Aumentan las exigencias dentro del establishment político español para prohibir a los principales partidos políticos catalanes, el Partido Demócrata Europeo Catalán (PdeCAT), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la pseudoizquierdista Candidatura de Unidad Popular (CUP). Esas exigencias para atacar o ilegalizar partidos que en conjunto son votados por millones de electores jalonan una importante intensificación en el rumbo que ha tomado la burguesía española y la europea hacia un Estado policial.

Ya ha pasado un año desde el referéndum por la independencia de Cataluña en octubre pasado y su violenta represión por la policía, que dejó más de 1.000 votantes pacíficos heridos. Y sin embargo los conflictos subyacentes siguen igual de irreconciliables. El derechista Partido Popular (PP) y Ciudadanos están exigiendo la ilegalización de la CUP; una nueva ley electoral que dificulte que las fuerzas nacionalistas catalanas, vascas y gallegas consigan escaños en el congreso de los diputados; y que Madrid imponga un gobierno no electo en Cataluña, invocando de nuevo el Artículo 155 de la constitución española de 1978.

El Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) se opuso al referéndum catalán, una votación convocada por partidos favorables a la austeridad y a la Unión Europea (UE) con el objetivo de dividir a la clase trabajadora según la nacionalidad. Pero su oposición principista al nacionalismo burgués y pequeñoburgués catalán no menguan su oposición a las medidas de la burguesía española, respaldada por la UE, de construir un régimen de Estado policial cuyo objetivo central sea la creciente militancia y actividad huelguística de la clase trabajadora.

El PP y Ciudadanos se aprovechan de varios acontecimientos como pretextos para la represión y se están apoyando en las políticas reaccionarias del gobierno en minoría del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez, respaldado por el partido Podemos, de la pseudoizquierda.

El primero fueron los enfrentamientos entre la policía catalana y fuerzas alineadas con la CUP que protestaban contra una manifestación provocadora en defensa de la policía española convocada por la derechista Fundación Jusapol. La manifestación en apoyo a la policía aclamó la violenta represión policial al referéndum catalán o, en palabras del presidente de Jusapol Natan Espinosa, fue para “honrar a los que trabajaron por preservar la unidad de España”.

El otro pretexto es la amenaza del presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, de retirar el apoyo al gobierno minoritario del PSOE y presionar por la independencia unilateral si Sánchez no reconoce la autodeterminación catalana. Torra alentó a manifestantes del entorno de la CUP a seguir marchando —diciendo, “Presionad, hacéis bien en presionar”— dejando a la vista de nuevo los estrechos vínculos de la CUP con el régimen de austeridad de Torra.

El día después de los enfrentamientos, el líder del PP Pablo Casado dijo que había que ilegalizar a todos los partidos nacionalistas catalanes. Se comprometió a “solicitar la modificación de la Ley de Partidos para que podamos actuar ya contra esos partidos y organizaciones en Cataluña, que están incitando a la violencia y a la confrontación civil. … Tras los altercados de ayer, no podemos tolerar que haya partidos políticos como la CUP, ERC o PDeCat que no condenan esas agresiones intolerables”.

Casado propuso alcanzar estos fines invocando la ley utilizada en 2003 para ilegalizar a Batasuna, el ala política del grupo nacionalista vasco ETA. También exigió estrangular financieramente a los partidos que, dijo, “incitan a la violencia o la justifican” eliminándoles todas las subvenciones públicas.

Casado después atacó a Sánchez, diciendo que “ya no hay excusa” para no implementar el Artículo 155 e imponer un nuevo gobierno regional no electo en Cataluña. En Twitter, comparó los comentarios de Torra con el “apoyo a la kale borroka”, que en euskera significa violencia callejera —como quemar coches, atacar casas o sedes de bancos, y atacar el transporte público como hacía la juventud nacionalista vasca del entorno de ETA en los 1980 y los 1990.

Casi exigiendo suspender permanentemente el gobierno regional catalán, exigió que se aplique el Artículo 155 “con la duración necesaria, las prórrogas necesarias, y con suficiente implicación del Estado”.

