Un sindicato que representa a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le envió una carta al alcalde Ted Wheeler de Portland, Oregon, denunciando a la ciudad por no proporcionar una asistencia policial local completa para los agentes de ICE durante una manifestación de 38 días fuera de una instalación federal de inmigración en la ciudad.

La carta proviene de un abogado que representa al Consejo Nacional de ICE, un sindicato de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE, por sus siglas en ingles) que representa a 7.600 oficiales, agentes y otros empleados. El sindicato está afiliado con la federación AFL-CIO.

En su ataque contra el alcalde demócrata, la agencia le acusa de prohibir que las fuerzas policiales de Portland respondieran a las llamadas al 911 por parte de los agentes de ICE, quienes afirman que fueron amenazados por manifestantes fuera del edificio. Tal política, continúa la carta, "creó una zona de terrorismo y anarquía" fuera del centro de detención y dejó a los oficiales federales "vulnerables a la violencia, el acoso e incluso la muerte".

El uso de la palabra "terrorismo" para describir a los manifestantes pacíficos tiene un significado profundo. Los métodos más violentos y represivos empleados por el imperialismo estadounidense durante la "guerra contra el terrorismo" están siendo preparados para utilizar contra la oposición social interna.

La zona que el sindicato describe en la carta fue el sitio de una de las mayores manifestaciones del movimiento de protesta "Ocuppy ICE", en el cual las personas instalan campamentos las 24 horas para obstruir el paso a las instalaciones y oficinas de inmigración. Este sitio en particular consistía en una pequeña ciudad de tiendas de acampar dirigida principalmente por grupos radicales, anarquistas y liberales sobre las vías del tren detrás de las oficinas de la agencia en el centro de la ciudad. Participaban en un dado momento un pequeño puñado de personas y hasta miles de manifestantes, permaneciendo pacíficos y desarmados a lo largo de las cinco semanas de la ocupación.

No hubo ataques físicos por parte de los manifestantes, pero la carta indica que algunos agentes llamaron a la Oficina de Policía de Portland después de enfrentar amenazas de violencia y acoso. Alegando que la ciudad deliberadamente ignoró los llamados de asistencia policial durante y después de las horas de oficina de ICE, el Consejo Nacional de ICE acusa a la ciudad de violar la Cláusula de Protección Igualitaria de la Constitución de los EUA, al no brindar a los agentes la misma protección policial.

La carta concluye sugiriendo que la falla en proporcionar servicios de policía local a los agentes de ICE puede resultar en una demanda. "Nos gustaría evitar un litigio federal, pero estamos preparados para proteger a nuestros miembros y a sus familias", afirma.

Usando las afirmaciones absurdas de que los manifestantes amenazaron la vida de los agentes de ICE como un pretexto, la carta sirve como un ataque político contra el Gobierno de la ciudad. Nada menos que el cumplimiento total de las órdenes de la policía federal, incluyendo la cooperación local con los agentes de ICE, será suficiente para esta organización de tinte fascista. Contrario a su defensa escrita de la Constitución y su absurda invocación de la Cláusula de Protección Igualitaria, la policía federal de inmigración proporciona una base clave para el movimiento de tendencia fascista contra los inmigrantes y contra los derechos democráticos de toda la clase trabajadora.

El apoyo general del Gobierno de Portland hacia las manifestaciones contra ICE, junto con sus restricciones a la colaboración local con operaciones federales de deportación y detención, por débiles que sean, se consideran obstáculos para la eficiencia y el poder de las operaciones de ICE.

Cuando la manifestación "Ocuppy ICE" inició el 17 de junio, en medio de una gran oposición popular a la separación de familias y la negación de asilo en la frontera, el alcalde Wheeler dijo que el Departamento de Policía de Portland no intervendría en nombre de las agencias de la policía federal.

La promesa vacía se derrumbó lentamente. Para el 23 de julio, Wheeler envió a la policía local para hacer cumplir la evacuación del campamento con el pretexto de que la manifestación planteaba preocupaciones ambientales y de seguridad. La policía de Portland, vestida con equipos antidisturbios, también estuvo presente en los mítines y enfrentamientos entre los manifestantes y los oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el cual supervisa a ICE, a mediados de julio.

Aun así, Wheeler obtuvo más de la mitad de los votos en las elecciones de 2016 en una ciudad con un apoyo masivo para inmigrantes y refugiados. Alrededor de una décima parte de la población local son inmigrantes y refugiados de todas las regiones del mundo. A pesar de que el alcalde no está interesado en oponerse al ataque de su propio partido contra los inmigrantes, sintió la necesidad de presentarse como un defensor de los inmigrantes ante la amplia oposición a Trump.

Wheeler respondió a la carta del Consejo Nacional de ICE el martes por la noche, calificándola de "inexacta e incendiaria". Aclaró que la Policía de Portland había respondido a las llamadas al 911 realizadas por los agentes cuando había serias amenazas de seguridad, y que el Consejo no tenía pruebas sustanciales para probar lo contrario.

La razón por la cual no desplegó inicialmente a las fuerzas policiales locales contra la manifestación de Occupy ICE, continuó, fue porque "no quería que el Buró de Policía de Portland se involucrara en un conflicto con el propósito de proteger propiedad federal que alberga una agencia federal con su propia fuerza de policía federal".

Esta postura de no intervención local en las operaciones de la policía de inmigración también se ve reflejada en el llamado estatus "santuario" endosado por algunas secciones del Partido Demócrata a nivel municipal y estatal, incluido Portland. Con el pretexto de proteger a los inmigrantes de las redadas o la deportación, simplemente deja los procedimientos antiinmigrantes en manos de las agencias federales con poca o ninguna ayuda adicional por parte de las autoridades locales. Dichas barreras técnicas simplemente limitan la cantidad de información pública y privada otorgada a ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), requiriéndoles pasar por procesos legales de solicitud de información y garantías.

La Administración de Trump ha desafiado a dichas ciudades y estados santuarios, viendo las limitaciones como obstáculos para la expansión total de la máquina de deportación. A principios de este mes, los Gobiernos de la ciudad y el estado de Nueva York presentaron una demanda contra el Departamento de Justicia por retener $12,9 millones en fondos federales debido a su estatus de santuario. También fueron presentadas varias denuncias similares por funcionarios municipales en Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Virginia y el estado de Washington.

A principios de marzo, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra el estado de California, alegando que sus esfuerzos por establecer un estado santuario eran inconstitucionales. El fiscal general, Jeff Sessions, afirmó que estos débiles obstáculos ponen en peligro la vida de los agentes de ICE cuando llevan a cabo redadas en centros de trabajo y vecindarios.

Los demócratas han desempeñado un papel clave en la expansión de las fuerzas de ICE y la construcción de la máquina de deportación masiva, particularmente bajo la Administración de Obama, la cual deportó a unos tres millones de inmigrantes.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de agosto de 2018)