El sábado, poco antes de cumplirse hoy el primer aniversario del referéndum sobre la independencia de Cataluña, docenas de manifestantes resultaron heridos y seis fueron arrestados en enfrentamientos con la policía regional en Barcelona.

Hace un año, Madrid desplegó 16.000 policías en un intento fracasado por suprimir el referéndum atacando violentamente a votantes pacíficos, incluso a ancianos. Con el apoyo tácito de la Unión Europea, el Gobierno central amenazó con una intervención militar directa. Procedió a encarcelar a los políticos nacionalistas catalanes e impuso un Gobierno no electo en la región.

Desde entonces, a pesar de las protestas masivas en Barcelona, los sucesivos Gobiernos, primero el del derechista Partido Popular (PP) y después el del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), siguieron el rumbo reaccionario de Madrid en Cataluña. El Gobierno socialdemócrata actual lo está haciendo con el apoyo de Podemos.

Los enfrentamientos del sábado estallaron después de que la policía regional catalana interviniera para separar una manifestación independentista organizada por los Comités para la Defensa de la República (CDR), un grupo próximo al partido nacionalista catalán, Candidatura de Unidad Popular (CUP), de una manifestación en respaldo de la policía nacional.

La manifestación a favor de la policía fue organizada por Jusapol, una asociación de policías nacionales y guardias civiles que exige paga igual entre estos dos cuerpos policiales de alcance nacional y la policía regional catalana. El objetivo de la manifestación era rendir homenaje a la represión del referéndum de octubre de 2017.

El presidente de Jusapol, Natan Espinosa declaró provocativamente que su organización quería “honrar a los que trabajaron para preservar la unidad de España”. Un dirigente del ultraderechista partido Vox, Javier Ortega, también participó de la manifestación de la Jusapol.

La manifestación de la Jusapol convocó a unos 3.000 participantes. Coreaban: “que viva España” y “a por ellos” —en referencia a las consignas que gritaban los manifestantes ultraderechistas en apoyo a los destacamentos de la policía nacional que fueron enviados a Cataluña en vísperas del referéndum.

La contramanifestación de los CDR movilizó a unas 6.000 personas. Los manifestantes independentistas increpaban a los simpatizantes de la policía española, “1 de octubre, ni olvido ni perdón”, “¡fuera, fascistas!” e “¡independencia!”. Los manifestantes derechistas replicaban gritando, “¡venceremos!”, “que viva España” y “¡nuestra causa es justa!”.

Se informó que los enfrentamientos estallaron cuando manifestantes de los CDR intentaron enfrentarse a la congregación en defensa de la policía. Cuando el cordón de la policía regional los bloqueó, los manifestantes arrojaron pintura de colores y huevos a la policía regional.

La policía catalana respondió cargando con porras en por lo menos tres lugares diferentes, dejando por lo menos a 24 heridos, seis de los cuales fueron hospitalizados. Vídeos e imágenes en YouTube muestran a policías golpeando a manifestantes por encima de la cintura y en algunos casos en la cabeza —contraviniendo la normativa policial.

El consejero regional de Interior, Michel Buch, defendió la acción de la policía catalana, los Mossos d'Esquadra, diciendo el domingo, “Logramos evitar problemas mayores. Tal confrontación podría haberse vuelto muy violenta”. Sin embargo, admitió que algunos policías no se comportaron “según el protocolo”. La CUP, que históricamente ha venido respaldando a los actuales partidos catalanes gobernantes, pidió la dimisión del consejero.

La alcaldesa de Barcelona Ada Colau de Barcelona en Comú, partido respaldado por Podemos, habló en Catalunya Radio y dijo: “Hago un llamamiento a la calma… Esta ciudad siempre ha defendido el derecho de todo el mundo a ejercer el derecho a la libertad de expresión”. Guardando silencio acerca del carácter ultraderechista de la manifestación en apoyo a la policía, Colau apeló a la ley y el orden, diciendo que Barcelona había solicitado más policías para luchar contra la “inseguridad”.

El enfrentamiento violento del sábado refleja las explosivas tensiones políticas y de clase creadas por la represión del Gobierno del PP en Cataluña. Un año después del referéndum por la independencia de Cataluña de 2017, no se ha resuelto ni uno de los problemas que llevaron a los nacionalistas catalanes a convocar el referéndum por la independencia, y a Madrid a ordenar su represión.

