El sábado, en la presencia de dignatarios extranjeros, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será investido nuevo presidente de México.

En las elecciones de julio, AMLO y su partido, Morena, aplastaron a los tres partidos dominantes, el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la coalición del derechista Partido Acción Nacional (PAN) y el excentroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD). Morena ahora está al mando de las mayorías en ambas cámaras del Congreso mexicano.

El número sin precedente de votos para AMLO fue en gran medida el producto de sus promesas de campaña de poner fin a la guerra contra los carteles de drogas iniciada hace una docena de años por el presidente panista Felipe Calderón, acabar con la corrupción endémica de los oficiales del Gobierno y reducir la pobreza y desempleo generalizados que atormentan a la clase obrera mexicana.

Sin embargo, los pronunciamientos de López Obrador durante las últimas dos semanas ya están socavando rápidamente estas expectativas.

La guerra contra el tráfico de drogas lanzada en 2006 ha dejado más de 200.000 muertos y 35.000 desaparecidos. El Ejército y la Armada fueron sacados en masa de los cuarteles y desplegados en las calles, ostensiblemente para reemplazar a las corruptas e incapaces fuerzas policías y así reducir el crimen y la violencia.

Estos esfuerzos fracasaron. En 2017, hubo 31.000 asesinatos, el doble que en 2010. Esto equivalió a una tasa de 25 homicidios por 100.000 habitantes, superando a Colombia y acercándose al nivel en Brasil (29 por 100.000). El 2018 se espera que perciba otro récord en asesinatos.

Los abusos de ciudadanos por parte de las Fuerzas Armadas también se volvieron generalizados durante este periodo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado docenas de instancias en las que el Ejército y la Armada han participado en asesinatos extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas, incluyendo su participación ampliamente reconocida en la matanza de Tlatlaya y la desaparición y probable asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa que enfurecieron al público mexicano.

Durante su campaña y poco después de su victoria en julio, López Obrador anunció su intención de retirar gradualmente el Ejército de las calles. Sin embargo, la semana antepasada realizó un giro total, proponiendo un papel aún más extendido de las tropas por medio de la creación de una Guardia Nacional compuesta por unidades militares y navales que asumirían las facultades actuales de la policía federal.

Lejos de acuartelar a los soldados, esta medida resultaría en un importante aumento en el despliegue militar. Para 2021, según el anuncio de AMLO, la Guardia Nacional contaría con entre 120.000 y 150.000 tropas activas.

López Obrador efectivamente está buscando un “mando especial” que presida las funciones federales, estatales y policiales. Esto aparentemente se extendería a su papel en la investigación de crímenes que bajo el marco vigente desde hace mucho tiempo y constitucional pertenece a los ministerios de fiscalía pública. Cuando AMLO presentó esta concepción al actual secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, el general le indicó que violaría la Constitución, a lo que el presidente entrante respondió, “cambiemos la Constitución”.

De este modo, “la lucha contra el crimen” en México seguirá en manos de las Fuerzas Armadas. En vez de poner fin al paradigma de seguridad de las dos últimas Administraciones, AMLO está consolidándolo y expandiéndolo.

En línea con su declaración a Cienfuegos, López Obrador está avanzando este plan a pesar de que la Suprema Corte fallara la semana pasada que el despliegue del ejército para operaciones policiales viola normas constitucionales fundamentales. La respuesta de López Obrador y Morena a esta sentencia fue introducir, el próximo día, una propuesta legislativa para modificar 13 artículos de la Constitución para permitir que el cuerpo castrense encabece los esfuerzos para “preservar el orden, la paz pública”.

Un total de 136 organizaciones civiles y de derechos humanos, así como 500 figuras políticas y sociales que han apoyado a López Obrador emitieron inmediatamente una declaración “urgente” llamándolo a suspender este trámite legislativo. La propuesta de Morena, indica la declaración, generaría más violencia, más violaciones a los derechos humanos y pretende otorgar “preeminencia” a las fuerzas armadas. Constituiría, en efecto, “una militarización como nunca ha conocido el país en su historia moderna.” El miércoles, el expresidente priista, Ernesto López Portillo, comentó al respecto: “El presidente electo está imaginando una estructura nacional de control de la seguridad, con los militares al mando de la operación”.

Sin embargo, López Obrador prosigue sin titubear. Dio un discurso sin precedentes a una audiencia masiva de 30.000 efectivos militares, explicando su decisión de dejar a las fuerzas armadas el control operativo de las tareas policiales. Ignorando los bien documentados abusos a la población civil por parte del ejército, lo glorificó, caracterizando a sus filas como los guardianes del pueblo.

El ejército, dijo, es una institución “que siempre ha demostrado lealtad a la autoridad civil… El ejército surge del pueblo”, refiriéndose tanto a los soldados como a “los generales”. Más allá, gracias a sus supuestos aportes en seguridad, indicó, las fuerzas armadas se han ganado “el respeto y aprecio de los mexicanos, principalmente en las áreas vulnerables del país”. También llamó a los militares una fuerza para “darle paz y tranquilidad a nuestro pueblo”.

