Se está desarrollando un desastre humanitario en la frontera entre Estados Unidos y México. Miles de hombres, mujeres y niños centroamericanos que buscan asilo en los Estados Unidos han quedado atrapados en condiciones desesperadas en campamentos en Tijuana, México, carentes de alimentación, vivienda, higiene y atención médica adecuados.

Los refugiados centroamericanos se encuentran atrapados entre la frontera militarizada de Estados Unidos — donde el domingo pasado, agentes de la patrulla fronteriza respaldados por tropas estadounidense lanzaron gas lacrimógeno, balas de goma y granadas de aturdimiento contra cientos de hombres, mujeres y niños que intentaban cruzar hacia los Estados Unidos — y la policía mexicana, a la cual el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha convertido en guardias fronterizos auxiliares de Donald Trump.

Ni el Gobierno mexicano ni ninguna organización internacional de ayuda humanitaria, por no mencionar el Gobierno antiinmigrante en Washington, está brindando suficiente ayuda a los migrantes centroamericanos —algunos 6.000, incluyendo 1.000 niños, con más en camino—. El objetivo obvio es crear tal sufrimiento y miseria que serán forzados a regresar a la violencia sistémica, la represión y la pobreza a los países de los cuales huyeron.

Estas condiciones no solo son una desgracia. Constituyen una flagrante violación del derecho internacional que garantiza el derecho de asilo y un crimen de lesa humanidad por parte de los Gobiernos de los Estados Unidos y México.

Los inmigrantes, que incluyen a 516 niñas, 542 niños, 1.127 mujeres y 3.877 hombres, están alojados en un complejo deportivo al aire libre con capacidad para 2.000 personas. Duermen en el frío del invierno en tiendas de campaña improvisadas y bajo láminas de plástico en pedazos de cartón. Muchos se ven obligados a dormir en las aceras por falta de espacio.

Una fuerte lluvia el jueves empapó el campamento y a sus residentes, convirtiendo el suelo en lodo y desbordando un charco mal oliente que se había acumulado al borde de una cantidad lamentablemente inadecuada de duchas y baños portátiles.

Los funcionarios médicos reportan el aumento de enfermedades respiratorias, piojos e intoxicación alimentaria. Los temores aumentan debido a un brote de varicela, y los médicos han advertido que los niños y los adultos podrían contraer neumonía.

“El refugio ya está desbordado más allá de su capacidad. Es horrible y parece que no les importa, aunque haya mujeres, adolescentes y niños”, dijo a Univisión Melany Murillo, una inmigrante hondureña que tiene cinco meses de embarazo. “Mi mayor temor y el de mi esposo es en qué condiciones, dónde y cómo nacerá mi bebé”.

Norberto Caña, de 50 años y oriundo de El Salvador, dijo al mismo medio en español: “En las noches escuchas a la gente llorar, hombres y mujeres. Creo que debemos tratar de pensar en otras cosas porque si pensamos en esto nos colgaremos”.

Muchos dicen que se enfrentan a un dilema imposible de no poder regresar a sus países de origen y de no ser capaces de sobrevivir en las terribles condiciones que enfrentan en Tijuana.

Las autoridades mexicanas aprovecharon el deterioro de las condiciones el viernes para ordenar la reubicación de los migrantes a otro refugio a más de 15 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Los funcionarios anunciaron que detendrían el suministro de alimentos o de cualquier otra asistencia en el complejo deportivo Benito Juárez cerca de la frontera.

Muchos dicen que se quedarán ahí, incluso sin comida, refugio u otra ayuda, temiendo que las autoridades mexicanas estén solamente intentando hacer más difícil para ellos su objetivo de alcanzar el asilo en los Estados Unidos.

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses han hecho casi imposible que los inmigrantes soliciten asilo. Los funcionarios de inmigración en San Ysidro, el cruce fronterizo terrestre más transitado del mundo, procesan en promedio 40 o 50 solicitudes de asilo por día, lo que significa que aquellos que se encuentran atrapados en las condiciones deplorables de los campamentos en México tendrían que esperar muchos meses para comenzar un proceso que termina en la mayoría de los casos en deportación.

Esta operación deliberadamente lenta está diseñada para obligar a los migrantes de la caravana a regresar a los horrores de los que huyeron. Si bien un juez federal dictó una resolución contra el intento de la Administración de Trump de negar el asilo a cualquier persona que ingrese al país fuera de los cruces designados, la Administración está impugnando la decisión.

El jueves, un grupo de migrantes centroamericanos comenzó una huelga de hambre indefinida en las oficinas de Tijuana del Instituto Nacional de Migración (INM) de México para exigir que las autoridades de los Estados Unidos respondan a las personas que buscaban asilo en su frontera.

