Liberan al dirigente catalán Carles Puigdemont de la cárcel en Alemania

por Ulrich Rippert
11 abril 2018

El ex president de Cataluña Carles Puigdemont fue liberado de su detención ayer por la tarde en Alemania, donde se enfrenta a ser extraditado a España. Sin embargo, Puigdemont no está totalmente libre, no puede dejar Alemania hasta nuevo aviso, tuvo que depositar una fianza de €75.000 y tiene que personarse semanalmente en la policía de Neumünster.

El jueves por la tarde, el Tribunal Supremo Regional (OLG) de Schleswig acordó no extraditar a Puigdemont a España bajo la acusación de rebelión. Sin embargo, el OLG mantuvo la segunda acusación de malversación de fondos públicos y por lo tanto el ex president catalán aún podría ser extraditado a España. La orden de arresto solo “se suspendió” bajo ciertas condiciones, dijo una portavoz del tribunal.

En un comunicado de prensa, el tribunal explicó su decisión como sigue: “La conducta supuesta de la víctima no es punible en la República Federal de Alemania bajo la ley aplicable”. El delito relevante de traición no se cumple porque no ha podido ser asociado con violencia.

Por lo tanto, el Tribunal Supremo Regional contradijo muy directamente al fiscal general de Schleswig-Holstein, quien había declarado antes esta semana que existía una solicitud admisible de extradición, y el riesgo de fuga de Puigdemont era real. El martes, el fiscal general de Schleswig-Holstein anunciaba que un “examen intenso” de la orden de arresto europea emitida por la magistratura española había revelado que existía una solicitud admisible de extradición.

El fiscal del Estado argumentó que la acusación de rebelión contra Puigdemont presentada por el poder judicial español “esencialmente implicaba la alegación de celebrar un referéndum inconstitucional sobre la independencia de Cataluña respecto a España, a pesar de la previsión de enfrentamientos violentos”. Esta acusación de rebelión encontró un equivalente similar en el derecho criminal alemán en los párrafos 81 y 82 del Código Criminal (Alta Traición); la ley no requiere la semejanza verbal de las normativas alemana y española. Es exactamente esta evaluación lo que el tribunal superior regional ha rechazado ahora.

La decisión del OLG tiene consecuencias de largo alcance.

Puigdemont ya no puede ser entregado a España por “rebelión”. La decisión del tribunal es vinculante para el Gobierno federal. En la base legal existente, Puigdemont no puede ser juzgado en España o en ningún otro país por esos cargos. Es muy cuestionable que la acusación de abuso de confianza se pueda mantener porque no es una acusación de corrupción personal. Las autoridades españolas acusan a Puigdemont, como president de Cataluña, de haber financiado el ilegalizado referéndum sobre la independencia usando €1,6 millones de fondos públicos. Sin embargo, si el referéndum no fue un llamamiento a la rebelión, es altamente cuestionable que su financiación realmente se enmarque en la acusación de malversación de fondos públicos.

Las primeras reacciones al veredicto en Alemania estuvieron divididas. En un editorial furioso, el conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung declaró, a pesar del veredicto, que Puigdemont sigue siendo “un delincuente” que “no puede huir de la justicia”. Si logra evitar la extradición, “no tendrá más remedio que esconderse de los tribunales españoles en Bélgica o en otra parte. Si lo deportan, irá a la cárcel en España”.

Medios y políticos que temen que la extradición de Puigdemont podría causar protestas violentas en Cataluña y también en Alemania, recibieron positivamente el veredicto. “Si las cosas salen bien, si las cosas salen bien de verdad, entonces el veredicto de los jueces alemanes es el principio de una solución política, el comienzo de las negociaciones”, comentó el Süddeutsche Zeitung .

Gregor Gysi del partido La Izquierda exigió que el gobierno alemán presionara a Madrid y al poder judicial. “Ahora, espero que nuestro ministro de exteriores vaya a España e intente convencerles de que salgan de ciertas cosas, y no que nuestro gobierno se siente allí y diga que ahora tenemos que ejecutar sus órdenes de arresto por cosas que no son punibles en Alemania”.

De hecho, el Gobierno alemán, que ayer se había negado a asumir una posición respecto al veredicto, después hizo exactamente eso.

