El 15 de mayo, alrededor de 100.000 profesores del Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una facción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) afiliado al Gobierno, marcharon para conmemorar el Día del Maestro en la Ciudad de México y otros seis estados: Oaxaca, Chiapas, Puebla, Quintana Roo, Sonora y Baja California.

Los maestros marcharon en oposición a las reformas educativas que se implementaron en 2014 como parte del Pacto por México, un importante esfuerzo legislativo para privatizar la energía, los servicios públicos y la educación en el país. Las reformas derechistas establecieron evaluaciones onerosas de los maestros, aumentaron las pruebas estandarizadas y crearon un sistema de normas para la contratación y promoción de docentes basada en "mérito", similar al programa antidocente "Race to the Top" (Carrera hasta la cima) del expresidente estadounidense, Barack Obama.

Abarcando desde la península de Yucatán hasta el norte de México, las protestas representan otra expresión de la lucha internacional de los maestros en 2018. Estas incluyen protestas de maestros en los Estados Unidos, Colombia, Argentina, el Reino Unido, el norte de África y Kenia, así como huelgas de otros sectores en Francia, Alemania y Turquía.

En el estado sureño de Chiapas, tradicionalmente sede de algunas de las batallas de clase más militantes en el sector educativo, los docentes anunciaron planes para una "huelga indefinida" en 13.000 escuelas antes de las elecciones presidenciales del 1 de julio.

Dicha legislación representa un esfuerzo para convertir a los maestros en chivos expiatorios de las condiciones sociales que enfrentan los estudiantes en México, al tiempo que allana el camino para el establecimiento de más escuelas privadas y un mayor deterioro de los derechos de todos los trabajadores.

La legislación ha provocado el despido de más de 500 maestros, mientras que cientos de miles han enfrentado medidas disciplinarias por boicotear las evaluaciones del Gobierno o por días perdidos para asistir a las protestas contra las nuevas leyes. Los tres principales partidos políticos mexicanos, incluido el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) de derecha y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de centroizquierda apoyaron la legislación.

La profunda desigualdad social en el país ha creado condiciones de aprendizaje intolerables tanto para los jóvenes como para los docentes. A nivel nacional, más de la mitad de los niños y adolescentes viven por debajo de la tasa oficial de pobreza, y esta cifra llega al 60 por ciento en los estados pobres del sur.

Las condiciones no son mejores en las escuelas públicas. Un censo nacional de escuelas primarias realizado en 2013 reveló que cuatro de cada diez escuelas carecían de drenaje, una de cada diez carecía de electricidad y una de cada diez carecía de baños para los estudiantes. Las peores condiciones se encontraron en los estados sureños de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán, los baluartes de la CNTE.

Más de 2.500 escuelas fueron dañadas o destruidas después del terremoto de magnitud 8,2 que sacudió los estados sureños de Oaxaca y Chiapas el 7 de septiembre pasado. Padres y maestros en Chiapas lanzaron protestas en marzo sobre el hecho de que cinco meses después del terremoto solo uno de las 700 escuelas que colapsaron se ha reabierto.

Los maestros en huelga también han denunciado que las reformas se dirigen injustamente a los estudiantes indígenas, que tienden a ser más pobres, tienen menos recursos en las escuelas y hablan idiomas indígenas y no español. Ninguno de estos factores se toma en cuenta en pruebas estandarizadas o evaluaciones de maestros.

Los maestros han llevado a cabo más de cuatro años de protestas, huelgas, bloqueos de carreteras y ocupaciones de edificios gubernamentales en oposición a estas reformas. La lucha de los maestros se intensificó en 2016, cuando el Gobierno de Peña Nieto desplegó tropas federales en Nochixtlán, Oaxaca, en un intento de aplastar una huelga de tres meses y medio por parte de los maestros. Los enfrentamientos resultantes dejaron 13 muertos y 100 heridos.

A pesar de su fraseología radical, la estrategia de la CNTE para luchar contra las reformas educativas se ha basado en vacías apelaciones para que la clase dominante revierta su ataque contra los trabajadores. Mientras tanto, el Gobierno ha dejado en claro que no tiene intención de iniciar negociaciones con el sindicato. Después de la masacre de Oaxaca, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, se limitó a amenazar a los maestros disidentes con una represión más violenta: "El Gobierno de la República no tendrá reparo alguno, no tendrá reserva alguna en recurrir al uso de la fuerza pública para poner orden, y sobre todo para hacer valer el Estado de derecho".

En realidad, los vagos llamamientos de la CNTE a favor del "diálogo" con el Gobierno no significan más que un "lugar en la mesa" para que la burocracia sindical sea la que dicte la contratación y el despido de los docentes. La CNTE se opone a un movimiento político independiente de la clase trabajadora. En cambio, ha dependido de protestas aisladas que, en el análisis final, no son más que ardides políticos.

Si bien la CNTE ha afirmado que no apoya a ningún candidato presidencial, tradicionalmente se ha aliado con el PRD y el “izquierdista” Movimiento Regeneración Nacional (Morena), junto a su dirigente, Andrés Manuel López Obrador. Al amenazar con una huelga en vísperas de las elecciones del 1 de julio, la CNTE busca sembrar ilusiones en partidos burgueses como Morena y mantener a los trabajadores atados a inútiles peticiones parlamentarias.

Por su parte, López Obrador busca canalizar el enojo de los docentes en beneficio de su propia campaña y, si es elegido, integrar más estrechamente a la dirigencia sindical en la supresión de la lucha de clases. Su Administración no haría nada para desafiar los abismales niveles de desigualdad social que mantienen a millones de estudiantes fuera de la escuela, o proporcionar los miles de millones que se necesitan desesperadamente para construir nuevas escuelas y proporcionar una educación de calidad para todos los niños.

Existe un apoyo tremendo de masas para las luchas de los docentes en todo el mundo. Después de la masacre de Oaxaca, cientos de miles de estudiantes y trabajadores marcharon por todo el país en apoyo de los maestros. Más de 200.000 doctores y enfermeras llevaron a cabo huelgas de solidaridad, y los estudiantes y las principales universidades mexicanas boicotearon las clases para protestar el uso de armas automáticas contra los maestros.

Sin embargo, la defensa de la educación pública requerirá una estrategia fundamentalmente diferente a la que prosigue la CNTE. Lejos de apelar a los representantes de la aristocracia financiera, atender las demandas de los docentes requerirá una lucha unificada de todos los sectores de trabajadores, en coordinación con sus colegas docentes a nivel internacional, para expropiar las ganancias mal habidas de la élite gobernante y poder invertir enormes sumas en educación pública, salud, vivienda, alimentos, agua e infraestructura en todo México.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de mayo de 2018)