En la víspera de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, el Gobierno de Trump acudió a la Corte Suprema de los Estados Unidos para solicitar la autorización de eliminar el programa de Acción Diferida para los Llegados desde la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), en virtud del cual unos 800.000 jóvenes inmigrantes traídos a los Estados Unidos como niños puedan trabajar e ir a la escuela a pesar de carecer de estatus legal.

El procurador general Noel Francisco solicitó a la Corte Suprema que anule tres fallos de tribunales inferiores que han impedido que Trump cancele DACA desde que emitió la orden por primera vez, en septiembre de 2017, con seis meses de aviso para su finalización. Afirmó que la orden ejecutiva original emitida por el presidente Barack Obama no tenía autoridad legal, y que estaba "claramente dentro de la autoridad del DHS [siglas en inglés, Departamento de Seguridad Nacional] establecer las prioridades de la ley de inmigración de la nación y poner fin a la política discrecional de DACA".

Francisco solicitó a la Corte Suprema que omita las cortes federales de apelaciones de nivel intermedio e intervenga de inmediato para anular las órdenes judiciales de tres tribunales de distrito federales diferentes, en California, Nueva York y el Distrito de Columbia. El paso inusualmente agresivo pareció estar determinado por la proximidad de la jornada electoral, para permitirles a Trump y a los candidatos republicanos presumir otra acción contra los inmigrantes justo cuando decenas de millones de votantes acuden a las urnas.

Los jueces de los tribunales distritales le han ordenado a la Administración continuar la gestión de solicitudes de los destinatarios de DACA para renovar su estatus, mientras que el litigio se resuelve en los tribunales federales. Esto permitiría que la mayoría de los beneficiarios de DACA continúen trabajando o estudiando. La Administración de Trump quiere hacer que esto sea imposible y permitir que las protecciones de DACA caduquen mientras el caso sigue en los tribunales.

Si la mayoría ultraderechista de la Corte Suprema acuerda tomar el caso, incluidos los dos candidatos de Trump, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, se decidirá para junio próximo.

En el último día de campaña antes de las elecciones de mitad de término, Trump continuó con sus diatribas fascistizantes centradas en los inmigrantes en los mítines del lunes en Ohio, Indiana y Missouri. El principal blanco de sus ataques, como lo han sido durante las últimas dos semanas, son los miles de refugiados centroamericanos que han formado una caravana que ahora se encuentra en el centro de México, a unos 1.300 kilómetros de la frontera de EUA.

La semana pasada, Trump ordenó que llegasen a la zona fronteriza hasta 15.000 soldados, y los primeros destacamentos fueron grabados desenrollando alambres de púas y colocando barricadas a lo largo del Río Bravo, en lo que equivalió a una campaña comercial extendida para los candidatos republicanos el 6 de noviembre.

Para el lunes, según el Pentágono, ya se habían desplegado 4.800 soldados a lo largo de la frontera, 2.600 en Texas y 1.100 en Arizona y California. Reuters informó que miembros de la cúpula militar se opusieron a un plan para que los soldados construyan los campamentos de carpas a lo largo de la frontera, donde decenas de miles de inmigrantes serán encarcelados, y esto lo hará el Departamento de Seguridad Nacional.

En Ft. Wayne, Indiana, Trump aseveró que las caravanas de migrantes estaban viajando a Estados Unidos "para atiborrar sus escuelas, sus hospitales y sus comunidades" y repitió la mentira de que el Partido Demócrata estaba promoviendo las caravanas.

En muchos mítines, Trump ha utilizado el ataque antisemita de que el multimillonario patrocinador del Partido Demócrata, George Soros, un judío húngaro que sobrevivió al Holocausto, estaba pagando por las caravanas. Continuó diciendo esta mentira incluso después de que un derechista que apoyaba a Trump enviara bombas caseras a una docena de demócratas y críticos de Trump, incluido Soros.

Los candidatos demócratas ante la Cámara de Representantes y el Senado, así como destacados voceros del partido como el expresidente Barack Obama y el exvicepresidente Joe Biden, se han negado a denunciar la persecución de Trump contra los inmigrantes como descaradamente ilegal e inconstitucional, o se han alineado detrás del mandatario.

Obama se dirigió a un mitin el domingo en Gary, Indiana, para apoyar al senador que busca la reelección, Joe Donnelly, quien está en un empate estadístico en las encuestas, en un estado que Trump ganó fácilmente en las elecciones presidenciales de 2016. Donnelly se doblegó ante Trump, presumiendo haber votado igual que el presidente republicano el 62 por ciento del tiempo y respaldando sus denuncias contra los "inmigrantes ilegales".