Se han puesto en marcha medidas más contundentes —e incluso letales— en el otro lado de la frontera. La semana pasada, Trump emitió una orden que otorga a las tropas estadounidenses la autoridad para usar “fuerza letal” contra los migrantes que intentan llegar a territorio estadounidense. El memorando, firmado por el jefe de personal de Trump, el general John Kelly, le otorgó al ejército el poder de realizar “una demostración o uso de fuerza (incluida la fuerza letal, cuando sea necesario), control de multitudes, detenciones temporales y búsquedas rápidas”. Esto siguió a una declaración de Trump indicando que las tropas deberían responder con disparos a las piedras lanzadas por los migrantes.

El Pentágono ha indicado que está considerando una extensión de 45 días del despliegue de casi 6,000 tropas regulares en la frontera. El secretario de Defensa, James Mattis, dijo a los reporteros el miércoles que el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional estaban discutiendo la extensión.

“En cuanto al uso de la fuerza, la Patrulla Fronteriza está usando lo que ellos creen que es apropiado. Los estaríamos respaldando”, dijo Mattis. “Ni siquiera puedo pronosticar lo que sería necesario después de ver la respuesta de la Patrulla Fronteriza bajo la presión que vimos este fin de semana pasado”.

Hay informes que señalan que el actual despliegue militar, formado por tropas de ingeniería y logística —que han tendido redes de concertina y erigido barricadas— sería reemplazado por unidades de policía militar preparadas para utilizar la fuerza letal contra los refugiados e inmigrantes que buscan cruzar la frontera.

En una indicación adicional de la respuesta fascistizante y militarizada del Gobierno de los Estados Unidos a la crisis humanitaria en la frontera, un memorando interno obtenido por Politico reveló que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, ha solicitado que otras agencias de la policía federal, incluida la policía de parques nacionales y la de vigilancia de instalaciones nucleares de Estados Unidos sean reclutadas para servir como agentes de patrulla fronteriza para enfrentar la supuesta amenaza de “caravanas de migrantes que se originan en América Central”.

Hubo una obvia motivación política detrás de la reacción viciosa y aparentemente desorbitada ante un puñado de inmigrantes que intentaron ingresar a los Estados Unidos —en los primeros nueve meses de 2018, unos 71,886 migrantes del llamado Triángulo del Norte de América Central han regresado de los Estados Unidos a sus países—. Lo que buscaba el Gobierno es avivar la xenofobia para movilizar a la base republicana en las elecciones de medio término.

Sin embargo, más fundamentalmente, la respuesta militarizada está impulsada por una determinación de aplastar lo que la clase dominante estadounidense ve como una movilización peligrosa de inmigrantes que reclaman colectivamente sus derechos como trabajadores, marchando en la frontera de Estados Unidos y cantando: “No somos criminales, somos trabajadores internacionales”. La élite financiera es extremadamente sensible a la amenaza de contagio, es decir, que tales demandas puedan extenderse, desafiando su monopolio de riqueza y poder.

Para sofocar semejante desafío, Washington está decidido a extinguir en medio del lodo y la enfermedad de los campamentos de refugiados de Tijuana cualquier chispa del “sueño americano” entre los migrantes centroamericanos, tal como lo ha hecho con los millones de trabajadores en los Estados Unidos que enfrentan despidos, reducción de salarios y deterioro de las condiciones de vida.

El hecho de que esta sea una política bipartidista se ha vuelto cada vez más claro. La dirección del Partido Demócrata emitió una directiva que decía que las políticas de inmigración draconianas de Trump no deberían convertirse en un problema en las elecciones de medio término.

Señalando un nuevo giro a la derecha, los senadores demócratas, Cory Booker (Nueva Jersey) y Kamala Harris (California), señalaron que no van a dejar que el trato a los inmigrantes en riesgo de deportación —después de la decisión de Trump de rescindir el programa de Acción Diferida para los Llegados a la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés)— sea un problema en su decisión sobre un proyecto de ley de financiamiento de fin de año. Ambos son candidatos potenciales para la nominación presidencial demócrata en 2020 y dejan claro que están preparados para seguir los pasos tanto de Barack Obama, quien fue apodado el “deportador en jefe”, como el propio Trump.

La respuesta de la clase obrera estadounidense debe ser la defensa incondicional de estos trabajadores inmigrantes que huyen de las condiciones creadas por la opresión imperialista estadounidense en sus países de origen y el apoyo a su derecho de asilo. La respuesta a los ataques bárbaros contra inmigrantes por parte de los Gobiernos de todo el mundo es la demanda socialista de fronteras abiertas. Todos los trabajadores deben poder vivir y trabajar en el país de su elección con derechos de ciudadanía plenos y sin temor a la deportación o la represión.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de diciembre de 2018)