La contundente victoria del nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO) y su partido MORENA en los comicios de julio fue en una medida significativa el resultado de su promesa de poner fin a la corrupción gubernamental. La ira sobre la corrupción del último Gobierno le obtuvo un gran número de votos.

En su discurso inaugural el sábado, López Obrador subrayó que “la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos” es la deshonestidad de los oficiales gubernamentales y “la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo”. El primer objetivo de su Administración sería entonces acabar con la corrupción y la falta de sanciones penales o impunidad.

El Banco de México señaló algo en este sentido en su reporte trimestral el mes pasado: la economía mexicana necesita deshacerse de la corrupción y la violencia para “seguir avanzando”.

La mayoría de las personas pueden sostener que el enjuiciamiento por corrupción en el pasado ayudaría a disuadir de la corrupción en el futuro. Y AMLO insistió en gran parte de su campaña que los funcionarios corruptos serían enjuiciados.

Sin embargo, más adelante en su campaña comenzó a retroceder, sugiriendo que, mientras que no detendría los casos pendientes, como los de gobernadores estatales corruptos, otros no se enfrentarían a lo mismo por actividades pasadas.

Dos semanas antes de su inauguración, López Obrador clarificó que de hecho concedería una amnistía a todos los que hayan realizado actos de corrupción en los años previos a su Gobierno, incluso a expresidentes. “No creo que sea bueno para el país el que nos empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos,” declaró. Es decir, airear ante el público la magnitud de la corrupción tan solo desatará una mayor ira en la población y desacreditará todo el andamiaje de gobierno burgués.

En su discurso el sábado, López Obrador reiteró dicha postura: “propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo, en otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado, y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes”. Cuando dicha declaración produjo abucheos, añadió que será un tema para “consultar” a nivel nacional.

Muchos afirman que, durante la contienda electoral, López Obrador, quien ya había perdido dos votaciones presidenciales debido a fraudes electorales, alcanzó un acuerdo con Peña Nieto, según el cual el exmandatario y los miembros de su Gobierno no estarían sujetos a investigaciones por corrupción a cambio de comprometerse a no interferir con su campaña.

López Obrador ha repetido que financiará sus programas sociales con el dinero que de lo contrario absorbería la corrupción. Sin embargo, su política de amnistía significa que los oficiales corruptos se quedarán los cientos de millones de dólares que se embolsaron, mientras que los miles de millones encauzados a los empresarios que pagaron sobornos permanecerán en sus manos.

No serán devueltos a los cofres del Gobierno para financiar las promesas de AMLO sobre combatir la pobreza, aumentar pensiones y los gastos en educación.

En su discurso el sábado no mencionó nada sobre un indulto para aquellos empujados por la pobreza a cometer delitos menores y que son los que llenan las cárceles en México.

López Obrador vinculó en su discurso inaugural “el problema de la inseguridad y de la violencia” que atormentan México —el asesinato y desaparición de cientos de miles y el aumento de la tasa de asesinatos a las nubes desde que el Gobierno federal lanzó la guerra contra los cárteles hace una docena de años— con la generalizada corrupción gubernamental.

El dinero de los cárteles llenó los bolsillos de oficiales gubernamentales de rangos bajos y altos. El deseo de dar fin a la consiguiente violencia también estuvo detrás del amplio rechazo a los partidos más viejos en las elecciones de julio.

Es curioso que se conceda tal amnistía para actos de corrupción ya consumados contra el trasfondo de los testimonios del juicio penal de Joaquín “Chapo” Guzmán Loera, acusado de ser colíder del cártel mexicano de Sinaloa, en una corte federal en Brooklyn, Nueva York.

En una extraordinaria serie de artículos que apareció en el diario mexicano El Financiero, afiliado con Bloomberg, el columnista Raymundo Riva Palacio describe a México como un “Estado narco” y detalla la escala de los presuntos pagos realizados por el cártel a altos funcionarios en el caso del Chapo. Debido a tales pagos inmensos, el Gobierno mexicano favoreció a ciertos cárteles por encima de otros en sus guerras internas, incluso por medio de operativos militares, atizando así las olas de violencia.

Por ejemplo, según el principal testigo del Gobierno estadounidense, el hermano del líder junto al Chapo del cártel de Sinaloa, pagó millones de dólares al secretario de seguridad pública bajo el predecesor de Peña Nieto, el presidente Felipe Calderón. También recibió millones de dólares a cambio de la protección del cártel la mano derecha de Marcelo Ebrard, quien fue secretario de seguridad pública de López Obrador cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-05) y que será el nuevo canciller.

El fiscal del Gobierno estadounidense en el caso del Chapo Guzmán también le ha dicho a la corte que la Administración mexicana de Carlos Salinas de Gortari, quien ha sido acusado junto a su hermano por muchos años de estar asociado con cárteles, ordenó el asesinato del arzobispo de Guadalajara en 1993 en el aeropuerto de la ciudad y luego culpó a Guzmán y su cártel. Salinas era un cercano asesor de Peña Nieto durante su carrera hacia el poder.

Quizás es más significativo que los abogados del Guzmán Loera afirman que la evidencia en su juicio mostrará que Peña Nieto recibió seis millones de dólares en sobornos para proteger al cártel cuando era gobernador del Estado de México (2005-2011). De ser cierto, habría pocas razones para conceder que tal asociación no continuó a lo largo de su Presidencia.

A partir de lo que pueda establecerse en el caso del Guzmán Loera en términos de la corrupción en los más altos niveles del Gobierno, en vez de iniciar investigaciones y luego enjuiciamientos, López Obrador pretende otorgarles una amnistía a menos que haya “demandas de la gente” de que se lleven a cabo enjuiciamientos.

Los legisladores de MORENA están iniciando una reforma constitucional para permitir tal procedimiento. Se espera una “consulta” con el pueblo mexicano sobre su propuesta de amnistía para marzo (así como de sus decisiones sobre formar una Guardia Nacional compuesta por unidades militares y un consejo empresarial del presidente en el que se reuniría regularmente con los empresarios más pudientes del país).

(Artículo publicado originalmente en inglés el 6 de diciembre de 2018)