Después de un mes de protestas que fueron desencadenadas por recortes severos a las pensiones ordenados por el Fondo Monetario Internacional en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció en su reporte preliminar que ha habido 76 fallecidos y más de 800 heridos del uso “indiscriminado” de municiones reales y otros métodos represivos de las fuerzas estatales y los grupos de choque “parapoliciales”. Docenas más han desaparecido.

Mientras el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) muestra la verdadera cara del nacionalismo de “izquierda” buscando ahogar las protestas contra la austeridad en sangre, han continuado creciendo las manifestaciones y el enojo en toda Nicaragua.

El martes, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, los sacerdotes católicos que han mediado las negociaciones entre el Gobierno, las cámaras empresariales y la oposición derechista anunciaron que el “diálogo nacional” había sido suspendido. El anuncio vino horas después de que el canciller Denis Moncada declarara que la agenda de 40 puntos propuesta inicialmente para discutir constituía un intento de golpe de Estado.

El viernes pasado, fue acordada una “tregua” detrás de puertas cerradas como parte de este “diálogo nacional”. Los líderes estudiantiles aceptaron quitar los bloqueos de calle o “tranques”, mientras que el Gobierno prometió “retirar a sus cuarteles a la Policía y a retirar a las fuerzas de choque simpatizantes del Gobierno”. El sábado y domingo, en las mayores protestas hasta ahora, decenas y quizás cientos de miles de manifestantes tomaron las calles en marchas y caravanas con carros y motos en todo el país.

El sábado por la noche, el Gobierno violó el acuerdo al desplegar varios buses llenos de policías, quienes fueron captados en video disparando ráfagas de balas de goma y reales, y proyectiles con metralla contra un piquete pacífico de estudiantes en la Universidad Nacional Agraria (UNA) en Managua, dejando a ocho heridos. En respuesta, los tranques reaparecieron en algunas de las principales arterias del país el domingo.

Como parte de un resurgimiento global de la lucha de clases desde comienzos del año, esta convulsión social en Nicaragua, la cual se ha extendido un mes, es solo la expresión inicial de un enojo social profundo hacia un recrudecimiento de más de tres décadas de la desigualdad y la austeridad, impuesto por el FSLN y la “oposición” de derecha.

Temerosa, la burguesía local está demandando cada vez con mayor fuerza la renuncia del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y elecciones tempranas. Percibiendo lo rápido que se está expandiendo la oposición de la clase obrera al Gobierno del FSLN, la clase gobernante está dividida respecto a cómo contener y encauzar las protestas detrás del “diálogo nacional” para poder continuar su régimen de austeridad.

La CIDH, la cual opera a instancias de la política exterior estadounidense, ha sido permitida “investigar” la represión desde el jueves pasado y ha participado en el “diálogo nacional”, el cual también es apoyado por las Naciones Unidas.

La prensa corporativa y los legisladores estadounidenses han reducido significativamente sus comentarios sobre Nicaragua después de mostrarse alarmados ante la magnitud de las protestas en la primera semana. Esto sugiere que la política de Washington hacia Nicaragua —una de presión continua, pero, en última instancia, confianza en Ortega, reflejada en sus llamados limitados para que cese la represión, acepte un límite a los mandatos presidenciales y deje el poder eventualmente— podría estar atravesando una importante reformulación.

Al mismo tiempo, el diario español El País reportó que hay “especulación en el país” sobre la actitud del ejército hacia las crecientes demandas dentro de la élite gobernante para deponer a Ortega. Un vocero declaró la semana pasada que el ejército no cumpliría órdenes para “reprimir” las protestas, excepto en la protección de infraestructura “vital”.

¿Qué produjo la explosión social?

El 18 de abril, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) anunció que había sido aprobada una orden ejecutiva para recortar las pensiones existentes 5 por ciento (y más de 11 por ciento para las futuras jubilaciones) y aumentar las contribuciones de los trabajadores y patronos al fondo. El día siguiente, jubilados y estudiantes en León y Managua tomaron las calles llenos de indignación y fueron inmediatamente atacados por grupos de choque de la Juventud Sandinista. Durante los días y semanas siguientes, estallaron protestas de trabajadores y jóvenes en todas las principales ciudades, incluyendo bastiones tradicionales del FSLN, siendo fuertemente reprimidas por el Gobierno.

