La Audiencia Nacional encontró la semana pasada que 29 altos cargos vinculados al gobierno del Partido Popular (PP) de España son culpables de corrupción. Los condenados crearon documentos falsos, aceptaron sobornos y lavaron dinero desviado de sobornos vinculados a contratos de obras públicas. Fueron condenados a un total de 351 años de prisión.

El Audiencia declaró que el PP había generado “un sistema auténtico y eficiente de corrupción institucional”.

El caso Gürtel, como se lo conoce, es el mayor y más generalizado escándalo de corrupción política desde el final de la dictadura franquista a mediados de los años setenta.

El viernes, el secretario general del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, anunció una moción de censura para reemplazar a Mariano Rajoy, del PP, como presidente del gobierno de España, con la intención de evitar las elecciones generales y agravar la crisis económica y social de España.

La moción de censura se realizará el viernes.

Sánchez, cuyo partido ha colaborado en mantener al Gobierno minoritario de Rajoy en el poder, compareció ante la prensa para afirmar que el PSOE “devolvería a España la normalidad política e institucional, regeneraría la vida democrática y pondría en marcha una agenda social que atendiera urgentemente problemas sociales”.

Tales palabras son cínicas. El caso Gürtel existe desde hace años. Va casi una década desde que llamó la atención del público. La mayoría de los sospechosos fueron llevados a juicio en 2016. Durante todo este tiempo, el PSOE cubrió la corrupción del PP, lo mantuvo en el poder y respaldó sus medidas de austeridad y el ataque antidemocrático en Cataluña durante la crisis de la independencia.

El apoyo del PSOE al PP también fue encubierto por el partido pseudoizquierdista, Podemos, que reprime cualquier movilización independiente de la clase trabajadora en su búsqueda de una “alianza progresista” con el PSOE. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha ofrecido el apoyo incondicional de su partido a la moción de censura del PSOE.

También se le dejó a Podemos hacer un llamamiento directo al partido populista de derechas Ciudadanos en nombre de Sánchez. El número dos de Podemos y candidato a la vicepresidencia regional en Madrid, Íñigo Errejón, transmitió un vídeo en las redes sociales llamando a poner fin al gobierno del PP, independientemente de los “nombres políticos”. Declaró que “Las siglas no pueden convertirse en una trinchera para reprocharnos mientras que España sigue bloqueada”. Advirtió al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que será “corresponsable” del “bloqueo” y de la “vergüenza” si Ciudadanos mantiene al PP en el poder.

Ciudadanos, sin embargo, está exigiendo al PSOE que retire su moción de censura. No quieren reemplazar a Rajoy con Sánchez, sino que quieren nuevas elecciones con la esperanza de que se conviertan en el principal partido en España. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, dijo que “la solución pasa por las elecciones, no hay un programa de Gobierno para discutir” con el PSOE.

Con la excepción de los pro-PP ABC y La Razón, la mayoría de los medios españoles han descartado el asalto al poder de Sánchez y están convocando a elecciones anticipadas. Están usando la crisis de corrupción de Gürtel para preparar el camino para un reemplazo de derechas al Gobierno minoritario inestable del PP, que ha visto desplomarse su participación en el voto en las últimas elecciones en 2016, en el espacio de solo dos años, desde el 35 por ciento a alrededor del 20 por ciento.

El principal diario español de derechas El Mundo proclamó que el país estaba sufriendo una “crisis política muy profunda” que “podría llevar a la caída del Gobierno”. Exigió a Rajoy convocar elecciones anticipadas.

El periódico nominalmente liberal y pro-PSOE El País, el periódico más grande de España, declaró que hubo un “momento de emergencia nacional”. Dijo que unas elecciones anticipadas sería la opción “menos perjudicial” para producir un nuevo Gobierno “estable y coherente”.

Ambos periódicos advirtieron, sin embargo, sobre un Gobierno inestable del PSOE que llegaría al poder cuando la economía está bajo presión y que tiene que depender de Podemos y los partidos nacionalistas regionales en el País Vasco y Cataluña para gobernar.

El País declaró que “hacer concesiones a los secesionistas es cruzar una línea roja”.

El Mundo criticó a “los separatistas catalanes y vascos, y al antisistema populista Podemos”, afirmando que querían “causar una ruptura territorial del Estado”. Decidieron que cualquier Gobierno del PSOE sería un “rehén” de tales fuerzas.

Otra publicación de derechas, El Español, expresó más claramente para qué están trabajando todos, y declaró: “La mejor solución para España es un acuerdo entre Sánchez y Rivera. Sánchez debería agregar a su moción de censura un día específico para las elecciones ... Y Rivera debería apoyar este escenario y permitir que los socialistas accedan a la Presidencia del Gobierno incluso durante unos meses”.

El neoliberal Ciudadanos ha sido nutrido por la prensa española, que lo ayudó a crecer desde un pequeño partido antiindependentista catalán para amenazar al PP y competir por el puesto número uno en las encuestas nacionales. Ciudadanos es visto como la fuerza más preparada para usar cualquier medio que sea necesario para impulsar la reforma estructural de la economía española, reprimir a la clase trabajadora, evitar la desintegración del Estado español amenazado por el separatismo regional y defender los intereses geopolíticos de España.

Unas nuevas elecciones en España serían las terceras desde diciembre de 2015, todas las cuales produjeron parlamentos sin mayoría absoluta. Tal inestabilidad es sintomática de la ruptura del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial y el sistema bipartidista, a través del cual la burguesía española ha gobernado a través del PP y el PSOE en la era posterior al franquismo.

Los sectores en crecimiento de la clase dominante ven el caso Gürtel como el colmo, lo que empeora las ya explosivas relaciones de clase. Después de Grecia, España es el país de Europa occidental donde la crisis financiera y las políticas de austeridad han creado la mayor devastación. A pesar de un ligero repunte económico basado en salarios bajísimos, petróleo barato y un euro débil, el capitalismo español está moribundo.

Según un estudio de Fedea y Accenture, España cuenta con casi cinco millones de personas que viven la precariedad, la pobreza laboral y el desempleo.

La Comisión Europea, que ha respaldado los paquetes de austeridad de España, se vio obligada a describir la situación de desigualdad en España como “crítica ... o no mejorando lo suficientemente rápido o empeorando aún más”. Señaló que el 20 por ciento de los que tienen mayores ingresos gana 6,6 veces más que el 20 por ciento con ingresos más bajos, colocando al país en un grupo inferior que también incluye a Bulgaria, Lituania y Grecia.

Por el contrario, los españoles más ricos ―en el 10% superior― vieron crecer su participación en la riqueza del 44% en 2008, el año de la crisis financiera mundial, al 53% en 2014, según un informe publicado por el Banco de España.

Tales condiciones están provocando una creciente oposición social. En 2017, el número de días perdidos debido a paros laborales aumentó casi un 53 por ciento. El Economista advirtió recientemente de que “los conflictos laborales en los sectores aéreo y ferroviario amenazan a España con un caluroso verano”.

(Publicado originalmente en inglés el 30 de mayo de 2018)