“Dame a tus cansados, tus pobres, tus masas amontonadas…”

Gobierno de Trump impone restricciones migratorias basadas en clase social

27 septiembre 2018

El sábado por la noche, el Gobierno de Trump anunció sigilosamente un cambio en las regulaciones migratorias que efectivamente impedirá que los inmigrantes adquieran estatus legal si sus familias han acudido a programas sociales.

La modificación, la cual regirá después de un periodo previo de 60 días para observaciones, es un ataque monumental contra la clase obrera internacional. La formalización explícita de un sistema migratorio basado en clases sociales marca un hito que alterará sustancialmente las relaciones sociales en favor de los ricos.

La nueva política califica a todos los inmigrantes indocumentados que hayan recibido beneficios en efectivo o de otra forma como “gastos públicos”. Los inmigrantes de clase trabajadora cuyas familias hayan utilizado programas como los cupones para alimentos, vales de vivienda conocidos como Sección 8, subsidios para la renta bajo la Ley de Vivienda de 1937, el seguro médico Medicaid o subsidios bajo la Parte D de Medicare se verán relegados a ilegalidad permanente.

Según la nueva norma, un ingreso por debajo de 125 por ciento del nivel federal de pobreza ($31.400 para una familia de cuatro) será un “factor negativo” en sus aplicaciones para visa o permisos laborales ( green cards ). Por el contrario, un ingreso mayor a 250 por ciento de la línea federal de pobreza será un “fuerte factor positivo”. En otras palabras, los inmigrantes adinerados podrán viajar e inmigrar mientras que la clase obrera se verá obligada a vivir clandestinamente.

Decenas de millones de trabajadores se verán afectados por el cambio. Casi 10 millones de trabajadores indocumentados, la mayoría de los cuales se escapó de condiciones brutales de pobreza y violencia en países devastados por el imperialismo estadounidense, han utilizado los beneficios listados por el nuevo reglamento.

Otros 10 millones de inmigrantes, casi todos sin ciudadanía, pero muchos con permisos de residencia permanente probablemente dejarán de utilizar estos servicios sociales, lo que tendrá implicaciones desastrosas para su salud y nutrición. Más allá, 18 millones de niños con ciudadanía estadounidense con al menos un padre inmigrante perderán acceso a programas públicos necesarios ya que sus padres serán penalizados por permitir que incluso hijos estadounidenses utilicen programas sociales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, todas las siglas en inglés) afirma manifiestamente en su propuesta que la política “resultará en peor salud… especialmente para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, bebés o niños”, “aumentará el uso de los servicios de emergencia, “aumentará la prevalencia de enfermedades contagiosas”, “aumentará las tasas de pobreza e instabilidad en el acceso a vivienda y reducirá la productividad y el rendimiento escolar”.

Estas no son consecuencias indeseadas, sino metas deliberadas.

El cambio es una maniobra para consolidar una subclase permanente de trabajadores severamente empobrecidos, en gran parte en servicio de las industrias de servicios y agrícola, quienes tendrán tanto miedo de ser deportados para pedir salarios más altos o mejores condiciones.

Ambos partidos entonces apuntarán a la inevitable caída en la fiabilidad de los programas sociales para justificar recortes aún mayores dirigidos contra toda la clase obrera. Al anunciar este cambio normativo, la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, empleó una retórica corporativa para exigir recortes a los programas sociales. El cambio “promoverá la autosuficiencia inmigrante y protegerá recursos limitados asegurándose de que no sean cargas para los contribuyentes de impuestos estadounidenses”, dijo.

La inanición, pérdida de viviendas y las enfermedades se volverán más comunes. Las comunidades inmigrantes en las principales ciudades del país se parecerán cada vez más a las zonas marginales de las megaciudades de América Latina, África y Asia.

Inmediatamente después del anuncio, una amplia gama de asociaciones médicas nacionales, incluyendo la Academia Estadounidense de Médicos Familiares, la Academia Estadounidense de Pediatría, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, el Colegio Estadounidense de Médicos, la Asociación Médica Estadounidense y la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, denunció el plan, advirtiendo que causaría una crisis de salud pública.

El Partido Demócrata es directamente responsable por promulgar el estatuto que Trump y el DHS están utilizando para justificar su expansión del reglamento de “gasto público”.

En 1996, el Congreso aprobó la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrante (IIRAIRA, siglas en inglés), la cual requirió que los inmigrantes probaran que sus anfitriones tuvieran un ingreso mayor a 125 por ciento de la línea de pobreza para poder inmigrar. Sin los 88 votos a favor de los congresistas demócratas, la medida no hubiera sido aprobada. El presidente demócrata Bill Clinton firmó la medida en ley. Tres años después, Clinton publicó una guía normativa en la que establece que los inmigrantes pueden ser considerados gastos públicos si son “principalmente dependientes” de la asistencia gubernamental en efectivo.

Hoy día, los demócratas han guardado silencio sobre el cambio estatutario y, en cambio, han apostado todo su capital político en retratar al nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh como un criminal sexual basándose en acusaciones infundadas de presuntos incidentes a principio de los ’80. Su propósito es desviar la atención del público lejos de cuestiones urgentes de clases en las que ambos partidos concuerdan fundamentalmente, incluyendo los ataques contra los trabajadores inmigrantes.

Todos los trabajadores, independientemente de su nacionalidad y condición migratoria, deben reconocer el ataque contra los inmigrantes como un ataque contra la clase obrera en su conjunto.

Ningún trabajador se verá beneficiado al permitirle al Gobierno a arrebatarle a millones de personas su acceso a programas sociales sin siquiera la formalidad de un voto o debate público. Ningún trabajador se verá beneficiado de darle al Gobierno el poder de realizar allanamientos militares en centros de trabajo para secuestrar a trabajadores indocumentados y llevárselos a campos de internamiento. Ningún trabajador ganará nada de los esfuerzos de la burguesía para expandir el ejército industrial de reserva de mano de obra indocumentada que aceptará cualquier trabajo a cualquier salario, aterrada a hacer cualquier reclamo.

El paralelo más claro del siglo veinte a este cambio reglamentario ofrece una lección histórica valiosa para la clase obrera.

La aprobación de la Ley Johnson-Reed en 1924, la cual estableció cuotas de inmigración para Europa del Sur y del Este, se promulgó después de uno de los movimientos huelguísticos más largos en la historia de EUA.

Aprobada con un apoyo bipartidista inmenso, la Ley Johnson-Reed tenía como objetivo bloquear el crecimiento de la lucha de clases y detener la inmigración de trabajadores europeos influenciados por la Revolución Rusa de 1917, en la que la clase obrera derrocó la dinastía Romanov que había gobernado por 300 años y fundó el primer Estado obrero del mundo. Temiendo el aumento en la popularidad del socialismo, la clase gobernante buscó desviar la oposición social en una dirección derechista atizando las llamas de odio racial y nacional para dividir y debilitar a la clase obrera.

¡Los trabajadores no pueden volver a caer en la misma trampa! La primera mitad del 2018 fue testigo del nivel más alto de actividad huelguística en años, pero para desarrollar el ímpetu en una lucha por la igualdad social, los trabajadores deben reconocer que su fuerza reside en su unidad internacional. Es urgente que los trabajadores estadounidenses se alcen en defensa de sus hermanos y hermanas inmigrantes y avancen una lucha en conjunto contra su enemigo común: la burguesía estadounidense.

(Publicado originalmente en inglés el 26 de septiembre de 2018)

Eric London