Ortega suspendió la reforma de pensiones el 22 de abril y aceptó negociar, pero las protestas y la represión continuaron escalando. El jueves, Ortega y Murilla llegaron al seminario católico para la primera sesión del “diálogo nacional”, escoltados por 21 patrullas con al menos 100 policías, dos helicópteros y escuadrones motorizados, con manifestantes en cada esquina gritándoles “¡asesinos!”.

Durante su intervención, Ortega desechó inmediatamente los llamados de los estudiantes para que detuviera la represión y renunciara. Sin realmente condenar el acto, se refirió al ataque de las Fuerzas de Defensa Israelí contra manifestantes desarmados en Gaza que dejó a 60 muertos y miles de heridos, efectivamente como una apelación a Washington y las otras grandes potencias que él también se merece el mismo cheque en blanco para reprimir.

Luego, buscó sembrar temor al amenazar que las protestas le costarían el trabajo a 160.000 trabajadores y que él estaba listo para una guerra civil para permanecer en el poder. Finalmente, Ortega expresó su deseo de que la visita de la CIDH y el diálogo provean una ilusión de “justicia”, pero sus declaraciones enojaron a los estudiantes y la reunión se deshizo en medio de gritos.

Varios líderes eclesiásticos y empresariales están ahora pidiendo la destitución de Ortega. El jueves pasado, denunciando al Gobierno del FSLN por agravar la situación y advirtiendo que “el país está semiparalizado”, Michael Healy, presidente de la cámara patronal agrícola y uno de los líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que abarca casi la mitad del PIB nicaragüense, declaró, “deberíamos de tener un nuevo gobierno, un gobierno interino que venga a poner el orden y llamar a elecciones libres”.

El mismo día, Fitch Ratings, una agencia crediticia de Wall Street, reportó que la economía se está decelerando por la crisis, “poniendo en duda la continuación del Gobierno hasta el 2021”, añadiendo que es muy probable que esto lleve a elecciones tempranas.

De mayor importancia, sin embargo, está ocurriendo un giro político drástico entre los trabajadores en Nicaragua. El 78 por ciento de aquellos encuestados entre el 5 y 15 de mayo por CID Gallup piensan que el Gobierno está guiando al país en la dirección incorrecta, comparado con 35 por ciento en enero, mientras que el 51 por ciento respondió no tener “ninguna” confianza en que Daniel Ortega cumplirá sus promesas a los estudiantes, esencialmente detener la represión.

El creciente enojo social por la desigualdad y los continuos ataques contra los derechos democráticos y sociales en el país han llegado a un punto de inflexión. Aproximadamente 200 nicaragüenses tienen fortunas valoradas en más de $30 millones, con dos banqueros milmillonarios controlan juntos el equivalente al 30 por ciento del PIB del país, mientras que cerca del 85 por ciento de los asalariados tiene ingresos “insuficientes para mantener fuera de la pobreza a un hogar de tamaño medio”, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU.

Uno de los asesinados en las protestas, Álvaro Gómez, quien trabajaba imprimiendo y colocando logos en una zona franca y también era estudiante universitario, salió temprano del trabajo el 20 de abril para participar en las protestas, donde recibió una bala en el pecho. Su padre, un profesor de matemática que perdió su pierna en 1987 como voluntario en el ejército sandinista, fue notificado esa noche de una fotografía en Facebook de su hijo fallecido. En una entrevista, expresó un profundo sentimiento de traición que se está volviendo generalizado: “Yo a la lucha [de la guerra civil] me enfrenté porque me decían que los Somoza eran los dueños de Nicaragua, los adinerados. Ahora en este país, los dueños de Nicaragua son la familia Ortega-Murillo”.

En el 2017, el FSLN regresó al poder tras organizar multitudinarias protestas contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Mientras entremezclaba apelaciones religiosas con ataques demagógicos contra el imperialismo estadounidense, Ortega eligió como candidato a vicepresidente a Jaime Morales Carazo, fundador del grupo financiero BANIC y exrepresentante principal del ejército terrorista de las contras respaldadas por EUA. En noviembre del 2006, el presidente electo Ortega ya estaba diciéndole al secretado de Estado adjunto de George W. Bush que el FSLN en realidad apoyaba y “trabajaría” con el TLC porque la unidad en América dependía de “la voluntad de los países poderosos, como Estados Unidos”, según un cable diplomático publicado pro WikiLeaks.

