El presidente electo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha anunciado una medida populista de una sola condonación de deudas a hogares que deben a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el proveedor de electricidad más grande en el país.

La medida busca disfrazar el carácter derechista de su Administración, y al mismo tiempo preparar futuros cortes de los servicios públicos, ataques contra las pensiones de los electricistas y más esfuerzos para privatizar la CFE bajo el pretexto de luchar contra la “corrupción”.

La vaga declaración de AMLO el 31 de julio dio la apariencia de que millones de hogares endeudados a lo largo del país serían otorgados una asistencia muy necesitada: “Es del 1 de julio para atrás va a haber una tarifa nueva, justa, diferenciada. El más pobre va a pagar menos, y el que use la luz con fines industriales va a pagar más, pero no más de lo que paga ahora”.

La medida única dejó claro que las deudas futuras no serían perdonadas, y tampoco dijo nada sobre mantener subsidios en un futuro o bajar los precios de electricidad. Pero aún este mínimo gesto fue retractado dos días después, cuando AMLO notó que, lejos de ser la política nacional que su declaración original había aludido, la condonación solo aplicaría al pequeño estado suroriental de Tabasco, su estado natal.

Desde 1995, miles de personas en Tabasco han llevado a cabo una “resistencia civil” contra el gobierno estatal, cuando AMLO perdió el gobierno del estado contra el futuro candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Madrazo. Declarando que la elección fue fraudulenta, AMLO fomentó negarse a hacer pagos a los gobiernos estatales y federales como una forma de protesta. Según la CFE, casi medio millón de usuarios tienen pagos morosos en el estado.

El limitado “borrón y cuenta nueva” de AMLO evita la vergüenza política de descontinuar servicios por una maniobra que él mismo formuló y impulsó en una previa campaña. El truco publicitario de AMLO también sirve para darle un velado “izquierdista” a su nombramiento para el nuevo director de la CFE, Manuel Bartlett.

Bartlett es otra figura en el gabinete de AMLO que solía pertenecer a previos Gobiernos derechistas del PRI. Fue el exsecretario de educación y secretario de gobernación en Gobiernos sucesivos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los años 80 y a principios de los años 90.

Bartlett es infame por su papel en las elecciones de 1988, cuando anunció una “caída del sistema” que fue utilizada para robarle las elecciones a Cuahtémoc Cárdenas, quien fue nominado por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y apoyado por el Frente Democrático Nacional, a favor de Carlos Salinas de Gortari del PRI.

En 2009, el expresidente Miguel de la Madrid le confesó al New York Times que el PRI sí había manipulado las elecciones para asegurar su propia victoria. Añadió que tres años después de las elecciones, todas las papeletas fueron quemadas para eliminar cualquier evidencia de un fraude. En 2017, el mismo Bartlett reconoció que Salinas había perdido la elección. Como secretario de gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral en ese entonces, Bartlett fue encargado con supervisar el robo de las elecciones.

AMLO es consciente del pasado político de Bartlett. El presidente entrante es un exmilitante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual fue fundado por Cárdenas después de las elecciones de 1988. Para un político cuyo repertorio han sido protestas contra las elecciones fraudulentas, AMLO se queda callado cuando se trata de elevar a un personaje que fue instrumental en llevar a cabo un fraude masivo y pisotear los derechos democráticos de millones de personas. Cuando AMLO dice que quiere luchar contra la “corrupción”, no quiere decir enjuiciar a los banqueros, las corporaciones y los políticos que controlan el sistema económico y político mexicano.

En su lugar, se refiere a ir detrás de los salarios de los empleados gubernamentales de las bases, las pensiones de los trabajadores y la deuda gubernamental por parte de los hogares, estados y municipios. La Administración de AMLO ha prometido continuar las “reformas” que fueron apoyadas por todos los partidos políticos para tratar de privatizar el petróleo, electricidad, telecomunicaciones y educación. AMLO y Bartlett, quienes habían adoptado una pose de estar en contra de la legislación, ahora han hecho todas las reconfirmaciones de que la “ley y el orden” serán respetados.

“Yo estuve en contra de la reforma energética y aquí en la Tribuna, pero la reforma energética está funcionando”, dijo Bartlett después de que fue nombrado como el futuro director de la CFE. “Andrés Manuel ya dijo con toda claridad que no va a hacer reformas constitucionales, vamos a estar respetando la estructura que existe en la reforma energética, y lo que está pasando que son estas reglas del mercado”.

El Gobierno de Peña Nieto formuló cuentos fantásticos sobre como las “reformas” energéticas llevarían a miles de nuevos puestos de trabajo, precios de gasolina y electricidad más bajos y una nueva ola de crecimiento económico. Cinco años después, el único “crecimiento” ha sido los portafolios financieros de la oligarquía extranjera y doméstica.

La “reforma” ha dejado a los consumidores a merced de los precios de petróleo, ya que el combustible es el principal insumo para la generación de electricidad. Desde que la ley fue promulgada en agosto 2014 a enero de 2016, los precios de la CFE disminuyeron por alrededor de 35 por ciento, siguiendo un declive en los precios de petróleo y gas natural. Desde entonces, sin embargo, han subido por 54 por ciento y ahora son más altos que antes de la legislación.

La CFE, la cual fue creada en 1937 como parte de las nacionalizaciones llevadas a cabo por Lázaro Cárdenas, ha sido continuamente privatizada desde los años 90. Hasta hace cinco años, la CFE era la única proveedora de electricidad a lo largo del país. Actualmente, participa en un mercado de energía con empresas privadas y ha otorgado más de 25 contratos a inversionistas privados para la generación de energía.

La CFE tiene más de 14 mil millones de pesos (más de 750 millones dólares) en deudas por parte de estados y municipios y 36 mil millones de pesos (más de 1.9 mil millones de dólares) de saldos que no han sido pagados. El capital financiero ha dejado claro que las deudas de la CFE deberían ser extraídas a expensas de la clase obrera por medio de cobros de deudas, la eliminación de subsidios y un recorte a las pensiones de los electricistas.

La CFE reportó que cortó los servicios de 216 municipios tan solo entre diciembre de 2017 y enero 2018 por facturas no pagadas. Mientras tanto, el Gobierno federal declaró que solo respaldaría las pensiones de los trabajadores de la CFE si el Gobierno podría negociar un nuevo contrato con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Las obligaciones de pensión de Pemex y la CFE llegaron a 1.7 billones de pesos (más de 91 mil millones de dólares), o casi 10 por ciento del PIB. La Auditoría Superior de la Federación ha estimado que el número de jubilados con pensiones aumentará un 28 por ciento dentro de los próximos 15 años.

Como con todos los grandes problemas sociales, las demandas para la electricidad asequible, un fin a los recortes de servicios públicos y pensiones bien pagadas no pueden ser abordadas por ningún representante de la clase capitalista. Incluso las necesidades más básicas de los trabajadores exigen una apropiación de la riqueza de la aristocracia financiera, en México e internacionalmente, para garantizar que los recursos y tecnología que la humanidad ya tiene disponible pueda ser utilizada para elevar las condiciones de vida de la clase obrera internacional a nuevas alturas. Esto requiere la lucha por el socialismo para unir a todos los trabajadores en una lucha para derrocar la raíz de su miseria, el sistema capitalista.

(Artículo originalmente publicado en inglés el 7 de agosto de 2018)