El reporte de las tasas de mortalidad de este año publicado el jueves por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) revelan que la clase obrera estadounidense se enfrenta a una crisis social, económica, sanitaria y psicológica sin precedentes.

Los hallazgos de los CDC muestran un aumento sorprende en los índices de miseria social en tan solo un año, de 2016 a 2017.

• La esperanza de vida cayó de 78.7 a 78.6 años, el tercer año consecutivo a la baja.
• La tasa de mortalidad ajustada por edad aumentó 0,4 por ciento, de 728,8 muertes por 100.000 habitantes a 731,9 por 100.000 (incluyendo un aumento de 2,9 por ciento entre jóvenes de 25-34 años).
• Las muertes por sobredosis de drogas aumentaron 9,6 por ciento (incluyendo un aumento de 45 por ciento en las muertes causadas por sobredosis de fenatilo). Las sobredosis constituyen la principal causa de muerte para aquellos menores de 55 años.
• La tasa de suicidio aumentó 3,7 por ciento en 2017, de 13,5 por 100.000 a 14 por 100.000.

Las cifras históricas del reporte cuantifican el devastador impacto sobre la clase obrera de la crisis financiera de 2007-2008 y sus postrimerías.

• De 2007 a 2017, los suicidios consumados aumentaron de 34.598 a 47.173 por año, un aumento de 36,3 por ciento.
• Las muertes por sobredosis casi se duplicaron, aumentando un 95 por ciento, de 36.010en 2007 a 70.237 en 2017.
• El total de personas fallecidas solo por suicidios y sobredosis desde 2007 es de 954.365. Este es el equivalente a la décima ciudad más grande de EUA y más que el total de soldados muertos en todas las guerras de EUA exceptuando la Guerra Civil. Con el 2018 a punto de acabarse, el total de muertes probablemente ya cruzó el millón de personas.

La respuesta de la élite política al reporte es completamente predecible: un artículo o dos en los principales periódicos, un segmento corto en las noticias vespertinas y quizás un tuit de un puñado de políticos.

Sin embargo, todos saben que no se hará nada al respecto. Los precios en las acciones de las corporaciones que les venden pastillas a los veteranos discapacitados y a trabajadores lesionados continuarán aumentando. Para mañana, los informes de los CDC habrán sido olvidados, enterrados debajo de las campañas de la burguesía contra Rusia y China de la burguesía, su histeria de #MeToo (#Amítambién) y sus demandas de censura en línea.

La causa de la muerte de 100.000 personas cada año de miseria social no es un gran misterio. Es el producto del sistema capitalista y el resultado previsto de las políticas de desindustrialización y contrarrevolución social llevadas a cabo por más de cuatro décadas tanto por demócratas como por republicanos, en colaboración con los sindicatos.

Este es un hecho ampliamente reconocido por profesionales médicos. Un estudio de 2018 publicado por el American Journal of Public Health intitulado “La crisis de opiáceos: ningún arreglo fácil para sus determinantes sociales y económicos” culpa “el aumento de varias décadas en la desigualdad social y los impactos económicos de la desindustrialización y los recortes netos a la seguridad social” por las crecientes diferencias en la expectativa de vida entre ricos y pobres.

En particular, el estudio apunta al efecto devastador de la masiva transferencia de riqueza llevada a cabo por el Gobierno de Obama después del derrumbe financiero de 2008. “La crisis financiera de 2008 junto a sus medidas de austeridad y otras políticas neoliberales ha corroído aún más el bienestar físico y mental”, señala el reporte.

Mientras que los bancos y las empresas recibieron billones de dólares en paquetes de rescate, millones de trabajadores perdieron sus hogares, sus trabajos y su sentido de dignidad y propósito.

El lunes pasado, cuando General Motors anunció que iba a cerrar cinco plantas y despedir a 15.000 trabajadores en EUA y Canadá, los precios de sus acciones brincaron casi 7 por ciento. Para los pudientes accionistas de la empresa —incluyendo la burocracia del sindicato automotor United Auto Workers (UAW)—, estas noticias significaron vacaciones más largas y exclusivas, casas y automóviles nuevos y más caros, nuevas colecciones de joyas y champagne para las festividades.

Pero para los trabajadores automotores, sus familias y millones residentes en las áreas impactadas, esto significará desesperación, adicciones de drogas y muerte.

