En números cada vez más alarmantes, les están negando sus pasaportes a residentes del sur de Texas, cuyas actas de nacimiento oficiales muestran que nacieron en los Estados Unidos.

Según un informe reciente en el Washington Post, los abogados de la región fronteriza de Texas informan un aumento de cientos, sino miles, de casos en los que se acusa a los ciudadanos de tener actas de nacimiento fraudulentas. El propósito de la acusación es rechazar las solicitudes de nuevos pasaportes, negar renovaciones y anular los viejos, lo que lleva a la detención de ciudadanos en la frontera cuando intentan regresar desde México y, en algunos casos, esto ha llevado a su deportación.

En un comunicado de prensa respondiendo al informe, el Departamento de Estado dijo que "no ha cambiado la política o la práctica con respecto a la adjudicación de solicitudes de pasaportes" y agregó que "la región fronteriza entre México y EUA es una zona del país donde ha existido una frecuencia significativa de fraude de ciudadanía”. Parcialmente, esta afirmación es correcta.

La política de negar los derechos de ciudadanía a un grupo específico de estadounidenses nacidos en el área fronteriza del suroeste no es exclusiva de la Administración de Trump. Tanto la Administración de George W. Bush como la de Obama siguieron una versión de esta política. El razonamiento detrás de esta política proviene de alegaciones por oficiales de que, durante varias décadas (hasta la década de 1990), algunas parteras y médicos que trabajaban en la región fronteriza Texas-México proporcionaban actas de nacimiento estadounidenses a bebés nacidos en México. Esto condujo a una serie de casos de tribunales federales en la década de 1990, donde nueve parteras fueron acusadas de declararse culpables de obtener y transmitir documentos fraudulentos. Estas mujeres confesaron que les pagaban entre $300 y $5,000 para producir actas de nacimiento que permitían a los niños nacidos en México reclamar la ciudadanía estadounidense.

Bajo el Gobierno de George W. Bush, el Departamento de Seguridad Nacional promulgó una política de adjudicación de pasaportes en respuesta a estos casos, Obama continuó la política. Sin embargo, la cantidad de casos disminuyó debido a la conciliación realizada en una demanda colectiva de 2009 presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

La ACLU representó a un grupo de ciudadanos estadounidenses víctimas de la política, argumentando con éxito que, dado el número de nacimientos supervisados por las asistentes declaradas culpables de fraude, era demasiado difícil determinar cuáles actas de nacimiento eran legales y cuáles fraudulentas. Antes del acuerdo en 2009, ambas Administraciones habían negado los pasaportes a los ciudadanos cuyo nacimiento había sido certificado por una partera en la región fronteriza de Texas.

El uso de parteras es una práctica común en el área debido al alto costo de los nacimientos hospitalarios. El precio promedio de un nacimiento hospitalario en Texas en 2017 fue de $7,349 según una investigación de la organización Fair Health. Además, un estudio de la Asociación de Condados de Texas revela que Texas es uno de los estados más pobres del país, con hasta el 58.4 por ciento de los residentes fronterizos viviendo en la pobreza.

Dadas estas condiciones, negar pasaportes a quienes se ven obligados a utilizar un servicio en particular debido a la falta de recursos no es solo una grave violación de los derechos de ciudadanía, sino un ataque descarado contra la clase trabajadora. Además, cada vez es más obvio que esta política es una extensión de la guerra intensificada y continua de la Administración de Trump contra los inmigrantes.

El artículo del Washington Post presenta varias historias horribles de ciudadanos a quienes se les niegan sus derechos a través de varias maniobras burocráticas. En un caso, un exsoldado estadounidense llamado Juan recibió una carta del Departamento de Estado de EUA informándole que su ciudadanía era sospechosa. Para demostrar que era un ciudadano estadounidense, se le pidió que proporcionara una serie de documentos de su niñez: documentos del cuidado prenatal de la madre, certificado de bautismo y contratos de alquiler cuando era un niño. Pudo localizar algunos de los documentos, pero todavía se le negó el pasaporte.

La evidencia que el Departamento de Estado le pide a los solicitantes de pasaportes es casi imposible de obtener, y en algunos casos ni siquiera existe, dejando a los solicitantes de pasaportes en situaciones difíciles.

Varios abogados de inmigración han reportado que hay solicitantes de pasaportes con actas de nacimiento estadounidenses que se encuentran encarcelados en centros de detención de inmigrantes y enfrentan procedimientos de deportación. Los abogados también han informado sobre casos en que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza revocan los pasaportes de los ciudadanos en la frontera durante el reingreso a los Estados Unidos. Según estos informes, los agentes fronterizos se dirigen a ciertos ciudadanos, exigiendo que admitan haber nacido en México. Cuando se rechaza la demanda, los identificados son llevados a centros de detención, en espera de su audiencia y deportación. Los ciudadanos estadounidenses que viven en la región fronteriza suelen frecuentar México por varias razones, especialmente para visitar a sus familiares. Estas medidas ominosas y fundamentalmente antidemocráticas muestran cómo los ciudadanos estadounidenses son cada vez más víctimas del creciente régimen antiinmigrante.

Bajo la Administración de Trump, el ataque contra la inmigración ha estado al frente del asalto contra la clase trabajadora. Los inmigrantes que viven en el país sin la documentación legal no solo han sido víctimas de las políticas represivas del Estado, sino que incluso aquellos con ciudadanía están dentro del alcance del fuego.

Como es el caso con la condición de cientos de ciudadanos en la región fronteriza de Texas, los documentos oficiales, como un acta de nacimiento legal, ya no son vinculantes y pueden ser cuestionados en cualquier momento. La implementación de la política actual es arbitraria y una base conveniente para que aumenten la represión de los derechos democráticos en los Estados Unidos. Estos cientos de casos van en aumento para justificar la política de poner en tela de juicio la ciudadanía de millones de personas que nacieron en la región fronteriza del sur y constituyen un ataque abierto a los derechos básicos de ciudadanía de todos los estadounidenses.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de setiembre de 2018)