El gobierno francés anuncia un plan para socavar el sistema de pensiones

por Francis Dubois
29 agosto 2018

La semana pasada, el gobierno del presidente francés Emmanuel Macron anunció una nueva serie de medidas de austeridad centradas en recortes de pensiones, continuando así los ataques sociales del primer año de su mandato. Después de que los sindicatos organizaron huelgas simbólicos esta primavera que bloquearon una lucha de clases contra la privatización de los ferrocarriles, Macron intensifica su ofensiva con el objetivo de destruir los derechos sociales básicos establecidos en la Liberación de la Ocupación Nazi en 1945.

Si bien hace hincapié en su determinación de "llegar hasta el final", el gobierno sabe que es un lugar aislado e impopular. Los medios franceses e internacionales expresan abiertamente su preocupación de que Macron es débil y se enfrenta a una creciente oposición social, encima de enfrentar un bajo crecimiento económico.

Según una encuesta de Elabe publicada el miércoles pasado, solo el 16 por ciento de la población cree que las políticas de Macron afectan positivamente al país. Solo el 6 por ciento cree que Macron y el primer ministro Edouard Philippe están mejorando su situación personal.

Al anunciar medidas para socavar los derechos sociales básicos, el gobierno proclama que trabajará más estrechamente con los sindicatos. "Dado que quiere mostrar que está respondiendo a las críticas de su aislamiento, el ejecutivo planea ... prestar atención a sus relaciones con los sindicatos, lo que el presidente ha prometido ... asociar más directamente a las reformas sociales", escribió Le Monde .

No se ha revelado nada concreto sobre los recortes sociales, debido al temor a una explosión social que pueda hundir las burocracias sindicales, durante lo que Le Monde llamó el "período de regreso a la escuela de alto riesgo".

Macron está imponiendo políticas de austeridad profundas elaboradas por la Unión Europea (UE). El Cour des Comptes, la institución que supervisa la estricta implementación del dictamen del presupuesto de la UE, escribió en un memo la semana pasada: “En 2017, la muy limitada mejora del déficit presupuestario [€ 67.7 mil millones] fue producto de un fuerte aumento tanto en el gasto y en los recibos de impuestos”, debido a un aumento en las cifras de crecimiento económico. Ahora, en medio de una notable desaceleración de la actividad económica, exige recortes profundos al gasto social.

Mientras que la deuda soberana de Francia es muy alta (96.8 por ciento del producto interno bruto, uno de los más altos de la UE), Macron se apresuró a eliminar el Impuesto a la Riqueza (ISF) y recortar impuestos corporativos, entregando decenas de miles de millones a los super ricos.

Según Le Monde, Macron planea recortar inicialmente "aproximadamente 10,000 puestos de trabajo en el sector público en 2019 e incluso más en 2020, ‘a medida que las reformas entren en vigor’”. Durante su campaña electoral, Macron anunció planes para recortar 120,000 empleos en el sector público.

El foco central de estos ataques, sin embargo, son dos sectores clave de la vida social que afectarán a toda la población trabajadora: la llamada "reforma hospitalaria" y, sobre todo, las pensiones. El recorte a las pensiones fue discutido y arreglado con los sindicatos en la primera mitad del año. La Tribune lo llama una "reforma sistémica", mientras que Le Monde lo llama "la más peligrosa para el ejecutivo".

El gobierno afirma demagógicamente que está creando "un sistema universal en el que cada euro pagado da los mismos derechos a todos, cada vez que se paga y quien lo paga". De hecho, lo que se está preparando es un completo socavamiento del sistema de pensiones cuyas fundaciones actuales se remontan a la Liberación, a pesar de varias reformas a favor de la aristocracia financiera desde la década de 1990 y las secuelas de la disolución estalinista de la Unión Soviética.

Una pensión "por puntos" es reemplazar el sistema actual de "pay-as-you-go”. Las pensiones serán calculadas en función de los puntos acumulados en una "cuenta virtual" personal y se convierten en dinero al momento de la jubilación. Los trabajadores no obtendrían puntos durante los períodos de desempleo, trabajo casual o discapacidad laboral. Como dijo el funcionario encargado de implementar la reforma, Jean-Paul Delevoye, sin rodeos: "Nadie obtiene puntos libres".

Varios mecanismos reducirán aún más los pagos de pensiones. Si, por ejemplo, aumenta la esperanza de vida, las pensiones –que el estado anticipa, por lo tanto, que pagarían durante un período más largo– se reducirán.

El derecho social a una pensión de valor estable y legalmente garantizado desaparecería, ya que el gobierno ahora puede modificar el valor de un "punto" a su discreción.

Además, la edad legal de jubilación, que ya no es relevante en el sistema de "puntos", debe ser eliminada.

Se obligará a los trabajadores a trabajar hasta que tengan suficientes "puntos" para jubilarse. Para millones de trabajadores, esto significa trabajar indefinidamente: la edad de 62 años se debe retener solo como la edad mínima para la jubilación. Delevoye afirmó que "en un sistema de puntos, la noción de una vida laboral de longitud fija desaparece. Su número de puntos le permite tomar una decisión personal: tengo suficientes puntos, mi pensión parece lo suficientemente grande, así que me retiro. Si no, no tengo suficientes puntos, sigo trabajando”.

El sistema de pensiones “pay-as-you-go” creado por las autoridades del Consejo Nacional de la Resistencia (CNR) en 1945, fue la causa del colapso de las tasas de pobreza para los trabajadores de más edad a partir de la década de 1970 –la pobreza que había sido automática y generalizada en generaciones anteriores–.

Además, un sistema de pensiones "por puntos" puede allanar el camino para financiar las pensiones a través de cuentas de inversión, con los trabajadores obligados a pagar sus propias pensiones, favoreciendo a los que ganan más y la formación de fondos privados de pensiones. En medio del colapso de 2008, muchos jubilados europeos perdieron las pensiones de esta manera.

Macron no descarta que se exija a los trabajadores que financien sus pensiones en forma privada, ya que Delevoye admitió: "En nuestro futuro régimen universal, esto se aumentará para los que ganan más... Muchos escenarios están sobre la mesa. ¿Necesitamos pensiones privadas obligatorias? ¿O cuentas individuales, posiblemente por capitalización?”

La reforma también socavaría las "pensiones de reversión", pagadas a los cónyuges o parejas de los trabajadores fallecidos. En 2016, 4.4 millones de personas dependían de dichas pensiones, más de una cuarta parte de los 17.2 millones de jubilados de Francia.

Otro efecto clave de la reforma sería obligar a los jubilados a soportar el impacto de futuras crisis financieras variando automáticamente los pagos de pensiones basados en la disponibilidad de fondos, sin requerir que el estado y los sindicatos actúen para negociar nuevos recortes.

Para aprobar su reforma, el gobierno de Macron también necesita eliminar las llamadas pensiones de "régimen especial", sobre todo en el servicio público, que también se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Esto afectaría a unos 5 millones de trabajadores.

(Publicado originalmente en inglés el 28 de agosto de 2018)