Después de la crisis financiera del 2007, el Gobierno del FSLN, la patronal, y las mayores federaciones sindicales firmaron un Acuerdo de Emergencia Económica y Laboral para intensificar la explotación en las zonas libres, las cuales se expandieron bajo el TLC. Dentro del marco de “establecer condiciones de trabajo que aseguren la oportunidad de conservar la inversión y los empleos”, el salario mínimo, el cual recibe la mayoría de los trabajadores en las zonas francas, fue establecido en aproximadamente $195 por mes en el 2010—ya el menor en la región—. El año pasado, los sindicatos presumieron que la renovación del acuerdo incluía aumentos nominales de 8,5 por ciento por año hasta el 2022, cuando el salario mínimo todavía será de $196.

La amenaza del imperialismo estadounidense

Un importante estudio de la Universidad Internacional de Florida (FIU, siglas en inglés) y el Comando Sur de EUA, intitulado “La cultura militar nicaragüense”, fue publicado el año pasado con el objetivo aparente de explorar las posibilidades de convertir al ejército del país en un instrumento político de EUA contra el FSLN. Halló que, después de que el FSLN perdiera poder en 1990, las fuerzas armadas se redujeron de casi 100.000 tropas a 9.000 en el 2006. En el año 2000, el ejército reestableció sus relaciones formales con EUA y Nicaragua incluso envió tropas para apoyar la ocupación estadounidense de Irak. “Las relaciones entre los ejércitos de Estados Unidos y Nicaragua se han mantenido fuertes, si bien limitadas”, indica el documento.

Sin embargo, los autores se quejan amargamente que Ortega ha buscado retomar control del ejército durante la última década por medio de métodos marcados por “una pose anti-EUA” y por una dependencia cada vez mayor en Rusia como el principal proveedor de armas de Rusia. Los autores afirman que Rusia “está buscando convertir a Nicaragua en su epicentro geoestratégico en América Latina… una amenaza principal para la influencia estadounidense en la región”.

En una audiencia ante el Senado estadounidense el año pasado, el almirante Kurt Tidd, titular del Comando Sur, el cual preside las operaciones del Pentágono en América del Sur y Central, sugirió escalar los esfuerzos para enfrentar la influencia de Rusia, China e Irán en toda América Latina, “especialmente el renovado interés de Moscú en Nicaragua”. Otros oficiales estadounidenses también han expresado una oposición fuerte a la concesión del canal interoceánico entregado a China en el sur nicaragüense.

Dado que el imperialismo estadounidense se está preparando para socavar la influencia rusa y china a nivel global como parte de un nuevo reparto imperialista del planeta, tales conclusiones del Comando Sur dejan en claro que no solo se espera que América Latina sea un proveedor exclusivo de materiales para la producción de guerra estadounidense, como en la Segunda Guerra Mundial [1], sino que formará parte directamente del campo de batalla global.

Todas las señales sugieren que Ortega no tiene ninguna diferencia de principios con abrazar la campaña militar estadounidense contra Rusia y China. Más recientemente, Nicaragua dio bienvenida a una “Flotillas de la Amistad” de buques de guerra taiwaneses. Sin embargo, la élite gobernante estadounidense ve a Ortega cada vez más como una desventaja para el gobierno burgués en el país, mientras que su demagogia y “pose anti-EUA” están sumamente desgastadas.

La prensa corporativa estadounidense ha expresado estar alarmada por el “levantamiento inesperado” en Nicaragua, pero las profundas crisis políticas que afectan a los Gobiernos de la “marea rosa” y a sus sucesores derechistas representan para el imperialismo un colapso general de su penúltima línea de defensa en la región. A medida que la élite política estadounidense en su conjunto apuntala los esfuerzos del aparato militar y de inteligencia y de Wall Street para consolidar una dictadura en el mismo Washington, sin duda hay conversaciones en curso en los círculos gobernantes estadounidenses sobre el retorno de dictaduras militares títeres en Nicaragua y la región.

Notas:

1. El destino de las exportaciones nicaragüenses cambió de 67 por ciento a EUA y 25 por ciento a Europa Occidental en 1938 a 91 por ciento a EUA y menos del 1 por ciento a Europa Occidental en 1944, produciendo principalmente alimentos básicos, minerales, caucho y maderas. (Fuente Comisión Económica para América Latina y el Caribe)

(Artículo publicado originalmente en inglés el 25 de mayo de 2018)