La propuesta del Gobierno de Trump de eliminar el derecho a una ciudadanía por nacer en Estados Unidos, consagrada en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, es otro hito en la ofensiva en marcha contra los derechos democráticos. 

Con este paso, la oligarquía estadounidense está repudiando un principio democrático básico sobre el cual se fundó la republica estadounidense y el cual está representado por la proclamación de la Declaración de Independencia de que “todos los hombres han sido creados iguales”. Si el presidente estadounidense puede abrogar por decreto ejecutivo la Decimocuarta Enmienda, ¿qué lo previene de anular la Carta de Derechos en su conjunto, la cual garantiza el libre discurso, la protección de requisamientos o decomisos irrazonables, el debido proceso, el derecho a asesoramiento legal, entre otras protecciones fundamentales?

La propuesta de Trump, la cual se produce en los últimos días de campaña antes de las elecciones de medio término, es una provocación de su Administración y asesores fascistas que busca fomentar la xenofobia y crear una base de apoyo para un movimiento derechista y extraconstitucional. Tal movimiento es considerado como algo necesario para implementar la agenda proempresarial, militarista y antiinmigrante de Trump.

El impacto para la clase obrera y los inmigrantes de eliminar la ciudadanía por nacimiento sería devastador. Los 300.000 niños nacidos cada año de padres que no son ciudadanos estarían sujetos a detenciones y deportaciones. 

Crearía una subclase social compuesta por familias inmigrantes con temor a enviar a sus hijos a las escuelas, dar a luz en hospitales o enviar a sus hijos enfermos al doctor. Millones de niños no serían ciudadanos de ningún país. Se extenderían por las urbes del país distritos marginales e incluso guetos amurallados con condiciones del tercer mundo y de apartheid.

De aplicarse retroactivamente, la eliminación del derecho a una ciudadanía por nacimiento pondría a 10 millones de personas en riesgo inmediato de deportación. De todos modos, el Gobierno responderá al crecimiento de la población indocumentada con la imposición de la ley marcial, incluyendo la construcción de más campos de detención y el despliegue de más agentes migratorios y soldados tanto en zonas fronterizas como en las metrópolis. 

Como lo indicó el miércoles la organización American Immigration Council, la decisión “también crearía dificultades para todos los estadounidenses, quienes ya no podrían apuntar a su certificado de nacimiento como prueba de ciudadanía. Si el lugar de nacimiento deja de ser una muestra de ciudadanía, entonces todos los estadounidenses —no solo aquellos cuyos padres son indocumentados— se verían obligados a probar la nacionalidad de sus padres al Gobierno para ser reconocidos como ciudadanos estadounidenses”. 

Los trabajadores y pobres tendrían las mayores dificultades para rastrear su árbol genealógico y, por ende, les denegarían los derechos del debido proceso legal, sufragio y acceso a servicios sociales. 

El paso revela cuan profunda ha sido la erosión de los principios democráticos en la clase gobernante. Casi dos décadas desde la elección robada en 2000 y el lanzamiento de la “guerra contra el terrorismo”, ambos partidos ya han rasgado la Carta de Derechos a pedazos, bombardeando países bajo falsos pretensos, asesinando a miles con drones, empleando tortura, espiando a la población y llevando a cabo deportaciones masivas. 

El Partido Demócrata y los medios corporativos y prodemócratas han asumido dos posturas: apoyar la propuesta de abrogar la ciudadanía por nacimiento o retarle importancia. 

El senador demócrata de Indiana, Joe Donnelly, anunció el miércoles que apoyaba la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, mientras que la senadora demócrata de Missouri, Claire McCaskill, dijo a CNN: “Apoyo al presidente 100 por ciento en hacer lo que tenga que hacer para asegurar la frontera”. 

NBC reportó que, en un discurso de campaña apoyando a un senador demócrata en Maryland el martes, Bernie Sanders evitó deliberadamente hacer referencia al ataque de Trump al derecho de nacionalidad por nacimiento.

