La votación sobre el aborto en Irlanda: un golpe contra la reacción

30 mayo 2018

El abrumador resultado a favor del aborto en el referéndum en Irlanda sobre el derecho al aborto, por un margen de 1.429.981 a favor y 723.632 en contra, marca un hito como victoria para la clase obrera y la defensa de los derechos democráticos internacionalmente. En un país que por siglos ha sido el sinónimo de predominio del rezago medieval representado por la Iglesia Católica, donde hace tan solo 20 años el uso de contraceptivos y los divorcios eran ilegales, dos terceras partes de los que votaron, con una alta participación, apoyaron la legalización del aborto. Es una muestra que, mientras que todos los partidos oficiales de la burguesía europea se están trasladando a la derecha, la clase obrera y secciones de la clase media se están moviendo a la izquierda.

La votación del viernes es una inversión exacta del referéndum de 1983 que decretó la Octava Enmienda a la Constitución irlandesa, prohibiendo formalmente el aborto al darle al feto derechos legales equivalentes a los de la mujer embarazada. Dicho referéndum, respaldado por la jerarquía católica y los principales partidos de Irlanda, fue aprobado por un margen de 2 a 1. En cambio, el referéndum sobre anular la Octava Enmienda fue opuesto por la jerarquía, pero los sacerdotes evitaron tener un papel prominente por una serie de escándalos que han destrozado los reclamos de infalibilidad y superioridad morales de la Iglesia, involucrando abuso sexual por parte del clero, la esclavitud de mujeres en conventos y el descubrimiento de una fosa común con al menos 800 niños nacidos “fuera del matrimonio” a lo largo de muchas décadas en el pueblo rural de Tuam, donde los tiraban en un tanque séptico de un hogar católico para madres no casadas.

Los principales partidos de la burguesía —Fine Gael, Fianna Fail, el Partido Laborista y Sinn Fein— todos respaldaron oficialmente el “sí”; sin embargo, los dos más grandes, Fine Gael y Fianna Fail, estaban profundamente divididos. De todos modos, como los observadores lo notaron, estos partidos no encabezaron la campaña para legalizar el aborto. Le siguieron la cola a un movimiento popular manifestado por un gran número de nuevos votantes, recolectas de fondos en internet para la campaña del “sí” y una participación entusiástica entre los jóvenes, y particularmente entre las mujeres jóvenes.

Las tabulaciones del voto muestran que solo uno de los 40 distritos, Donegal, en la frontera con Irlanda del Norte, tuvo una mayoría del “no”, y por un margen estrecho. Incluso las áreas más rurales y conservadoras, como Roscommon y Mayo, votaron “sí”. Las encuestas de boca de urna revelan que todos los grupos etarios votaron a favor, excepto los mayores de 65 años, con 80 por ciento o más de los jóvenes votando “sí”. La mayoría de los votantes urbanos, suburbanos y rurales votaron a favor, incluyendo el 52,5 por ciento de los agricultores irlandeses, quienes desafiaron a la Iglesia Católica, que calificó cada voto a favor un pecado que requiere una confesión y penitencia.

Hay factores sociales tanto de corto como largo plazo detrás de este giro en la opinión publica irlandesa. Como un comentarista irlandés lo puso, la campaña para anular la Octava Enmienda estuvo encabezada por los jóvenes: “[E]sta campaña fue ganada en gran parte por una generación que tiene buenas razones para dejar de creer en Irlanda. Es la generación del 2008, la generación que recibió una deuda bancaria masiva, a la que le dijeron que no había trabajos, a la que le recortaron sus salarios y asistencia social, a la que le sugirieron, entre tantas palabras, que sería apreciado si podían amablemente retirarse a otra parte”.

Los salarios reales colapsaron después de la crisis financiera del 2008, lo que puso fin a las arraigadas ilusiones en el “Tigre Celta”; no obstante, se han recuperado algo desde 2012. Mientras tanto, el costo de vida ha aumentado sin dar tregua. Es ahora más caro vivir en Dublín, donde vive una cuarta parte del país, que en Londres. La desigualdad económica en Irlanda, al igual que en todos los principales países capitalistas, ha aumentado a niveles nunca antes vistos. La brecha entre los ricos y el resto de la población no ha sido tan grande desde que los terratenientes anglo-irlandeses tenían festines cuando sus arrendatarios campesinos se morían de hambre durante la Gran Hambruna de 1847-48.