Al lado de AMLO, durante el discurso, estaba el general Luis Crescencio Sandoval, seleccionado por el presidente entrante como nuevo secretario de Defensa, quien controlará la Guardia Nacional. Sandoval presidió por los últimos dos años una sangrienta guerra callejera en la ciudad norteña de Reynoso. Siguiendo las palabras de AMLO, Sandoval hizo hincapié en que “los soldados, pilotos y marinos son en esencia pueblo uniformado”.

Las garantías de AMLO y su nuevo titular militar reflejan en realidad concepciones autoritarias. Además, chocan con la realidad caracterizada por la concepción fundamental marxista articulada por Lenin de que el Estado está compuesto, en su esencia, por hombres armados para proteger los intereses de los sectores gobernantes de la sociedad.

Las organizaciones que se oponen a la legislación para cambiar la Constitución subrayaron en su declaración la semana pasada de que su implementación permitiría al Gobierno declarar amenazas a la seguridad nacional en caso de cualquier situación, incluyendo “dinámicas delictivas complejas que responden a factores socioeconómicos y criminógenos”. Por ejemplo, manifestaciones como las que se desarrollaron contra el “gasolinazo” el año pasado y que AMLO criticó por presuntos excesos y violencia, podrían ser enfrentadas con represión militar.

Si la población se levanta contra AMLO y Morena por no implementar sus vacías promesas de reformas progresistas, eso es algo que inevitablemente ocurrirá. En el análisis final, este es el impulso real que motiva la ampliación propuesta del papel asignado al ejército mexicano.

El martes, López Obrador se las arregló para asegurarles a la élite gobernante y a los capitalistas extranjeros que será prudente con el gasto público, es decir, que prevalecerán el presupuesto neoliberal de austeridad y el balance fiscal. A pesar de que México tenga uno de los menores porcentajes de PIB en recaudación de impuestos del hemisferio, cercano al de un paraíso fiscal como Panamá, su Administración no aumentará los impuestos, y las inversiones nacionales y extranjeras permanecerán intactas.

Su secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ya había preparado un presupuesto que verá una reducción de 70 por ciento en los empleos del sector público y un 30 por ciento en el gasto en educación terciaria.

AMLO enfatizó el martes que “México va a ser un país seguro, que va a dar mucha confianza a la inversión que, además, la necesitamos, porque no solo vamos a utilizar la inversión pública, necesitamos también la inversión privada nacional y aumentar la inversión extranjera y ya estamos haciendo acuerdos”.

A diferencia de estas proclamaciones concretas, el Gobierno entrante solo ha hecho las propuestas más indefinidas en cuanto a inversiones para generar empleo, reducir la pobreza y expandir el acceso a la educación, careciendo tanto detalles específicos como seriedad.

Esta es toda una receta para que la clase obrera mexicana pierda fe rápido en el programa económico de AMLO.

López Obrador y su equipo político también han dejado claro que han priorizado tener buenas relaciones con el imperialismo estadounidense.

A pesar de los abrumadores sentimientos de antipatía y burla de la población mexicana hacia Trump, el Gobierno entrante ha hecho lo posible para evitar cualquier desafío a los llamados del mandatario estadounidense a que México pague por el muro fronterizo, a sus ataques contra los desesperados migrantes centroamericanos, denigrándolos como infectados por miembros de pandillas y criminales, o sus demandas de que México los rechace desde su frontera sur o les dé albergue por un tiempo prolongado mientras sus solicitudes a EUA son procesadas.

El domingo, el canciller entrante, Marcelo Ebrard, propuso a EUA la implementación de lo que llamó un “Plan Marshall” para el Triángulo Norte centroamericano. Este plan de “inversión y reconstrucción” estaría dirigido a El Salvador, Honduras y Guatemala.

Según el planteamiento, México absorbería una gran parte de la emigración centroamericana, por lo menos mientras las solicitudes a EUA se procesan. Al mismo tiempo, se realizaría un programa de obras públicas grande en el empobrecido sur de México.

Ebrard ha propuesto una contribución inicial de EUA de por lo menos mil millones de dólares para financiar estos esfuerzos. Canadá también estará invitada a participar en el fondo.

Para convencer a Trump sobre la iniciativa, Ebrard ha caracterizado el resultado final como un freno a la inmigración ilegal.

México presentará esta propuesta el 10 y 11 de diciembre en la Conferencia Intergubernamental para el Pacto Mundial sobre Migración de las Naciones Unidas.

Elucidando a qué se refiere esta retórica, es aparente que una meta importante del plan es formar personal en el sur de México con una fuerza laboral barata centroamericana, como un incentivo para tanto la burguesía estadounidense como mexicana. Sin embargo, Trump podría oponerse a la creación de tales puestos de trabajo fuera de EUA.

Gran parte de la pseudoizquierda está caracterizando a la Administración entrante de López Obrador como el primer Gobierno mexicano “izquierdista” desde el presidente populista de izquierda, Lázaro Cárdenas, en los años treinta, quien expropió las propiedades de las empresas petroleras extranjeras y distribuyó grandes latifundios al campesinado. Estos grupos pseudoizquierdistas le están dando un apoyo pleno o “crítico” al Gobierno entrante.

Con base en las políticas articuladas hasta ahora, tal postura tan solo ofrecerá una cubierta a un Gobierno derechista obligado a continuar e intensificar los ataques contra la clase obrera mexicana.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de diciembre de 2018)