Cientos de miles de trabajadores y estudiantes han participado en manifestaciones y huelgas en Cataluña exigiendo que se reviertan los recortes presupuestarios impuestos por los gobiernos nacionalistas catalanes desde que comenzara la crisis financiera de 2008.

El partido pseudoizquierdista Podemos se metió para reprimir el resurgir de la oposición tras una década de austeridad para ayudar a aprobar un presupuesto regional. A cambio los nacionalistas catalanes tendrán que poner fin a su oposición al proyecto de presupuesto para 2019 del gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Madrid.

Esta semana, los médicos de la atención primaria que trabajan en el Institut Català de la Salut, que gestiona el 80 por ciento de los centros de salud de la región, y médicos de los proveedores sanitarios semiprivados fueron a la huelga por cuarto día consecutivo, convocada por Metges de Catalunya (Médicos de Cataluña) y la anarcosindicalista Confederación General del Trabajo (CGT). Protestan contra la sobrecarga de trabajo —desde 2008 se recortó el empleo de 1000 médicos—, la falta de recursos, recortes salariales y exigen más tiempo para atender a los pacientes. Según datos ofrecidos por el gobierno autonómico, la huelga tuvo un seguimiento del 70 por ciento.

El miércoles, cientos de médicos protestaron delante del parlamento regional donde también estaban protestando los bomberos contra el trabajo precario y sus intolerables condiciones de trabajo. Según el defensor del pueblo de Cataluña, los bomberos hicieron 460.000 horas extra el año pasado y la comunidad necesita por lo menos 600 bomberos más.

Cuando estos dos grupos intentaron entrar en el parlamento, la policía antidisturbios cargó contra ellos. Respondieron coreando a la policía “también os concierne a vosotros”. Los médicos gritaban, “los bomberos siempre estarán de nuestro lado”.

El mismo día, estudiantes universitarios fueron a la huelga para exigir una rebaja del 30 por ciento en el coste de la matrícula y la igualación de las tasas entre las licenciaturas y las maestrías. La huelga tuvo seguimiento en todas las principales universidades públicas, incluyendo la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, y la Universidad de Barcelona.

La CGT y la Coordinadora Obrera Sindical (COS) convocaron un paro de personal docente e investigador en todas las universidades públicas catalanas. Están exigiendo la mejora de las condiciones de trabajo, aumento salarial y la eliminación de las diferenciales salariales entre el personal docente y el de investigación.

El personal no docente de las escuelas también fue a la huelga, incluyendo asistentes de aulas, personal extracurricular, personal de cocina y de limpieza, bajo la consigna “Sin nosotros no funcionan las escuelas, luchemos contra las subcontratas”.

El jueves, estudiantes y docentes de las universidades, de primaria y de secundaria se unieron a los médicos, enfermeros y enfermeras, otros estudiantes y bomberos en un paro de veinticuatro horas convocado por la CGT y dos sindicatos menores, Ustec-Stes y Aspepc-Sps. Unas 8.000 personas se manifestaron en la capital catalana, donde el portavoz de Ustec-Stes, Ramón Font, criticó los €5 mil millones que el presupuesto del gobierno catalán ha asignado a educación, diciendo que se necesitan €16 mil millones para cubrir las necesidades actuales.

Los empleados públicos se unieron a la protesta, haciendo un paro de dos horas exigiendo el regreso a los salarios que fueran recortados en 2013 y 2014 como parte de la ofensiva de austeridad de los nacionalistas catalanes.

Durante años la burguesía regional ha promocionado constantemente el nacionalismo catalán para enterrar las preocupaciones socioeconómicas de los trabajadores y los jóvenes, españoles y catalanes por igual. Esto tiene un impacto. El apoyo a la independencia de Cataluña estaba en apenas el 15 por ciento cuando empezó la crisis de 2008, subió a alrededor del 48 por ciento en 2013-14, y ahora está en alderedor del 38 por ciento según las encuestas.

Esto sirvió de excusa para la austeridad masiva impuesta por los nacionalistas catalanes, junto con sus homólogos en Madrid. En 2014 Santi Vila, el entonces consejero catalán de Empresa, declaró abiertamente, “Si este país no hubiera planteado un discurso basado en el nacionalismo, ¿cómo podría haber capeado ajustes de más de 6 mil millones de euros?”.

