En marzo, el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (SOCOM), la rama del Departamento de Defensa que preside las Fuerzas Especiales celebró una conferencia con el tema “Soberanía en la Edad de la Información”. Ahí, se reunieron oficiales de las Fuerzas Especiales, las fuerzas policiales estadounidenses, incluido el Departamento de Policía de Nueva York, y de empresas tecnológicas como Microsoft.

Esta cumbre de representantes militares, policiales y corporativos no fue objeto de reportajes ni anuncios en el momento. Sin embargo, el Atlantic Council publicó recientemente un documento de 21 páginas resumiendo la orientación que siguió el evento. Su autor es John T. Watts, un exoficial del Ejército australiano y consultor del Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional de EUA.

El Atlantic Council, un centro de pensamiento con estrechos lazos a los niveles más altos del Estado, ha sido un actor clave en la censura de puntos de vista izquierdistas por parte de las empresas de redes sociales. Más notablemente, Facebook utilizó las pistas de Atlantic Council para clausurar las páginas oficiales de eventos como una manifestación antifascista en Washington en el aniversario del motín neonazi en Chartlottesville del año pasado.

Confiado en que ninguno de los miles de periodistas en Washington pondrá en tela de juicio o siquiera reportara lo que escribe, Watts describe, desde el punto de vista del aparato represivo del Estado y la oligarquía financiera que defiende, por qué es necesaria la censura.

El tema central del informe es la “soberanía”, o la habilidad del Estado para imponer su voluntad a la población. Dicha “soberanía”, según Watts, se enfrenta a “desafíos mayores que nunca en el pasado”, debido a la confluencia de una oposición política al Estado cada vez más extensa y la habilidad del Internet para ampliar el disentimiento político más rápido.

Watts cita el precedente de la invención de la imprenta, que ayudó a derrocar el orden mundial feudal. Sin embargo, del parecer del Atlantic Council, esto fue sumamente negativo, desatando “décadas y, se puede argüir, siglos de conflictos y disrupción” y socavando la “soberanía” de los Estados absolutistas. La “invención del internet está creando conflictos y disrupción de forma similar”, escribe.

“La confianza en la sociedad occidental”, advierte, “está atravesando una crisis. El Barómetro de Confianza Edelman de 2018 ha registrado esta erosión, mostrando una caída de 30 por ciento en la confianza en el Gobierno durante el último año en Estados Unidos”.

Watts afirma que este colapso en el apoyo al Gobierno no se puede adscribir solo a la aparición de las redes sociales. Este proceso comenzó a principios del milenio, “durante el inicio de las redes sociales, pero antes de que fueran parte de la corriente dominante”. Deja por fuera las razones principales del derrumbe en el apoyo a las instituciones gubernamentales: la elección robada de 2000, las mentiras del Gobierno de Bush sobre armas de destrucción masivas, las guerras interminables y el impacto de la crisis financiera de 2008.

Sin embargo, mientras que “es difícil aducir que la pérdida de confianza en marcha se debe solamente al surgimiento de redes sociales”, escribe, “no puede haber mayor duda de que actuó como un amplificador crítico de tendencias más amplias”.

Continúa: “La tecnología ha democratizado la habilidad de grupos subestatales e individuos a difundir una narrativa con recursos limitadas y un alcance prácticamente irrestricto”. Por el contrario, “en el pasado, el público general tenía fuentes limitadas de información que eran administradas por porteros (gatekeepers) profesionales”.

En otras palabras, el crecimiento de redes sociales no censuradas ha permitido que grupos pequeños con ideas que corresponden a las de población en general puedan desafiar en plano de igualdad la narrativa política de intereses establecidos, sin tener que atravesar “porteros profesionales” representados por los medios de comunicación impresos, radiales o televisivos que solo publican contenido progubernamental.

Cuando “puntos de vista radicales y extremistas” e “ideas incorrectas” se “difunden en redes sociales, incluso pueden influenciar las opiniones de personas que, de lo contrario, no serían receptivos a tal perspectiva”, advierte. “Cuando un amigo cercano o un pariente la comparte, esta información falsa puede ser difícil de corregir”.

En otras palabras, hay que aislar a las personas de las ideas “incorrectas” de amigos y familiares porque al Estado le cuesta “corregir” estas ideas después de ser difundidas.

