Desde los confines burdelescos de su grotesco hotel Mar-a-Lago en Florida, el presidente estadounidense, Donald Trump, dedicó su mañana del Día de Acción de Gracias, el jueves, como anfitrión de una teleconferencia con oficiales militares y comandantes estadounidenses desde diferentes partes del mundo.
La llamada incluyó a la coronel Stephanie Barton de la 101ª División de Paracaidistas del Ejército en Afganistán, el teniente coronel Sam Howie del Cuerpo de Marines en la base aérea de al-Jaber en Kuwait, el capitán Pat Hannifin de la Armada desde el USS Ronald Reagan, el general de brigada David Lyons de la Fuerza Aérea en Afganistán, y el teniente Nicholas Hartmann de la Guardia Costera en Bahréin.
Trump utilizó la oportunidad para pedir el apoyo directo de los militares contra sus oponentes políticos y las decisiones de las cortes estadounidenses contrarias a los deseos de la Casa Blanca.
“Probablemente ves en las noticias lo que está ocurriendo en nuestra frontera sur”, le dijo a Lyons, comparando las políticas migratorias fascistizantes de su Gobierno con la lucha contra “terroristas” en Afganistán. “Muchas personas [intentan cruzar la frontera], y en muchos casos no sabemos quiénes son. Y muchas veces, no son personas buenas; son malas… Ustedes lo hacen allá, nosotros lo hacemos aquí”.
Trump luego atacó “las malas sentencias del Noveno Circuito”—repitiendo sus denuncias contra el sistema judicial estadounidense por un fallo del Distrito Norte de California que determinó la ilegalidad del rechazo por parte del Departamento de Seguridad Nacional de solicitudes de asilo presentadas por inmigrantes en la frontera entre EUA y México.
“Es algo terrible cuando los jueces toman control de los servicios de protección; cuando te dicen cómo proteger tu frontera”, dijo Trump. “Es una desgracia”.
En una declaración extraordinaria en la conferencia de prensa que siguió la llamada. Trump denunció que “algún juez, sentándose en un lugar muy lejos, le está diciendo a nuestros increíbles militares y fuerzas policiales qué hacer”. Es decir, el ejército, la policía y los oficiales fronterizos —y la Casa Blanca— no deberían estar sujetos a ninguna regulación legal o control judicial.
En otros momentos de la teleconferencia y la rueda de prensa, Trump aplaudió el inmenso aumento del gasto militar en su Gobierno y amenazó con cerrar completamente la frontera con México si su Gobierno concluye que México ha perdido el “control” de su lado de la frontera.
Tales declaraciones son extraordinarias —y peligrosas—. Trump está apelando directamente al ejército para oponerse a decisiones legales y judiciales, lo que es en sí ilegal. Mientras que la teleconferencia con los oficiales militares ha recibido cobertura en los medios, no se han tratado significativamente sus implicaciones.
La teleconferencia es el paso más reciente en el establecimiento de lazos personalistas entre el mandatario y los comandantes militares y en la expansión de los poderes del ejército en los asuntos nacionales.
Esto comenzó con el discurso de inauguración de Trump en 2017, el cual involucró un incidente siniestro en el que diez oficiales de distintas ramas de las Fuerzas Armadas se alinearon detrás de Trump y permanecieron ahí suficiente tiempo para que se divulgaran por todo el mundo imágenes del presidente cercado por militares. El objetivo de la acción, la cual prácticamente fue ignorada por la prensa, fue presentar al Gobierno entrante como un régimen cuasimilitarista.
Subsecuentemente, Trump nombró a una serie de exgenerales a puestos altos de su gabinete y otras funciones administrativas, incluyendo el secretario de Seguridad Nacional, secretario de Defensa y asesor de Seguridad Nacional.
Esto fue seguido por esfuerzos persistentes de Trump para organizar un desfile militar dentro de Estados Unidos, el cual había sido programado para el 10 de noviembre, pero fue pospuesto para el próximo año. Los fondos para el desfile se incorporaron en el presupuesto militar adoptado más temprano este año con apoyo bipartidista.
En el periodo previo a las elecciones de mitad de término de este año, Trump anunció el despliegue de miles de tropas a la frontera entre EUA y México. El Gobierno ha utilizado la caravana de migrantes de Centroamérica como un pretexto calculado para movilizar al ejército dentro de Estados Unidos y crear el precedente para utilizarlo en operaciones policiales dentro del país —una acción ilegal en violación a la Ley Posse Comitatus—.
Tras su llamada con los militares el jueves, Trump reiteró su amenaza de que “el ejército puede utilizar fuerza letal” contra los migrantes.
Un conjunto de factores interrelacionados impulsa los esfuerzos del Gobierno de Trump de cultivar nexos directos con sectores del ejército y las fuerzas policiales. En primer lugar, está la intensa riña dentro del Estado en torno a cuestiones de política exterior. Además de las cortes, Trump ha emprendido contra la prensa y ha amenazado con presentar cargos penales contra sus oponentes. Cabe notar que la llamada de Acción de Gracias se realizó con comandantes de niveles menores, esquivando el Estado Mayor Conjunto y sus principales generales, quienes han conformado un foco de oposición a Trump dentro de la clase gobernante y el aparato estatal.
Más fundamentalmente, todas las facciones de la burguesía están aterradas hacia el crecimiento de las tensiones sociales y la oposición dentro de Estados Unidos. La estrategia de Trump a lo largo de su término ha sido desarrollar un movimiento político de extrema derecha basado en el fomento del ultranacionalismo, en el cual el ejército y las agencias policiales ocuparán un papel central. Con el despliegue militar en la frontera, esta estrategia está asumiendo un carácter cada vez más extralegal y fascistizante.
Los oponentes de Trump dentro de la clase dominante también apoyan el empleo de métodos cada vez más autoritarios de gobierno, pero en diferente forma. Han enfocado su campaña en la promoción de la CIA y todas las agencias de inteligencia, de la censura en línea y otros ataques contra la libre expresión y los derechos democráticos —todo con el pretexto de combatir las “noticias falsas” y la “injerencia rusa”—.
El Gobierno de Trump es en sí el resultado de un proceso extenso que ha visto una vasta expansión del papel del ejército y las agencias de inteligencia en la política nacional. Después de los atentados del 11 de setiembre de 2001, el Gobierno de Bush se apoyo en el pretexto de la “guerra contra el terrorismo” para implementar una avalancha de legislación represiva, establecer el Departamento de Seguridad Nacional y crear el Comando Norte de EUA, que instituyó por primera vez un mando militar para operaciones dentro de Estados Unidos.
Bajo el Gobierno de Obama, estas medidas se desarrollaron aún más. La Casa Blanca se arrogó el poder de asesinar u ordenar el arresto militar de cualquier persona a instancias del presidente, incluso en suelo estadounidense.
Actualmente, contra el trasfondo de una mayor efervescencia social, señales del retorno de una crisis económica y preparativos de la clase gobernante para una guerra mundial, el Gobierno de Trump está adoptando un carácter autoritario cada vez más explícito. El propio Trump claramente tiene en mente las elecciones del 2020. Sabe muy bien que llegó al poder en 2016 sin siquiera una mayoría popular, ganando solo gracias al anacronismo constitucional del colegio electoral.
El ataque contra los inmigrantes centroamericanos le ha dado a Trump la oportunidad de gobernar cada vez más directamente por medio del ejército y la policía. Los acontecimientos de los últimos dos años no han sido una seria de coincidencias. Trump tiene un plan de juego, con cartas todavía ocultas en sus mangas.
(Artículo publicado el 24 de noviembre de 2018)