El arresto y la detención del ex presidente catalán Carles Puigdemont en Alemania, a petición de las autoridades españolas, representa un siniestro ataque contra la oposición política. Marca un paso más hacia un gobierno de Estado policial en Europa.

Detrás de este desarrollo se encuentran las tensiones económicas, políticas y sociales que ahora se manifiestan en un movimiento creciente de la clase obrera europea. Este es especialmente el caso en España, que en las últimas semanas ha visto huelgas de trabajadores de Amazon y manifestaciones masivas de pensionistas para exigir pensiones decentes y seguridad social.

A pesar del alarde del gobernante Partido Popular (PP) y la Unión Europea (UE) de que la economía española ha sobrevivido a la crisis económica de 2008 que paralizó al país durante casi una década y está en el camino de la recuperación, los trabajadores ―ya sea hablantes de catalán, vasco o español― se enfrentan a condiciones sociales atroces y en deterioro.

Cerca de tres millones y medio de españoles están desempleados. A pesar de que la cifra principal del 16,5 por ciento de desempleados ha bajado del 26,3 por ciento en 2013, ello casi no es consuelo, ya que una gran cantidad está en empleos temporales, mal pagados. Según las estadísticas oficiales, se firmaron 21,5 millones de contratos en 2017, de los cuales el 90 por ciento fueron temporales.

Oxfam Intercom clasifica a España como el país con el tercer mayor crecimiento de la desigualdad en la UE desde 2007. La organización señala que el 1 por ciento más rico de la población española representa una cuarta parte de la riqueza nacional. Informa que se crearon 7.000 nuevos millonarios en 2017. Las fortunas de las tres personas más ricas de España equivalen a la riqueza del 30 por ciento más pobre, es decir, más de 14 millones de personas.

Mientras tanto, la explotación de la clase obrera española se ha intensificado. Si bien la productividad por hora ha aumentado en un 6 por ciento desde 2012, los costos salariales solo han aumentado en un 0,6 por ciento. Una encuesta reciente reveló que el 68 por ciento de los españoles piensan que es difícil o imposible que un trabajador promedio aumente sus ahorros, sin importar cuánto trabajen.

Diez millones y un cuarto de personas viven por debajo del umbral oficial de pobreza. Esta es una tasa de pobreza del 22,3 por ciento, la tercera más alta en la UE. Se estima que el 27,9 por ciento de la población, cerca de 13 millones, esté en riesgo de pobreza y exclusión social; el 22,3 por ciento, ó 9 millones de familias, viven con menos de €684 [US$841] por mes y más de 1 millón subsisten con apenas €342.

El Séptimo Informe de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social (“El estado de pobreza siguiendo el Indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España - 2008-2016”) revela que una parte significativa de los pobres españoles consiste en adultos con un nivel de educación medio o alto, trabajo y con niños pequeños a su cargo.

Hasta el 27 por ciento de los españoles pobres viven en hogares sin iluminación, con fugas de agua, pudrición en las paredes y pisos y entornos sucios.

El número de bancos de alimentos, especialmente en las grandes ciudades, va en aumento, donde las personas que los utilizan incluyen no solo a las personas sin hogar sino a una gran cantidad de trabajadores pobres. Uno de cada tres niños en España en la actualidad está en riesgo de pobreza y exclusión social.

Después de llegar al poder en 2011, el gobierno del PP impuso duras medidas de austeridad y fue duramente criticado por echar mano a la hucha de las pensiones de 66.800 millones de euros.

Este último desarrollo explica las manifestaciones masivas de los jubilados el mes pasado. Decenas de miles se manifestaron en Madrid, así como en Barcelona, Bilbao, Sevilla y Granada, para denunciar que el aumento del 0,25 por ciento del gobierno en pensiones era inadecuado.