Sin embargo, está teniendo lugar otra transformación social de más largo plazo y de un carácter más profundo que se está vio manifestada en la votación. Irlanda era una vez un país compuesto principalmente por campesinos pobres, usualmente arrendatarios agrícolas bajo el dominio de los propietarios y el clero. Sin embargo, durante el último medio siglo, ha atravesado un desarrollo industrial y una modernización económica. En 1960, solo el 46 por ciento de los 2,8 millones de habitantes vivían en áreas urbanas, mientras que el 54 por ciento era rural. En el 2018, el 67 por ciento de los 4,8 millones de habitantes vive en áreas urbanas, con solo el 33 por ciento rural. La transformación en números totales es todavía más impactante: la población urbana en Irlanda aumento 150 por ciento, de 1.288.000 en 1960 a 3.216.000, mientras que la población rural aumentó solo 11 por ciento en el mismo periodo de 1.512.000 a 1.684.000.

Lo que ha significado el influjo de inversiones de capital en fábricas, oficinas y centros de investigación en términos de clase es inequívoco: la clase obrera urbana, una vez una minoría pequeña en Irlanda, si bien con una historia revolucionaria importante, es ahora la mayor fuerza social del país. Los arrendatarios y campesinos, desde hace mucho dominados por la Iglesia Católica, se han vuelto una minoría. Y es la clase obrera, de todas las clases en la sociedad capitalista moderno, que constituye el lecho de roca para la defensa de los derechos democráticos.

Durante el último cuarto de siglo, en una serie de referéndums que han permitido que el pueblo se anteponga a los partidos burgueses que se reclinan sobre la Iglesia, Irlanda ha legalizado los contraceptivos, el divorcio, el matrimonio gay y ahora el aborto. Como lo afirmó el New York Times el lunes, “La cultura del silencio y la deferencia para con la autoridad religiosa que había dominado por mucho tiempo a Irlanda se ha ido”.

Es instructivo contrastar los avances en los derechos democráticos registrados en lo que fue una vez el país más atrasado de Europa Occidental con la ofensiva directa contra estos derechos en Estados Unidos, el país capitalista más rico y poderoso del mundo. Una vez que se decrete la legislación en el Parlamento irlandés —ya presentada en forma de borrador antes del referéndum— las mujeres en los pequeños pueblos y las áreas rurales de Irlanda tendrán un acceso mayor a servicios de salud reproductivos, incluyendo el aborto, que sus contrapartes en áreas similares de Estados Unidos.

En el 2014, según el instituto Guttmacher, no había un proveedor de servicios de aborto en 90 por ciento de los condados de Estados Unidos, donde vive un 39 por ciento de las mujeres en edad reproductiva. Esto incluye el 99 por ciento de los condados en Missouri, el 98 por ciento en ambas Dakota y Kentucky, el 97 por ciento en Arkansas y el 96 por ciento en Wisconsin. Una cuarta parte de las mujeres que necesitaron servicios de aborto tuvieron que viajar por lo menos 40 kilómetros para encontrar una clínica. En partes de Texas y las Grandes Llanuras (entre el río Misisipi y las Rocallosas), la distancia que han de viajar alcanza los cientos de kilómetros en cada dirección.

El derecho al aborto está siendo destruido sutilmente, por medio de una combinación de hostigamiento de los estados contra las clínicas, como obligándolas a estar afiliadas a hospitales (aun cuando el único hospital local es católico), y obstáculos directamente para las mujeres, como tener que hacer varias visitas de “orientación” antes de poder recibir el procedimiento. Se ha presionado a las compañías de seguros, más recientemente por parte del Gobierno de Trump, para que no cubran los servicios de aborto en planes asociados con el Gobierno, como Obamacare. El seguro estatal para los más empobrecidos, Medicaid, no cubre el procedimiento, mientras que el financiamiento para el mayor proveedor de servicios de aborto, Planned Parenthood, está bajo constante ataque.

Esta ofensiva contra los derechos democráticos afecta principalmente a las mujeres de la clase trabajadora. Las mujeres con una posición social e ingresos más altos no tienen problemas para obtener abortos y otros servicios de salud reproductiva cuando los necesitan. Esto es lo que explica la indiferencia de los pudientes promotores de la campaña #MeToo a la amenaza contra el derecho al aborto en EUA. Mientras que el diario New York Times, la revista New Yorker, los canales de televisión y Hollywood se obsesionan sobre supuestos crímenes contra actrices y celebridades millonarias, no tienen tiempo para la situación crítica que viven las trabajadoras, cuyo derecho fundamental de decidir qué pasa dentro de sus propios cuerpos es denegado.

Esta indiferencia se ha transmitido a través de la cobertura mediática sobre el referéndum irlandés, el cual desapareció de los titulares después de un día. Apenas se pudo ver en las redes de noticieros. El World Socialist Web Site ve esta cuestión de forma diferente. Celebramos las acciones del pueblo irlandés, que le han dado un duro golpe a la reacción. Esta votación refuerza nuestra convicción de que la defensa de los derechos democráticos y todo desarrollo progresista en la sociedad moderna exige la movilización de la fuerza de la clase obrera como una fuerza política independiente.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de mayo de 2018)

Patrick Martin