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Sindicato docente termina “huelga indefinida” de 80.000 maestros en vísperas de las elecciones mexicanas

El 20 de junio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una facción disidente del SNTE, el sindicato nacional afiliado con el Estado, concluyó una huelga de dos semanas en la que participaron decenas de miles de maestros en los estados sureños más pobres de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, y Chiapas.

La huelga fue lanzada para avanzar una vez más la exigencia de los últimos cinco años para la abrogación de la “reforma” educativa nacional del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

A pesar de las promesas de que mejoraría los recursos escolares, la legislación de 2013 no abordó los abismales niveles de pobreza y la falta de infraestructura en las escuelas. En su lugar, su meta fue otorgarle al capital financiero acceso al lucrativo mercado educativo al privarle fondos a las escuelas, despedir a maestros, y sentar las bases para la apertura de nuevas escuelas privadas.

La legislación requirió que los docentes en busca de empleo o promociones pasaran un examen escrito sobre la metodología de aprendizaje y su materia académica. Le otorgó al Gobierno un control sobre la contratación y el despido de docentes, anteriormente sujetos a la decisión de los sindicatos.

Los docentes en paro exigieron la restitución de los más de 50 maestros que fueron despedidos por reusarse a tomar los nuevos exámenes, la liberación de fondos que actualmente están bajo el control del Gobierno y justicia para las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como para las familias de los manifestantes oaxaqueños que fueron asesinados en confrontaciones con la policía en 2016.

La huelga de este mes afectó a más de 1 millón de estudiantes. Los oficiales sindicales reportan que, en tan solo en el estado de Oaxaca, la huelga cerró más de 10.700 instalaciones o un 80 por ciento de las escuelas del estado.

Unos 12.000 docentes realizaron un plantón en la capital estatal, tomando control del zócalo y varias calles adyacentes.

Unos 1.000 docentes huelguistas viajaron a la Ciudad de México, donde instalaron un plantón en frente de la Secretaría de Gobernación. Los maestros y sus partidarios tuvieron mítines en frente de la Corte Suprema y bloquearon secciones de las principales avenidas en la Ciudad de México, frenando el tráfico por varias horas.

Al igual que en previas acciones militantes, los docentes fueron enfrentados con represión estatal durante el curso de su lucha. Camiones llenos de maestros que iban en camino a la Ciudad de México fueron detenidos y sus pasajeros hostigados por lo menos en dos ocasiones. El 7 de julio, los maestros fueron atacados físicamente por la policía enfrente de la compañía de medios de comunicación Televisa, dejando a más de 60 manifestantes heridos.

Más de 60 por ciento de los jóvenes mexicanos en los estados sureños se encuentran debajo del nivel de pobreza, y solo la mitad de los estudiantes que se inscriben en primaria se gradúan. Los docentes mexicanos ganan menos de la mitad del salario reportado por otros miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según las figuras del Gobierno, unos 150.000 docentes han dejado sus puestos o pedido una jubilación temprana como resultado de las “reformas” bajo temor de perder sus trabajos y pensiones. Tan solo en el estado de Oaxaca, los esfuerzos de privatización han llevado a la apertura de 181 nuevas escuelas públicas durante los últimos cinco años —un aumento de 19 por ciento— y una disminución de 14.000 estudiantes de las escuelas públicas.

A pesar de estas condiciones explosivas y un deseo continuo de luchar por la educación pública por parte de la mayoría de los docentes, durante el curso de los últimos cinco años la CNTE ha convocado movilizaciones “indefinidas” repetidamente, solo para concluirlas cuando el sindicato haya sentido que los maestros han liberado su enojo.

A pesar de estas traiciones pasadas, este mes los docentes volvieron a demostrar en grandes números su militancia y su deseo de continuar luchando. En respuesta, la CNTE nuevamente canceló lo que previamente había denominado una huelga “indefinida”, reconociendo que sus llamados para que el Gobierno “negocie” la legislación habían caído en oídos sordos.

Al votar por terminar la huelga el 18 de junio, la Asamblea Nacional de la CNTE aprobó una resolución a favor de “una lucha nacional en contexto de las elecciones de un nuevo gobierno federal”. Esto solo puede ser entendido como un llamado para votar por el supuesto candidato “izquierdista”, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien, según las encuestas, muy probablemente ganará las elecciones presidenciales.

López Obrador es un supuesto “amigo” de los docentes, quien ha dicho que quiere cancelar la ley educativa de Peña Nieto.

Sin embargo, sigue siendo un firme defensor del sistema capitalista. Los programas sociales que propone ni siquiera harán una pequeña dentadura en la pobreza masiva del país. AMLO culpa a la “corrupción” por la desigualdad social, lo cual le permite prometer que no va a aumentar los impuestos de los ricos, nacionalizar las industrias o tomar cualquier acción que pudiera ofender a los empresarios.

La creciente orientación de López Obrador hacia la oligarquía financiera queda expuesta por la composición de su gabinete y su círculo interno. Su selección para secretario de educación, Esteban Moctezuma, ha estado afiliado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por muchos años.

Moctezuma fue el secretario de gobernación y secretario de desarrollo social durante el término del expresidente priista, Ernesto Zedillo (1994-2000). Desde el 2002, ha sido el presidente de la Fundación Azteca, un ONG del Grupo Salinas, uno de los conglomerados más grandes del país.

La selección de Moctezuma es una señal para oligarquía financiera de que las habladurías de AMLO de una “cancelación” de las medidas oficialistas son solo para el consumo del público. Los consejeros de AMLO han dicho que no cancelará las privatizaciones del petróleo impuestas por Peña Nieto. Es posible que lleguen pronto sus garantías de que cualquier cambio a la legislación educativa sería solamente cosmético.

La lucha para terminar con la pobreza y otorgarle una educación de calidad a todos no basarse en apelaciones a la munificencia de la élite financiera o ceder el control de la lucha de los obreros a los sindicatos controlados por el Estado, como la SNTE, o incluso sindicatos “disidentes” como la CNTE.

En su lugar, requiere construir un movimiento unificado de toda la clase obrera en México y a lo largo de las Américas, independientemente de todos los partidos burgueses —incluido Morena— para luchar por el socialismo y un Gobierno obrero.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 de julio de 2018)

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