Una oleada de huelgas se está produciendo a lo largo de España y Europa en medio de la ira creciente por la austeridad y las políticas militaristas de la UE y Madrid. Con la asunción de un nuevo Gobierno en minoría del PSOE respaldado por Podemos y los principales partidos nacionalistas catalanes, el abismo de clase que separa a todos los grupos de poder de las masas de trabajadores se ha ensanchado.

El presidente Pedro Sánchez, del PSOE, ha continuado en todo lo esencial las políticas del PP de militarismo y de represión estatal-policial, al tiempo que mencionaba unas pocas concesiones simbólicas. Ha declarado su simpatía por la autonomía catalana y ha planteado propuestas de invertir €500 millones en infraestructura catalana. Al mismo tiempo, sin embargo, el Gobierno del PSOE, que se mantiene en el poder con el apoyo de Podemos, ha mantenido encarcelados a los presos nacionalistas catalanes y mantiene las acusaciones de “rebelión” contra nueve de ellos. Los cargos están sujetos a condenas de hasta 25 años de cárcel.

Las políticas reaccionarias del PSOE y de Podemos han dejado al descubierto la bancarrota de los principales partidos nacionalistas catalanes, Junts per Catalunya (JxCat) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los cuales respaldaron la moción de censura de junio que llevó al PSOE al poder.

La pseudoizquierdista CUP y sus apéndices, como la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT), morenista, están respondiendo con llamamientos a implementar el presunto “mandato del referéndum del 1 de octubre”. Con un 92 por ciento de los votos a favor de la independencia y una participación de solo el 43 por ciento, menos del 40 por ciento de los censados para votar apoyaron la independencia. Sin embargo, la CUP y la CRT están agitando para que los nacionalistas catalanes se independicen de España, criticando a JxCat y a ERC por querer solo “una vuelta a la normalidad autonómica y el cuidado de las inversiones en las grandes empresas catalanas”.

La CUP y la CRT saben que los nacionalistas catalanes no tienen ninguna base en la clase trabajadora, no más que los partidos gobernantes españoles, y temen la creciente radicalización entre los trabajadores.

El sitio web Izquierda Diario de la CRT exige que los nacionalistas catalanes busquen “ensanchar su base” yendo a las “calles, a las fábricas, a los lugares de estudio y a los barrios populares”. Esto, afirman ellos, para “sumar al grueso de la clase trabajadora catalana a esta lucha democrática y volver a las calles mucho más renovados y con un programa político que resuelva los graves problemas democráticos y sociales”. Añaden, “Hay que ligar así la luchar ( sic ) por la República catalana con la lucha para acabar con la precariedad, los salarios nimileuristas de los jóvenes, mujeres e inmigrantes”.

De hecho, el año pasado ha mostrado que una perspectiva independentista catalana, que divide a los trabajadores catalanes y los de habla castellano, es una trampa para los trabajadores que se oponen a las políticas de Estado policial de la UE y de España. Los que la disfrazan de “izquierdista”, como la CUP, tienen vastos antecedentes de votar los presupuestos de austeridad propuestos por los principales partidos nacionalistas catalanes. Esos partidos se oponen violentamente a movilizar a la clase trabajadora y están orientados hacia las sórdidas maniobras políticas de Madrid.

JxCat y ERC han amenazado con retirarle el apoyo al gobierno del PSOE y dejar que se venga abajo si Sánchez se niega a discutir la autodeterminación y no libera a los nacionalistas catalanes encarcelados. Sin embargo, no han cumplido esta amenaza, temiendo que nuevas elecciones lleven al poder al PP y a Ciudadanos, que le están exigiendo a Sánchez que vuelva a imponer un Gobierno no electo en Cataluña.

La bancarrota política de todas esas fuerzas justifica la declaración que hizo el Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) el año pasado en vísperas del referéndum. Advertía que la oposición a la represión “no puede estar bajo el control de los partidos gobernantes de Madrid ni de los nacionalistas catalanes, que son vigorosamente hostiles a la clase obrera”.

El CICI insistía en que la “división de la clase obrera española por la construcción de un nuevo Estado capitalista en Cataluña, gobernado por partidos con un largo historial de apoyo a la guerra y la austeridad, no ofrece nada a los trabajadores. Separaría a los trabajadores catalanes de su mayor aliado contra la embestida de Madrid: toda la clase trabajadora española y europea”.

La única política viable contra el peligro de la guerra y la dictadura, escribió el CICI, “es luchar para unificar a la clase obrera en España y Europa en una lucha contra el capitalismo y para la reorganización socialista de la sociedad. Esto sólo puede llevarse a cabo en la lucha revolucionaria contra todas las facciones de la burguesía española”.

(Publicado originalmente en inglés el 1 de octubre de 2018)