Durante un debate con el republicano Mike Braun, Donnelly dijo que estaba abierto a la propuesta de Trump de abolir el derecho a la ciudadanía por nacimiento, garantizada por la Decimocuarta Enmienda a la Constitución, siempre y cuando fuera de la forma legal adecuada. "Tenemos que echar un vistazo a esa legislación", dijo. "Me gustaría ver esa legislación, asegurarme de que haya sido constitucional y revisarla en primer lugar".

El discurso de Obama, que pronunció en Gary el domingo, criticó los esfuerzos de Trump de demonizar la caravana de inmigrantes centroamericanos, pero lo trató casi como una broma. Tal abordaje va en línea con las declaraciones de los líderes demócratas del Congreso. El líder de la minoría del Senado Charles Schumer y la líder de la minoría de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, afirmaron que la inmigración es una "distracción" del que supuestamente es el principal problema de los demócratas en 2018, el acceso a la salud.

Los ataques del Gobierno de Trump a los derechos democráticos no se limitan a los inmigrantes indocumentados, la sección más vulnerable de la clase trabajadora. Esto lo demuestra el esfuerzo coordinado, utilizando los tribunales y los Gobiernos estatales, para socavar el derecho de sufragio y reprimir la participación de los votantes en elecciones clave del martes.

En Georgia, donde el candidato republicano a gobernador, Brian Kemp, también es secretario de estado, estando a cargo de la administración electoral del estado, el gobierno local anunció el domingo que iniciaría una investigación sobre cargos de "infiltración informática" contra el Partido Demócrata de Georgia, afirmando, sin proporcionar cualquier evidencia, que activistas del Partido Demócrata habían intentado infiltrarse en el sistema de registro de votantes del estado.

La acusación se originó a raíz del esfuerzo realizado por una voluntaria demócrata para notificar a la oficina de la secretaría de estado de un posible fallo de seguridad en el sistema, del cual había sido alertada. Pero, poco después de que Kemp apareciera al lado de Trump en un mitin de campaña en Macon, Georgia, su campaña emitió una declaración en la que denunciaba a los demócratas y declaraba: "Estos radicales hambrientos de poder deben rendir cuentas sobre su comportamiento criminal".

Esto pareció ser un esfuerzo por parte de Kemp de tomar represalias por el fracaso de varios otros esfuerzos de supresión de votantes en ese estado, incluida la llamada regla de "coincidencia exacta", según la cual las solicitudes de votantes con discrepancias tan pequeñas como un guion faltante podrían dejarse de lado.

De las 53.000 solicitudes inicialmente retenidas, el 70 por ciento fueron de afroamericanos, aunque representan menos del 40 por ciento de los votantes. Un juez federal emitió una orden el 2 de noviembre que ordenaba al estado cambiar los procedimientos y retirar las notificaciones que informaban a los votantes involucrados que no podrían presentar papeletas.

Kemp es uno de una docena de secretarios de estado republicanos que han supervisado la purga de millones de votantes "inactivos" de las listas por no votar en dos o más elecciones. Georgia ha descalificado a dos millones de votantes desde 2012. En Ohio, un tribunal federal de apelaciones intervino la semana pasada, dictaminando que el Gobierno estatal debe permitir que miles de votantes depurados depositen sus boletas provisionales el 6 de noviembre.

En un ataque particularmente nocivo a los derechos democráticos, un tribunal federal confirmó una ley de identificación de votantes en Dakota del Norte que exige que los votantes tengan una identificación con una dirección física. Dado que pocos de los 30.000 nativos americanos que viven en reservas tienen domicilios, este es un esfuerzo transparente para suprimir el voto de los nativos americanos, que el Gobierno estatal republicano considera que votarán por los demócratas.

En Dodge City, Kansas, donde el 60 por ciento de los residentes son latinos, la mayoría de ellos inmigrantes recién llegados y haciendo trabajos difíciles en frigoríficos locales, el secretario del condado trasladó el único lugar de votación a un lugar fuera de los límites de la ciudad y a un kilómetro y medio de la parada de autobús más cercana. El secretario de estado de Kansas, Kris Kobach, es el candidato republicano para gobernador, y un promotor desde hace mucho del mito de que se producen fraudes generalizados con votos de inmigrantes indocumentados. Kobach encabezó la comisión luego de la disolución de Trump para investigar las afirmaciones de que se emitieron "millones" de votos ilegales a favor de Hillary Clinton en 2016.

Además de estos métodos procesales para impedir que las personas voten, unos 6,2 millones de estadounidenses están totalmente privados de sus derechos porque están en prisión, en libertad condicional o tienen condenas por delitos graves, en algunos casos de hace muchas décadas. Casi 1,5 millones de personas en Florida están privadas de este derecho de por vida. En Kentucky, el 10 por ciento de todos los adultos y el 25 por ciento de los afroamericanos no pueden votar debido a condenas por delitos graves.

(Publicado originalmente en inglés el 6 de noviembre de 2018)