El estado estadounidense de California ha sido devastado por los incendios forestales más destructivos y letales en la historia del estado. Mientras que los incendios forestales, al igual que los huracanes, se derivan de causas naturales, sus horrendas consecuencias son el producto de la criminalidad de las empresas y la negligencia del Gobierno.

El impacto más devastador fue en el norte de California, donde el incendio llamado Camp destruyó en gran parte la comunidad rural de Paradise, con 26.000 habitantes. La cifra oficial de muertos es de 81. Cientos siguen desaparecidos y muchos se teme que también fallecieron por el fuego. Los equipos de búsqueda y socorro continúan inspeccionando las ruinas en busca de restos. Las temperaturas fueron tan altas en algunas partes como para destruir los huesos. Millones de personas se enfrentan a consecuencias médicas desconocidas por la contaminación del aire.

Con advertencias mínimas o nulas, las familias tuvieron que escapar de llamas que avanzaban a gran velocidad, pero se toparon con caminos bloqueados por el tráfico. Algunos lograron escapar a pie; otros murieron en sus carros cuando las llamas los sobrepasaron; muchos otros no alcanzaron a salir de sus hogares. Los que tuvieron más suerte igual perdieron casi todo y se han visto obligados a vivir como refugiados internos en albergues hacinados e insalubres y en ciudades de carpas improvisadas.

Las víctimas en Paradise eran de mayor edad y más pobres que el resto de California. La edad promedio era de 50 y el ingreso promedio era $20.000 menor al del estado. En lo que concierne la respuesta del Gobierno, es indiferente a sus vidas y continua supervivencia. Más allá de un puñado de albergues, donde un brote de novovirus ya envió a 25 personas al hospital, y una miseria de suministros de la agencia federal de emergencias FEMA, aquellos que escaparon de Paradise han tenido que recurrir a amigos, familia y caridades.

El incendio Camp se suma a la larga lista de desastres en los últimos años, incluyendo los huracanes Michael (60 muertos), Florence (53 muertos) y María (3.057 muertos) en Estados Unidos. Se produce cuatro meses después de los incendios forestales en el Ática, Grecia, que cobraron 99 vidas. En cada caso, los eventos naturales se han combinado con la decrépita infraestructura y los inadecuados planes de emergencias para crear catástrofes sociales.

La respuesta de los oficiales del Gobierno, tanto demócratas como republicanos, ha sido restarle importancia al desastre mientras buscan desviar la atención de aquellos responsables. El domingo, el secretario del Interior, Ryan Zinke, absurdamente culpó a “ambientalistas radicales” por prevenir que se diera una gestión forestal apropiada. Esto siguió el viaje de Trump al estado junto a oficiales demócratas, marcado por trivialidades y declaraciones vacías de apoyo mutuo.

¿Cuáles son los factores verdaderos detrás de la devastación?

En primer lugar, está el papel de las empresas energéticas, cuya infraestructura decrépita ha causado un gran número de incendios.

En el corazón de la infraestructura energética de California se encuentra un grupo de tres monopolios de servicios públicos controladas por inversionistas: Pacific Gas and Electric (PG&E), Southern California Edison (SCE) y San Diego Gas and Electric (SD&E). En combinación estas empresas han sido responsables por más de 2.000 incendios forestales en California desde que el estado exigió que lo reportaran en 2014. Por sí sola, PG&E es responsable de más de 1.500 incendios, incluyendo 16 incendios de gran escala en 2017. Se determinó que 11 de esos 16 se debieron a la negligencia de la empresa, la cual se enfrenta a una compensación de $17 mil millones por las pérdidas humanas y materiales el año pasado.

La causa exacta del incendio Camp sigue siendo investigada, pero se sabe que comenzó en Poe Dam [Presa], a 16 kilómetros al este de Paradise, tan solo minutos después de que PG&E reportara un corte en su tendido eléctrico en esa localidad. Los bomberos que respondieron inicialmente reportaron la caída de cables.

En un documento presentado por la comisión de seguridad e intercambio la semana pasada, PG&E declaró que, si la encontraban culpable del incendio, los daños superarían su seguro y amenazarían su estabilidad financiera. La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por su sigla en inglés) respondió inmediatamente que impondría límites a los perjuicios que las víctimas puedan reclamar a PG&E para proteger la “condición financiera” de la empresa, citando disposiciones de la nueva ley estatal promulgada por el gobernador Jerry Brown. En resumen, incluso si la compañía es declarada culpable por negligencia, los reguladores estatales desplazarán las obligaciones de los accionistas de PG&E a las víctimas.