El líder de Ciudadanos Albert Rivera dijo que discutiría la ilegalización de la CUP, que le da una mayoría favorable a la independencia en el parlamento catalán al gobierno separatista y favorable a la austeridad de Torra. También exigió la reforma de la ley electoral española para establecer un umbral del 3 por ciento para que los partidos entren al congreso de los diputados. Como los nacionalistas catalanes casi ni tienen apoyo fuera de Cataluña, esto eliminaría de facto a ERC, PDeCAT y al Partido Nacionalista Vasco del congreso de los diputados.

Como el PP y Ciudadanos no llegan a la mayoría parlamentaria para reformar la ley electoral, Rivera exigió que Sánchez apoyara tal medida. De momento el PSOE rechaza esto, en lo que el secretario del partido llama “echar gasolina” encima del incendio político en Cataluña.

Hay una oposición generalizada al PP en España, así como al programa secesionista de los nacionalistas catalanes en Cataluña, y una creciente ola huelguística en España y en Europa. Si el PP y Ciudadanos pueden proceder con ataques a los derechos democráticos y medidas hacia la construcción de un Estado policial, ello se debe sobre todo al papel reaccionario de Podemos al apoyar al gobierno del PSOE y suprimir la oposición desde la izquierda al PSOE y al PP. La ausencia de cualquier oposición desde esos dos partidos envalentona a la derecha en sus ataques a los derechos democráticos.

Sánchez está continuando la represión a los nacionalistas catalanes del gobierno anterior del PP, al tiempo que hace algunas concesiones simbólicas para intentar suavizar las relaciones. Aunque Sánchez declaró su simpatía por la autonomía catalana, mantiene encarcelados a los presos políticos catalanes y mantiene los cargos de “rebelión” contra nueve políticos y funcionarios catalanes encarcelados. Los cargos conllevan sentencias de hasta 25 años de cárcel.

El PSOE, que, como el PP antes, gobierna en minoría, se mantiene en el poder solo gracias al apoyo de Podemos, junto con el de varios partidos regionales nacionalistas. El Secretario General de Podemos Pablo Iglesias ha visitado a los presos políticos catalanes a la cárcel para llevarles mensajes de Sánchez, y le exigió a Sánchez que diseñara una “política de Estado concreta” para Cataluña. Iglesias no deja en secreto la estrecha colaboración política entre Podemos y el gobierno.

Iglesias dijo que “Podemos nunca ha tenido tanta influencia como ahora”, añadiendo que el partido está “orgulloso de nuestro empuje” como los principales simpatizantes de Sánchez. Que se jacte de eso es una exposición devastadora del papel reaccionario de Podemos.

Los dirigentes de Podemos están declarando su generoso respaldo a todas las políticas antiobreras que el PSOE ha venido implementando desde que asumiera el poder en junio. El PSOE no solo ha mantenido en la cárcel a los nacionalistas catalanes con acusaciones fraudulentas, sino que h amenazado con volver a aplicar el Artículo 155 en la región y aprobó el presupuesto de austeridad del anterior gobierno del PP, incluyendo billones de euros en el aumento del gasto militar. También le vendió bombas de precisión a Saudi Arabia para su guerra sangrienta en Yemen, llevó a cabo expulsiones masivas de inmigrantes y mandó la policía a romper huelgas.

Esto una vez más confirma la evaluación del CICI acerca del papel de Podemos como partido antiobrero y antimarxista, y su insistencia de que la cuestión clave en España y en Europa es construir secciones del CICI para dar dirección política a las batallas emergentes de la clase trabajadora.

Como advirtió el CICI en su declaración “¡Oponerse a la represión estatal sobre el referéndum independentista de Cataluña!” en vísperas del referéndum, “La crisis catalana ha expuesto una vez más el papel reaccionario de Podemos. … Podemos sigue exigiendo una alianza con el PSOE, a pesar de que el PSOE apoya la represión del PP en Cataluña”. El CICI advirtió de que Podemos estaba “señalando a la clase gobernante que también está disponible para formar un gobierno alternativo. … Tal gobierno, si se formara, no ofrecería alternativa al impulso hacia la dictadura y la austeridad que ya está persiguiendo el PP”.

Esta valoración del papel que jugaría un gobierno respaldado por Podemos en España ha quedado totalmente justificada.

(Publicado originalmente en inglés el 11 de octubre de 2018)