El semanario de noticias Der Spiegel informa de que el gobierno ya ha acordado su abordaje durante una llamada telefónica el día en que arrestaron a Puigdemont. Según información en poder de Der Spiegel, el fin de semana anterior a la Pascua, la ministra de Justicia Katarina Barley (Partido Socialdemócrata, SPD), el ministro de Exteriores Heiko Maas (también del SPD y antiguo ministro de Justicia), la jefa de Gabinete de la Cancillería Helge Braun (Unión Demócrata Cristiana, CDU) y Hans-Georg Engelke, secretario de Estado en el Ministerio Federal del Interior y ex jefe de “Terrorismo/Islamismo” en el Departamento Federal para la Protección de la Constitución (que es como se llama el servicio secreto) mantuvo una conversación telefónica para determinar la actitud del gobierno. Se acordó que el Gobierno no vetaría ninguna posible extradición de Puigdemont.

Pocos días después, el fiscal general de Schleswig-Holstein “consultó” al Ministerio de Justicia para discutir más medidas, escribe Der Spiegel. En otras palabras, cuando el fiscal general de Schleswig-Holstein requirió que se retuviera detenido a Carles Puigdemont a principios de esta semana a la espera de su extradición, declarando que la imputación de rebelión se justificaba y encontró “una analogía comparable en el derecho criminal alemán en los párrafos 81 y 82 del Código Criminal (Alta Traición)”, este abordaje y este argumento han sido acordados con las más altas esferas gubernamentales.

Así, queda claro que el Gobierno alemán no solo apoyó el abordaje del Gobierno español, sino que quería usar el arresto de Puigdemont para sentar un precedente para el enjuiciamiento de cualquier forma de protesta y resistencia contra los poderes gobernantes.

En particular, la referencia a la ley concerniente a la Alta Traición ilustra la tradición en la que el Gobierno alemán se apoya y qué tan conscientemente trabaja para construir un Estado policial europeo. La Alta Traición tiene por objetivo un levantamiento violento en el seno de la sociedad, según el Rechtslexikon. Es un delito en el que el perpetrador “emprende el uso de la fuerza o amenazas de violencia para socavar la existencia de la República Federal de Alemania o para cambiar su orden constitucional basado en la Ley Básica [constitución], es decir, realizar en la práctica un derrocamiento (revolución)”.

La ley había sido introducida en la fundación del Reich alemán en 1871 y desde entonces ha sido empleada repetidamente para perseguir y reprimir a opositores del Estado imperial autoritario y más tarde la dictadura nazi. El fundador del SPD August Bebel fue perseguido en base a esto, así como los dirigentes del KPD (Partido Comunista Alemán) Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Durante la época nazi, Hans y Sophie Scholl, junto a otros miembros del grupo de resistencia Rosa Blanca fueron condenados a muerte y ejecutados aplicando esa ley.

Ahora el Gobierno alemán otra vez está recurriendo a esas formas brutales de opresión para intimidar y cortar de raíz cualquier forma de oposición, resistencia y protesta.

No es casualidad que la criminalización de la resistencia y la introducción de medidas de Estado policial en Europa coincidan con el mayor movimiento huelguístico en Francia contra las “reformas” laborales del Gobierno de Macron y crecientes paros de protesta en Alemania. En España, la crisis económica y social es particularmente aguda. No solo los trabajadores de Amazon han ido a la huelga, sino que los jubilados han estado organizando manifestaciones masivas para luchar por pensiones decentes y mejoras en las prestaciones sociales.

Aunque el veredicto del Tribunal Supremo Regional de Schleswig-Holstein no lleve a que Puigdemont sea extraditado y acusado de “rebelión”, el gobierno alemán prosigue en su rumbo derechista.

El World Socialist Web Site y el Sozialistische Gleichheitspartei (Partido Socialista por la Igualdad, SGP) han condenado el arresto de Puigdemont desde el principio y han exigido su puesta en libertad. Escribimos: “Su detención a manos de las autoridades alemanas es una advertencia. La única manera de prevenir el establecimiento de un Estado policial y una recaída en el militarismo y la guerra es a través del desarrollo de un movimiento socialista para unir a la clase obrera europea e internacional en la lucha contra la desigualdad social, la dictadura y la guerra”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de abril de 2018)