El día anterior, Sanders buscó minimizar el peligro de la extrema derecha, denunciando a los que asocian la retórica fascista de Trump con el tiroteo del sábado pasado en la sinagoga Tree of Life de Pittsburgh, donde fallecieron 11 personas judías. “No voy a sentarme aquí y culpar al presidente” por el tiroteo, dijo. 

De los 28 editoriales y artículos de opinión publicados en las ediciones en línea de ayer en el New York Times y el Washington Post, solo tres mencionaron el ataque de Trump contra la ciudadanía por nacimiento. 

De estos, un artículo de opinión del Post escrito por George Conway y Neil Katyal hace la declaración somnífera de que “sin duda” los esfuerzos de Trump de decretar dicha medida serán detenidos por las cortes, mientras que el otro comentario, redactado por Megan McArdie defendió a Trump, afirmando que representa una “demencia ofensiva” decir que su ofensiva contra los inmigrantes tiene algo que ver con el fascismo o las dictaduras. “No tiene sentido hacer tales argumentos y la gente de izquierda necesita detenerse”, afirma. 

La respuesta del Partido Demócrata y de los periódicos alineados con éste confirma que esta facción de la aristocracia financiera es igual de hostil hacia los derechos democráticos que Trump y los republicanos, a pesar de que tengan distintas prioridades. 

Mientras que los republicanos y Trump buscan instigar a los elementos más rezagados de la población para crear una atmósfera pogromista contra los inmigrantes, el principal objetivo del Partido Demócrata es trabajar junto a las agencias militares y de inteligencia, y las empresas tecnológicas para censurar el Internet y silenciar cualquier punto de vista político que la élite empresarial y la CIA consideren que “no sea de autoridad”. 

Con solo reemplazar “injerencia extranjera” y “Rusia” por “invasores inmigrantes” y “bad hombres”, la histeria derechista promovida por los demócratas y republicanos se vuelve indistinguible. En ambos casos, los ataques más viciosos posibles contra los derechos democráticos son justificados con base en advertencias intransigentes de amenazas a la “seguridad nacional”. 

El derecho de ciudadanía por nacimiento está consagrado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual fue aprobada en el Congreso en 1866 y aprobada por tres cuartas partes de los estados hace tan solo 150 años, el 28 de julio de 1868. 

La enmienda comienza con las siguientes palabras, “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos… son ciudadanos de Estados Unidos”, y luego establece que, junto a este derecho, ningún estado puede “privar a ninguna persona de vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal”. 

Defendiendo su propuesta, Trump tuiteó el miércoles: “Este caso será resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos”. 

Este “caso” sobre la ciudadanía por nacimiento ya fue resuelto, por una Guerra Civil que cobró más de 600.000 vidas entre 1861 y 1865. Como lo explicó el presidente Abraham Lincoln en su discurso de Gettysburg de 1863, la guerra puso a prueba si una nación “dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales… puede perdurar”. 

La Decimocuarta Enmienda rechazó la concepción de que los derechos y la nacionalidad se derivan de la sangre, la raza o el estatus de nobleza. Fue específicamente una respuesta al notorio fallo de la Corte Suprema de 1857 en el caso Dred Scott vs. Sandford, cuando decidió que las personas con descendencia africana no eran ciudadanos y no tenían derechos básicos como a un proceso debido legal. 

En última instancia, el blanco de esta y otras medidas es la clase obrera estadounidense e internacional. Ante el aumento de la desigualdad social, el creciente movimiento huelguístico y la desilusión generalizada hacia a élite política, aquellas verdades que la burguesía consideró en su época revolucionaria como “evidentes por sí mismas”, son ahora desdeñadas como derechos incompatibles con su adquisición de mayores ganancias corporativas y dominio militar global. 

El derecho a la libertad de expresión y el derecho de los inmigrantes a una ciudadanía y sus derechos asociados en suelo estadounidense, al igual que todos los derechos democráticos, solo son capaces de facilitar, en ojos de la clase dominante, la unificación y la educación de la clase obrera mundial, sentando la base para que ocurra su peor pesadilla: una revolución socialista y la expropiación de su riqueza para el beneficio de la raza humana. 

(Publicado originalmente en inglés el 1 de noviembre de 2018)