Un segundo factor es el impacto de la negligencia del Gobierno y el fracaso a tomar medidas básicas de precaución, pese a amplias advertencias. Se sabía que Paradise estaba bajo peligro desde hace mucho. En 2002, una fuerte tormenta de viento tumbó cinco torres de acero de PG&E, generando un incendio que amenazaba toda la ciudad. El comandante del incidente en el momento le dijo al Chico Enterprise-Record que había sido “un milagro que tantos hogares se salvaran, que se perdieran tan pocas casas y que no hubo heridas graves ni muertes”.

En 2008 el incendio Humboldt se aproximó a Paradise desde el suroeste, cortando todos los caminos menos uno rural. Por suerte, no llegó a la ciudad. Un reporte gubernamental indicó que la ciudad solo tenía una ruta de evacuación viable designada para 1.200 carros por hora.

A pesar de las predicciones y las aproximaciones de incendios, el Gobierno estatal controlado por el Partido Demócrata no resolvió el problema. Cuando llegó el incendio este mes, no se realizó ningún aviso de evacuación sistemático al nivel de la ciudad. El Gobierno no emitió ninguna transmisión de emergencia y solo se enviaron alertas de celulares a los que se habían inscrito, aproximadamente el 30 por ciento de los residentes. Muchos que intentaban salir se quedaron atascados en el tráfico al no haber rutas de escape planificadas.

En último lugar, está el cambio climático, el cual es responsable de empeorar eventos naturales como los huracanes y las sequías. A pesar de las advertencias cada vez más severas de los científicos, los Estados capitalistas han demostrado su incapacidad de tomar las medidas necesarias para frenar el calentamiento global. Los acuerdos internacionales adoptados han sido completamente inadecuados para el peligro e incluso estos acuerdos están constantemente bajo ataque.

El obstáculo básico para enfrentar las causas sociales de tales catástrofes como la del norte de California es el sistema capitalista, el cual subordina toda la vida económica a los intereses de la élite empresarial y financiera. No existe ningún problema social, incluyendo la necesidad de invertir masivamente en la infraestructura social, que se pueda resolver sin un ataque frontal contra la riqueza de la élite gobernante.

California es el estado más rico de Estados Unidos, el hogar de estrellas de cine y magnates de la tecnología. Los 144 milmillonarios del estado tienen una riqueza en conjunto de $725 mil millones. Viven aparte en rascacielos de lujo en San Francisco publicitados como “una vida sobre todo” o en mansiones costeras en enclaves exclusivos. Los trabajadores del estado viven una vida completamente diferente y no podría haber un contraste mayor entre las extravagancias de los superricos y las escenas de desesperación del incendio Camp y lo que dejó atrás.

La clase trabajadora debe avanzar su propia respuesta. El Partido Socialista por la Igualdad llama a la transformación de las empresas energéticas en utilidades públicas controladas democráticamente con base en la atención a las necesidades sociales y no el lucro privado. Es necesario un programa de obras públicas masivo para garantizar la seguridad de la infraestructura eléctrica, incluido el reemplazo de todo el tendido eléctrico en postes de luz a instalaciones subterráneas.

Además, está a la orden del día una investigación independiente de los incendios que presente cargos penales contra los oficiales empresariales y gubernamentales responsables por crear las condiciones detrás del mortal incendio.

La tecnología existe para proteger incluso las comunidades aisladas de incendios forestales veloces, pero esto requiere inversiones científicamente planificadas en infraestructura social que las empresas privadas no se molestarán en hacer. La remoción de la maleza, los bloqueos para incendios y las quemas controladas pueden prevenir que incluso los incendios más intensos avancen rápido hacia áreas urbanas para que los residentes tengan tiempo para evacuar. Se deben establecer planes sistemáticos de evacuación que emplean la tecnología moderna para notificar a los residentes, así como rutas de escape con suficiente capacidad.

Todos los trabajadores tienen el derecho a un hogar seguro y cómodo. Es una desgracia que las víctimas estén viviendo bajo carpas o en albergues repletos. Aquellos que lo han perdido todo tienen que ser compensados.

La implementación de este programa debe estar conectado con la reorganización socialista de la vida económica en Estados Unidos e internacionalmente. Las necesidades sociales y el planeamiento científico deben constituir la base de la producción, no los intereses de las corporaciones y la riqueza de la élite gobernante.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de noviembre de 2018)