegas, Jordi Turull y Jordi Sánchez, puedan ser considerados candidatos a presidente de Cataluña.

La vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró que solo un presidente que esté “dentro de la ley y fuera de una celda” sería aceptable.

A fines de la semana pasada, además de los cuatro que ya estaban encarcelados, el Tribunal Supremo español encarceló a otros cinco líderes independentistas y reactivó las órdenes de arresto europeas para otros cinco, incluida la conseller y académica catalana exiliada, Clara Ponsatí.

Ponsatí es parte de los 25 líderes catalanes que conforman el blanco del Estado español en su esfuerzo para decapitar al movimiento independentista de Cataluña.

En el 2016, Ponsatí, de 61 años, fue nombrada directora de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad Saint Andrews, Escocia, y renunció al cargo en julio del 2017 para asumir el cargo en la asamblea regional catalana.

El Gobierno conservador británico de la primera ministra, Theresa May, está cooperando plenamente con la orden de detención europea contra Ponsatí, quien se refugió en Escocia después de huir a través de Bélgica y reanudó su posición anterior. Más llamativo aún es cómo la primera ministra en el descentralizado Parlamento escocés y líder del Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés), Nicola Sturgeon, se está lavando las manos acerca del futuro de Ponsatí.

Sturgeon insistió esta semana en que su Gobierno y ministros “no tienen poderes para intervenir” y “no harán más comentarios en esta etapa”.

Cuando Ponsatí regresó a Saint Andrews para retomar su papel académico, le dijo a la BBC: “Todo Gobierno democrático que se considere como tal debería condenar que haya presos políticos en España. Es una indignación democrática que en Europa occidental tengamos personas encarceladas por sus opiniones políticas”.

Advirtió a The Independent: “No veo que la situación mejore si no hay más respeto por lo que los catalanes han decidido con su voto. Mientras que estemos bajo la amenaza de utilizar rehenes para chantajear las decisiones políticas, va a ser muy difícil salir adelante”.

El abogado de Ponsatí, Aamer Anwar, actualmente rector de la Universidad de Glasgow, le dijo a la BBC: “Mis instrucciones son que esta es una persecución política: un intento sistemático de criminalizar el deseo de independencia”. Anwar continuó, “Creemos que, si ella es enviada de regreso a España, entonces sufrirá un trato inhumano y degradante y que la independencia del poder judicial en España no puede garantizarse”.

La directora de la Universidad de Saint Andrews, Sally Mapstone, también defendió a Ponsatí y afirmó: “En las circunstancias actuales, creemos que hay argumentos legítimos de que Clara está siendo atacada por defender sus creencias políticas”.

El destino de Ponsatí está generando considerable indignación popular y se estarán llevando a cabo manifestaciones durante los próximos días en Edimburgo y Saint Andrews.

Sin embargo, Sturgeon dejó en claro que, si bien se oponía al “arresto y encarcelamiento de los políticos que apoyan la independencia”, no tenía intención de tomar medidas en defensa de la académica exiliado. Escondiéndose detrás de las leyes británicas, dijo, “En virtud de la Ley de Extradición del 2003, los ministros escoceses no tienen ningún papel en la determinación de las órdenes de detención europeas. Nuestra policía, el servicio de enjuiciamiento y los tribunales son independientes y están legalmente obligados por la legislación de Reino Unido a cumplir con sus responsabilidades. Los ministros escoceses no tienen poderes para intervenir en este proceso”.

“El proceso legal incluye el derecho de toda persona sujeta a procedimientos sujetos a la Ley del 2003 a oponerse a su extradición en los tribunales y es vital que la integridad de este proceso sea protegida”, continuó. “Por esa razón, el Gobierno escocés no hará más comentarios en esta etapa”.

Esto es un fraude. El SNP podría movilizar considerables recursos e influencia para causar a los Gobiernos de España y Reino Unido tanta vergüenza como sea posible. Pero la tan anhelada solidaridad fraternal del SNP con sus compañeros separatistas no cuenta para nada cuando esto amenaza su orientación hacia la Unión Europea que yace en el corazón de su perspectiva de una Escocia capitalista independiente.

Esto exige que el SNP no haga nada para alejar a las principales potencias europeas, como España, Italia y Bélgica, que están preocupadas por el desarrollo de movimientos secesionistas en sus propios países.

Después de la declaración de independencia del año pasado, los ministros catalanes fueron encerrados, despojados, enfrentados con acusaciones falsas de rebelión, sedición y un uso inapropiado de fondos públicos, pero el SNP se limitó a alentar un “proceso de diálogo” y enfatizó que había perseguido su demanda por la independencia dentro de un marco político legal.

El SNP también se ha distinguido en las últimas semanas por acoger acríticamente las provocaciones antirrusas del Gobierno británico.

El SNP, un partidario desde hace mucho tiempo de la OTAN, ha respaldado el asalto del Gobierno de May contra la libertad de prensa contra el canal de televisión RT, financiado por el Estado ruso. Atacó a su propio líder anterior, Alex Salmond, quien comenzó su propio show en RT en noviembre. Sturgeon y el SNP fueron más allá que el Gobierno en referencia al envenenamiento de Sergei y Yulia Skripal en Salisbury, Inglaterra. Sin ninguna evidencia presentada, Sturgeon declaró: “Está muy claro que no se le puede permitir a Rusia matar ilegalmente o intentar matar personas en las calles de Reino Unido con impunidad”.

El líder del SNP en la Cámara de los Comunes, Ian Blackford, insistió en que debe quedar “claro para las autoridades rusas” que Reino Unido “no tolerará actividades que infrinjan el derecho internacional. ...Sobre este asunto, comprometo a mi partido a trabajar constructivamente con el Gobierno”.

Los miembros del Parlamento tories aprovecharon los comentarios de Blackford para atacar al líder laborista Jeremy Corbyn por expresar reservas sobre culpar a Rusia. “Así es cómo se hace”, gritaron.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 de marzo de 2018)