“El aumento del 0,25 por ciento es vergonzoso”, dijo el ex camarero José María Elías, de 66 años, a la agencia de noticias AFP. Fue uno de los miles que se manifestaron en Madrid. “Que todas las personas corruptas devuelvan lo que robaron y lo pongan en el fondo de pensiones”, dijo, refiriéndose a los numerosos escándalos de corrupción que afectan al PP. “Han demolido nuestro sistema público de pensiones”, dijo Josefa Albala, de 77 años, quien agregó que usa su dinero de jubilación para ayudar a alimentar a su hija desempleada.

En el País Vasco, en el norte de España, donde el nacionalismo ha sido estimulado en gran medida en un intento de dividir a la clase trabajadora española, decenas de miles salieron a las calles sin banderas nacionales. Muchas de las protestas tienen una historia militante de lucha en las principales batallas de la clase obrera, incluidos los astilleros de Bilbao y las acerías de Vizcaya, diezmadas por el gobierno del Partido Socialista en la década de 1980.

Los jóvenes son los más afectados por el desempleo, la pobreza y la exclusión social. La tasa de desempleo para quienes tienen entre 16 y 19 años llega hasta el 60 por ciento. Es más del 40 por ciento para los que tienen entre 20 y 24 años, y el 25,6 por ciento para aquellos entre 25 y 29.

Decenas de miles de jóvenes abandonaron España en busca de trabajo en otro lugar. Un informe reciente del Consejo de la Juventud de España retrata una generación marcada por el desempleo, la precariedad y la emigración.

Desde 2012, más de 1 millón de adultos jóvenes bien educados han abandonado el país. “No nos vamos voluntariamente, nos echan”, es su lema. Muchos de ellos son enfermeras, médicos y científicos. Donde pueden encontrar empleo generalmente es a tasas de pago más bajas. Los menos afortunados se ganan la vida en restaurantes, cafés y hoteles con bajos salarios.

Los que permanecen en España dependen de sus familiares, reciben prestaciones sociales muy bajas cuando pueden conseguirlas, o pasan de un empleo temporal a otro. Estos contratos no incluyen permisos pagados o por enfermedad y ofrecen poca protección para los trabajadores, que pueden ser despedidos sin explicación ni aviso.

La mayoría no puede pagar su propio alojamiento y, por lo tanto, debe continuar viviendo con sus padres o familiares. La edad promedio a la que los españoles abandonan el hogar familiar es ahora de 29.

Si la clase dominante ha sido capaz de implementar estos niveles de miseria y pobreza, se debe sobre todo al papel de las fuerzas políticas pseudo-izquierdistas.

Este año marca el séptimo aniversario del Movimiento 15-M o Indignados, que surgió en contra del desempleo, las dificultades económicas y las medidas de austeridad impuestas por el ampliamente despreciado gobierno del Partido Socialista entre 2004 y 2011. Los principales líderes y portavoces del movimiento hicieron carrera después de estas protestas, surgiendo como los nuevos líderes de los partidos pseudo-izquierdistas y los “movimientos sociales”.

Alberto Garzón, por ejemplo, quien fuera portavoz de los indignados en Málaga, ahora es coordinador general de Izquierda Unida. Ada Colau, ex líder de la plataforma anti-desahucios PAH, es ahora alcaldesa de Barcelona, ocupada rompiendo huelgas y persiguiendo a vendedores callejeros migrantes. Los otrora enfadados profesores universitarios, Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, ahora lideran el pseudo-izquierdista Podemos, cuyo rol principal es bloquear el desarrollo de un programa independiente, una perspectiva y un liderazgo político en oposición al capitalismo.

Tal es el papel podrido de estas fuerzas que, desde la fundación de Podemos, el número de manifestaciones, mítines y otras acciones espontáneas se ha desplomado. Ahora, un movimiento de la clase trabajadora y la juventud está comenzando a resurgir una vez más después de haber experimentado de primera mano la austeridad impuesta por los gobiernos locales y regionales liderados por Podemos y sus estrechas relaciones con el Partido Socialista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de abril de 2018)