¿Pero cómo lo harán? El crecimiento de la oposición no se puede combatir con “hechos” o la “verdad”, porque “los hechos mismos no son suficientes para combatir la desinformación”. La “verdad” es “demasiado compleja, menos interesante y menos significativa para los individuos”.

Por ahora, tampoco se puede atajar el incremento de la oposición política simplemente “eliminando” (i.e. asesinando o encarcelando) a disidentes políticos, porque esto solo legitimaría las ideas de las víctimas. “Eliminar a estos individuos y organizaciones no será suficiente para combatir la narrativa y podría, de hecho, ayudar a amplificarla”. Añade, “Este también es el caso de la censura, ya que aquellos detrás de la narrativa pueden utilizar el intento a reprimir el mensaje como prueba de su veracidad, importancia o autenticidad”.

He ahí el papel de las empresas que administran las redes sociales. El mejor mecanismo para suprimir puntos de vista de oposición y promover narrativas progubernamentales es por medio de sector privado, particularmente “los gigantes tecnológicos como Facebook, Google, YouTube y Twitter”, los cuales “pueden determinar qué puede y no puede ver la gente”.

Por ende, el sector privado tiene que hacer el trabajo sucio del Gobierno porque la propaganda oficial es objeto de sospecha. “Las empresas y el sector privado puede que no entiendan naturalmente el papel que desempeñan en combatir la desinformación, pero su papel es uno de los más importantes… En Occidente, por lo menos, se han visto impulsados a ejercer protagonismo debido al aumento en la confianza del público en ellos como instituciones”.

Pero este es tan solo el comienzo. Los periódicos en línea deben “considerar deshabilitar los sistemas de comentarios—la función que permite que el público general deje comentarios bajo una unidad mediática particular—“, mientras que las redes sociales deben “utilizar un sistema de calificación como el que se usa para puntuar el nivel de limpieza de los restaurantes” para calificar las declaraciones políticas de sus usuarios.

Las tácticas de mano dura conservan su uso, por supuesto. Refiriéndose al editor de WikiLeaks, Julian Assange, Watts contempla que “los Gobiernos necesitan crear consecuencias” respecto a la “desinformación” similares a las que se emplean para el “espionaje estatal”, el cual conlleva la pena capital.

Lo que Watts expone en su documento es una visión de un orden social totalitario en el que el Gobierno, la prensa y las empresas tecnológicas colaboran en la supresión de puntos de vista de oposición.

El elemento más impactante del documento, no obstante, es que no describe una realidad futura, sino contemporánea. Todo lo declara en tiempo presente. La maquinaria de la censura estatal ya está en proceso de construcción.

El informe del Atlantic Council, basando en discusiones de alto nivel dentro del ejército y el Estado, es la confirmación de todo lo que el World Socialist Web Site ha escrito durante el último año y medio sobre el propósito de los cambios en los algoritmos de las empresas del internet y las redes sociales.

El 25 de agosto de 2017, el WSWS publicó una carta abierta a Google acusando a la compañía de “manipular sus resultados de búsqueda para alejar a los usuarios de las publicaciones socialistas, antibélicas y de izquierda”. Añadió: “Una censura de esta magnitud equivale a construir una lista negra política”.

En el año que ha transcurrido, los detalles cruciales de la carta abierta han sido indisputablemente confirmados. En audiencias legislativas y otras ocasiones en que han hecho declaraciones públicas, las principales empresas tecnológicas de EUA han explicado que ya han reducido la difusión de los puntos de vista y declaraciones marcadas por las agencias de inteligencia estadounidenses y que lo hicieron en secreto por temor a una protesta pública. Al mismo tiempo, han explicado las técnicas por medio de las cuales han promovido a medios noticiosos progubernamentales y proguerra, como el New York Times y el Washington Post.

Sin embargo, el documento del Atlantic Council constituye la presentación más clara, directa y empedernida del régimen de censura estatal.

La lucha contra la censura es la punta de lanza de la defensa de todos los derechos democráticos. La tarea más urgente es unificar a la clase obrera, la cual está avanzando una ola de luchas sociales por todo el mundo, y movilizarla en combate contra la censura como un componente de la lucha por el socialismo.

(Publicado originalmente en inglés el 5 de octubre de 2018)