Una nueva serie de protestas está sacudiendo al gobierno rumano dirigido por los socialdemócratas (PSD). El 10 y el 11 de agosto tuvieron lugar manifestaciones en Bucarest y otras ciudades.

El conflicto entre diferentes facciones de la clase dirigente rumana se desarrolla cada vez más por fuera de los canales tradicionales de la democracia burguesa, a medida que acciones callejeras violentas, la implicación de los servicios secretos y el uso de los tribunales contra los opositores dominan cada vez más la vida política. Esto está sucediendo bajo la presión ejercida por factores internacionales.

Por un lado está la militarización del país como parte de la ofensiva de las potencias de la OTAN contra Rusia, acompañada por un crecimiento en el poder y el presupuesto del ejército y de los servicios secretos. Por otro lado, el recrudecimiento de la militancia obrera ha encontrado su expresión en las luchas de los trabajadores automotores de la Ford y los de la sanidad.

Esta última crisis está siendo alimentada por el conflicto agudizado entre los EUA y la Unión Europea. Desde que ganara las elecciones generales de 2016, el dirigente del PSD Liviu Dragnea ha dirigido al partido exestalinista, del que ya desconfiaban los países europeos, hacia la administración de Trump en los EUA.

La oposición venía organizando grandes protestas en las calles a intervalos regulares, poniendo intensa presión en el gobierno. El PSD se ha visto obligado a reemplazar al primer ministro dos veces en menos de dos años.

Las protestas de la oposición se han centrado en la persona de la fiscal jefe anticorrupción Laura Codruta Kovesi, a quien el PSD logró destituir en julio de este año. Kovesi y su DNA (Dirección Nacional Anticorrupción) han sido instrumentales en la política rumana en los años recientes, y gozaron del apoyo de las potencias de la UE así como de las administraciones de Bush y Obama.

Un cable de WikiLeaks mostraba que en 2006, el entonces Director del FBI Robert Muller aconsejó a Kovesi sobre la necesidad de intensificar la interceptación de comunicaciones y le prometió una mayor colaboración del FBI y su oficina. En los medios rumanos circularon noticias sobre los íntimos lazos entre la DNA y los servicios secretos. Esas noticias, aunque no confirmadas, llevaron a la renuncia del director operativo del SRI (Servicio Rumano de Información).

El PSD intentó contrarrestar esta presión escenificando su propia manifestación en junio. Ante casi 100.000 simpatizantes que se desplazaron a la capital, los oradores del PSD denunciaron a la DNA y al SRI. Desde el estrado mandaron saludos a la Casa Blanca de Trump, de la que dijeron que estaba comprometida en una lucha similar contra el “Estado profundo”.

El embajador estadounidense nombrado por Obama lanzó una advertencia de que había una muchedumbre agresiva participando en la manifestación del PSD. Varios días después, se anunció oficialmente que lo reemplazarían por el abogado inmobiliario neoyorquino Adrian Zuckerman, cuya familia emigró de Rumanía.

La manifestación del PSD, a pensar de condenar de manera ostensible los pinchazos telefónicos y la intromisión en política de los fiscales, no logró atraerse un apoyo popular genuino significativo. Este partido es sinónimo de gobierno burgués tras la restauración del capitalismo en los años 1990, que pisoteó los derechos sociales y democráticos más básicos, a menudo en tándem con las mismas fuerzas políticas que hoy condena. Su gobierno se encuentra implicado actualmente en un ataque histórico a los trabajadores, y recientemente codificó en la ley el cambio de las contribuciones desde los empleadores a los asalariados.

Las tensiones se intensificaron entre los dos bandos el 10 de agosto, cuando una manifestación contra el PSD se volvió violenta. Convocada ostensiblemente como una protesta de la diáspora rumana, la multitud de casi 20.000 personas estaba compuesta principalmente por sectores acomodados de las clases medias, y era animada por crudas consignas anticomunistas.

En escenas que recordaban los disturbios de 2009 en Moldavia o el Maidan de Ucrania, los manifestantes intentaron repetidamente atravesar barreras policiales para entrar en el edificio del gobierno, prendieron fuego las calles aledañas y entraron por la fuerza en un museo de la zona. A dos mujeres policía antidisturbios les dieron una severa paliza y a una le quitaron las armas de fuego.

La represión policial que siguió fue presentada en los medios pro-UE como un intento del líder del PSD Dragnea de sofocar la oposición democrática y consolidar un régimen personal, del estilo de la Turquía de Erdoğan. Los partidos de la oposición y el presidente Klaus Iohannis solicitaron una investigación parlamentaria de esa represión, y se nombró un fiscal militar para que investigue. Por su parte, dirigentes del PSD amenazaron con impugnar al presidente por su apoyo a las protestas y sugirieron que se podría convocar otra manifestación progubernamental en Bucarest.

A pesar de las acusaciones recíprocas de autoritarismo y de intentonas golpistas, ambos bandos tienen especial cuidado de no abordar ningún tema que pudiera despertar una verdadera oposición popular, como ser la política exterior, la sanidad o los derechos sociales de los trabajadores. Pocos días después de los más recientes acontecimientos, Iohannis y los ministros del PSD compartieron plataforma en el Día de la Armada, donde todos ellos reiteraron su compromiso con los preparativos de guerra contra Rusia.

Un resurgir de la política despiadada que caracterizó los años 1930 está acompañando el regreso al militarismo y la guerra y el pavor creciente que tiene la clase gobernante a la renaciente clase trabajadora.

(Publicado originalmente en inglés el 20 de agosto de 2018)