Aquellas ciudades golpeadas por los cierres de plantas de GM —incluyendo Detroit y su suburbio de Warren, estado de Michigan, White Marsh, estado de Maryland, y Lordstown, estado de Ohio— ya se encuentran entre las áreas más horriblemente afectadas por la crisis de opiáceos, tras décadas de recortes en los puestos de trabajo, salarios y gastos sociales. La diferencia en la esperanza de vida entre el 25 por ciento más rico y el más pobre ya es de 6,7 años en Youngstown, Ohio, cerca de Lordstown. En el área metropolitana de Detroit, la diferencia es de 8,2 años.

La decisión de GM fue aplaudida por la prensa corporativa. El Wall Street Journal y el Washington Post (respectivamente, propiedad de los milmillonarios Rupert Murdoch y el CEO de Amazon, Jeff Bezos) acogieron la decisión como si hubiera sido toda una genialidad. La revista Automotive News nombró a la CEO de la empresa, Mary Barra, “Líder industrial del año”.

Las hipócritas y escenificadas muestras de enojo de un puñado relativamente pequeño de demócratas, republicanos y oficiales del UAW por la movida de GM son un total fraude. Todos los políticos y burócratas sindicales estaban golpeando el podio con una mano y aceptando los pagos de la empresa con la otra mano.

GM le donó $25.000 al milmillonario CEO, Donald Trump, para su campaña presidencial de 2017 y el mandatario reciprocó con recortes de impuestos masivos para las empresas y los ricos. Ese mismo año, GM le dio incluso más dinero a Bernie Sanders ($33.000) que a cualquier otro senador. En 2018, GM contribuyó a las campañas de una mayoría de los legisladores elegidos a la Cámara de Representantes y el Senado, en proporciones iguales a demócratas y republicanos.

En lo que concierne el UAW, esta organización de sobornados y agentes empresariales es responsable de las décadas de concesiones que convirtieron a ciudades que antes eran relativamente acomodadas como Dayton, Toledo y Kokomo en epicentros de la crisis de opiáceos. A cambio de ayudarles a las empresas a intensificar su explotación y recortar los costos laborales, los ejecutivos sindicales han sido bien recompensados. Una lista cada vez más larga de oficiales activos y retirados de UAW está bajo investigación federal por aceptar sobornos de GM, Fiat-Chrysler y Ford.

Bajo el capitalismo, la clase obrera está completamente excluida de la toma de decisiones. Los grupos de poder no hacen disponibles recursos para ayudarles a las víctimas de los cierres de fábricas y de la desindustrialización, dejándolos a morir.

Lejos de atender las necesidades de la clase trabajadora, la burguesía se llena los bolsillos de la riqueza creada por los trabajadores y dedica billones de dólares al ejército y a las agencias de inteligencia para que puedan implementar las demandas de los bancos y las corporaciones por medio de la fuerza militar.

El Gobierno de Trump eliminó $200 millones del gasto en salud para ayudar a pagar por la detención de hasta 14.000 niños de clase trabajadora de Centroamérica, cuyo único “crimen” fue escapar de sus empobrecidos lugares de nacimiento en busca de una vida mejor.

En septiembre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció que estaría transfiriendo $16,7 millones de los CDC, $9,8 millones de los seguros de salud públicos Medicare y Medicaid, $87,3 millones de Instituto Nacional de la Salud y $80 millones del cuido a refugiados para establecer campos de internamiento para niños inmigrantes. ¡Trump quiere hacer que los trabajadores crean que los inmigrantes —no el Gobierno y las corporaciones— tienen la culpa de los cierres y los recortes salariales y sociales!

Los reportes de los CDC proveen una expresión cuantitativa del inmenso enojo social y la desesperación acumulada en la clase trabajadora, para la cual no ha habido ningún medio de progreso. Las décadas de supresión de la lucha de clases por parte de los sindicatos han obligado a los trabajadores a canalizar su enojo internamente, en aislamiento y muchos con medidas autodestructivas.

Sin embargo, este largo periodo en el que la guerra de clases ha sido librada unilateralmente está llegando a su fin. Este año, el cual ha sido testigo de un importante aumento en la actividad huelguística, es solo el comienzo de un nuevo periodo que estará marcado por huelgas y protestas cada vez más poderosas en EUA e internacionalmente.

Los trabajadores deben construir sus propias organizaciones —comités de base— para aunar y coordinar sus luchas a través de industrias y fronteras nacionales. Solo de esta manera podrán movilizar los trabajadores su descontento social y colectivo en una dirección política de lucha contra el capitalismo y por el socialismo. Al desatar su inmenso poder social, los trabajadores tomarán el cielo del sistema capitalista por asalto y liberarán billones de dólares para atender las necesidades más urgentes de la raza humana.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de diciembre de 2018)