Existe una creciente indignación pública sobre el impacto de la nueva política de "tolerancia cero" de la Administración de Trump, anunciada el mes pasado. Bajo esta política, todos los adultos indocumentados encontrados por la Patrulla Fronteriza o el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, todas las siglas en inglés) están siendo arrestados y encarcelados, mientras sus hijos son entregados a la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) del Gobierno federal.

Esta política es una violación flagrante del derecho internacional, el cual obliga a todo Gobierno a aceptar las solicitudes de asilo como legítimas sin imponer sanciones a los solicitantes de asilo mientras sus solicitudes son revisadas y adjudicadas. En cambio, bajo la política de Trump anunciada el 7 de mayo, todos los solicitantes de asilo son tratados como delincuentes, con los adultos encarcelados y los niños entregados a la ORR.

La Administración no tiene las instalaciones para mantenerse al ritmo de sus tasas brutales de detención. Un informe de McClatchy News reveló esta semana que el Gobierno planea lidiar con el desbordamiento almacenando a los niños campamentos de carpas en bases militares.

El HHS planea recorrer cuatro bases en Texas y Arkansas en las próximas semanas para determinar dónde se establecerá una ciudad de carpas para albergar entre 1.000 y 5.000 niños, con muchos defensores de los inmigrantes protestando la similitud de las instalaciones planificadas con los campos de internamiento japoneses en el oeste de los EUA entre 1942 y 1945.

Los principales periódicos y televisoras de EUA han de repente comenzado a informar sobre las espantosas condiciones que enfrentan miles de niños inmigrantes y refugiados detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México.

La razón detrás de la cobertura en los medios fue la visita realizada el día anterior por un pequeño grupo de periodistas a través del mayor centro de detención para niños, la Casa Padre de 1.500 camas en McAllen, Texas, cerca de Brownsville, donde hay niños de 10 a 17 años detenidos La instalación es una exsupermercado de Wal-Mart. Ahora es controlada por Southwest Key, una "organización sin fines de lucro" que ha recaudado más de $1 mil millones en contratos federales para administrar centros de detención en la región.

En Casa Padre, se estima que el 95 por ciento de los niños llegaron al país como refugiados no acompañados, en busca de asilo de El Salvador, Guatemala y Honduras, todos países con altos niveles de violencia. Pero una cantidad significativa, el 5 por ciento de ellos y cada vez más, fueron separados de sus padres bajo la nueva política de Trump.

En otros centros de detención en la frontera entre los Estados Unidos y México, la proporción de niños separados de sus padres por la política de Trump ahora es del 10 por ciento. La ORR supervisa a casi 11.000 jóvenes en un estimado de 100 albergues en 17 estados, con Southwest Key operando 26 albergues en Texas, Arizona y California.

Casa Padre fue elegida para una gira de medios controlada y muy "facilitada" después de una gran cantidad de escrutinio público la semana pasada cuando se le negó el acceso al establecimiento al senador Jeff Merkley (D-OR). Los funcionarios de la instalación amenazaron con llamar a la policía después de que Merkley llegó a la puerta de entrada y pidió entrar.

Los reporteros fueron navegados en una gira de 90 minutos el miércoles. No se les permitió tomar fotos ni hablar con los niños. A pesar de informar que las instalaciones estaban limpias y que los niños tenían tres comidas al día, instrucción en un salón de clase, médicos y videojuegos, muchos de los periodistas transmitieron una sensación de las condiciones opresivas dentro de las instalaciones y el trauma inimaginable que enfrentan estos jóvenes.

"Quizás quieran sonreírles, los niños se sienten como animales vistos en una jaula", dijo la ejecutiva de Southwest Key, Alexia Rodríguez, a los visitantes. Los portavoces revelaron que los niños permanecen adentro durante 22 horas al día, con solo dos horas al aire libre, una de los cuales es la educación física estructurada. Los jóvenes pueden hacer solo dos llamadas telefónicas a la semana, y algunos intentan durante meses encontrar a parientes en los Estados Unidos.