Se estima que entre 2009 y 2015 el gasto en sanidad se recortó en un 31 por ciento, el mayor tal recorte de todas las 19 regiones de España, el gasto social en un 26 por ciento, y el gasto en educación en un 12 por ciento. Cataluña fue la región donde las tasas universitarias subieron más —alrededor del 158 por ciento— de manera que el coste medio de un crédito universitario es de €41,17 comparado con la media nacional de €17,70.

Cuatro años más tarde, los niveles crecientes de protestas y huelgas son claros indicadores de que la clase trabajadora está empezando a sacudirse los grilletes políticos que le imponen colectivamente los nacionalistas, los sindicatos y las fuerzas de la pseudoizquierda.

El presidente de la comunidad Quim Torra no ha dicho casi nada de las protestas y huelgas de esta semana, afirmando que “seguiría trabajando para lograr los acuerdos necesarios para el bien de nuestros ciudadanos”. Eduard Pujol, portavoz de Junts per Catalunya, acusó de exagerar a los empleados públicos: “A veces nos distraen asuntos que no son esenciales. Listas de espera de 85 días [en los hospitales], deberían ser 82... Nos peleamos por migajas. Tenemos que lograr una solución real al problema”. La “solución” de Pujol es avivar otra vez el nacionalismo, declarando que Cataluña tenía que escapar del “estrangulamiento” de Madrid.

Por su parte, los sindicatos están haciendo todo su esfuerzo para contener los niveles crecientes de militancia limitando los paros a días aislados, a paros parciales o simplemente postergándolos para evitar la acción conjunta con otros sectores de la clase trabajadora.

El miércoles, una huelga planificada por CCOO, el sindicato vinculado al Partido Comunista, y la UGT, alineada con el PSOE, de 250.000 empleados públicos a nivel regional quedó reducida a un paro simbólico de dos horas, y otras acciones fueron aplazadas para el 12 de diciembre.

Los sindicatos también han estado evitando vincular a los trabajadores de la región con sus hermanos y hermanas en huelga en el resto de España en las semanas recientes, incluyendo a los trabajadores de Amazon en Madrid, trabajadores postales, pilotos de Iberia y docentes del País Vasco. Incluso sectores dentro del aparato del Estado como los fiscales del Estado, empleados de instituciones penitenciarias y jueces han ido a la huelga.

Como otros países de Europa y del mundo, España está entrando en un período de aguda crisis social y política, caracterizada por el resurgir de la lucha de clases. En este contexto, fuerzas pseudoizquierdistas como Podemos están interviniendo para rescatar al capitalismo y mantener el yugo de los partidos burgueses sobre la clase trabajadora.

En Madrid, Podemos está intentando ganarse el apoyo de los partidos independentistas con representación en las cortes para los presupuestos de 2019 diseñados por el Secretario General de Podemos Pablo Iglesias y el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Los nacionalistas catalanes tienen los votos clave para que los presupuestos sean aprobados pero hasta ahora se han negado después de que los fiscales del Estado confirmaran los cargos de sedición contra nueve dirigentes catalanes por su papel en la declaración de independencia el año pasado.

En Barcelona, Catalunya en Comú Podem (CECP), partido apoyado por Podemos, está manteniendo conversaciones con Torra sobre el presupuesto de la región. Según la mayoría de las versiones, CECP es el único partido que puede permitir que se aprueben los presupuestos después de que la CUP, el pequeño partido independentista pseudoizquierdista y antiguo aliado de Torra, le retirara su apoyo.

Para difundir la oposición popular CECP está proponiendo que los presupuestos regionales incluyan un aumento de €1,7 mil millones para el gasto social. La única manera en que el gobierno catalán en la bancarrota financiera podría realizar tal gasto, informa CECP, es votando a favor de los presupuestos nacionales, que asignan un aumento de €2,2 mil millones en inversiones en Cataluña.

Mientras tanto, el dirigente del derechista Partido Popular, Pablo Casado, declarando que “La autonomía catalana se ha ido de las manos”, ha exigido que Sánchez aplique el Artículo 155 de la Constitución para suspender el gobierno regional otra vez e imponga el control desde Madrid “inmediatamente y por tiempo indeterminado”. Casado declaró, “Tenemos que restablecer el orden en Cataluña”.

(Publicado originalmente en inglés el primero de diciembre de 2018)