El corresponsal de NBC, Jacob Soboroff, admitió en un informe en el que pareció angustiarlo la gira que, sean cuales fueran las comodidades que el Gobierno y su subcontratista privado afirman proveer, "estos niños están encarcelados".

A cada niño se les limita dos camisetas, un par de pantalones, una camiseta polo, tres pares de calcetines y tres pares de ropa interior. No obstante, los altos ejecutivos de Southwest Key no sufren tales limitaciones. Juan Sánchez, el fundador de la "organización sin fines de lucro", ganó $786.222 en el 2015, mientras que a su esposa Jennifer le pagaron $280.819 como vicepresidenta, el ingreso combinado de la familia Sánchez ese año ascendió a más de un millón de dólares. En 2016, su compensación total casi se duplicó a $1,48 millones, a pesar de haberle dicho a la prensa que esto reflejaba una contribución para su jubilación, no un aumento salarial.

Casa Padre obtuvo la licencia del estado para mantener a 1.186 niños detenidos, pero se le ha otorgado permiso para aumentar su capacidad a sus actuales de 1.500. El negocio es prospero para Southwest Key, especialmente con el aumento de menores no acompañados que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México. Desde el 2014, la organización recibió más de $1,1 mil millones para albergar a los jóvenes, que incluye $310 millones en el año fiscal en curso.

Hay ganancias similares para otros operadores de centros de detención, así como una serie de compañías privadas que vigilan como tiburones los miles de millones disponibles para contratistas en relación con la construcción del muro de Trump a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y la provisión de armas y equipo de alta tecnología para la Patrulla Fronteriza, el ICE y el ejército.

La codicia se combina con el militarismo y el racismo como las fuerzas impulsoras de una orgía de brutalidad y abuso que enfrentan los jóvenes y adultos en los centros de detención. En mayo del 2018, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) informó sobre estas condiciones horribles, incluyendo el peligro físico, la privación de atención médica, palizas y abuso mental y sexual por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Un maestro vocacional y de inglés en una instalación de Southwest Key en Tucson, Arizona, Antar Davidson, renunció recientemente debido a las terribles condiciones. Le describió a la prensa la realidad traumática de la vida dentro de los centros, detallando los intentos de fuga a diario, gritos, objetos lanzados, llantos, autolesiones e intentos de suicidio que presenció, describiendo las condiciones cada vez más "como una prisión".

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, se jactó ante el Congreso en mayo de que "se está corriendo la voz” sobre la política punitiva de "tolerancia cero" de la Administración, la cual consiste en arrestar y procesar a todos los que crucen la frontera ilegalmente y separarlos de sus hijos, actuando como un elemento de disuasión para los futuros cruces fronterizos. Nielsen dijo que el número de familias detenidas en la frontera aumentó un 600 por ciento en comparación con la primavera del año pasado.

El número de menores bajo custodia ha aumentado 20 por ciento entre abril y mayo de este año, después del compromiso del mes pasado del fiscal general Jeff Sessions de enjuiciar penalmente a todos los adultos que crucen ilegalmente la frontera, y las autoridades informan que las instalaciones están a 95 por ciento de capacidad.

La revelación de las condiciones horribles de los refugiados y los planes para los campamentos en bases militares ha producido justificadamente protestas públicas, y el Partido Demócrata está tratando de explotar el amplio apoyo público para los inmigrantes. El senador Merkley, por ejemplo, no realizó tal ardid publicitario en los centros de detención durante la Administración de Obama.

Los demócratas, sin embargo, nunca mostraron oposición a los 2,7 millones de deportaciones de Obama ni a la defensa de su Departamento de Estado ante la Corte Suprema de las detenciones indefinidas, en respuesta a las demandas presentadas por detenidos que pasaron más de tres años en instalaciones del ICE.

Cualesquiera que sean sus miserables e hipócritas protestas, los demócratas han facilitado el ataque cada vez más de tinte fascista de Trump contra los inmigrantes, buscando desviar la hostilidad popular hacia estas medidas detrás de los conflictos entre facciones dentro de la élite gobernante sobre política exterior, centrada en la campaña antirrusa de los demócratas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 8 de junio de 2018)