El fundador y editor de WikiLeaks, Julian Assange, habló en contra de las condiciones represivas que se le impusieron en la embajada ecuatoriana de Londres y los esfuerzos en curso para obligarlo a entregarse a la custodia británica y estadounidense en una audiencia judicial el miércoles.

Assange dio evidencia de la embajada a través de un enlace de video, en un caso presentado por WikiLeaks contra un "Protocolo Especial” introducido por la nación sudamericana en octubre. Impone condiciones más onerosas a Assange, luego de que se le cortara el acceso a Internet y otras comunicaciones en marzo, incluyendo toda visita que no fuera de su equipo legal.

El protocolo le prohíbe al editor de WikiLeaks realizar declaraciones políticas. Se requiere que se someta a un examen médico cada tres meses. En un intento por explotar la salud deteriorada de Assange para obligarlo a salir de la embajada, permite a los médicos recomendar que sea "evacuado" del edificio si no pasa el examen. Assange se vio obligado a realizar la primera serie de exámenes médicos esta semana, con médicos seleccionados por WikiLeaks.

La aparición de Assange por video dio señal del deterioro de su salud. Advirtió que su detención en curso y las condiciones en el protocolo habían creado "una situación que inevitablemente me llevará a una crisis de salud, resultando en mi muerte u hospitalización o una excusa política para entregarme ilegalmente a los británicos, y por lo tanto a Estados Unidos, donde me enfrento a una posible cadena perpetua".

Assange ha estado confinado a los pequeños cuartos en la embajada durante más de seis años, desde que el Ecuador le concedió el asilo político en 2012. Se le ha privado de la luz solar y los médicos han declarado repetidamente que necesita tratamiento médico urgente, que no puede ser proporcionado dentro de la embajada.

El confinamiento de Assange es el resultado inmediato de las acciones del Gobierno británico, que ha dejado en claro que lo arrestará de inmediato si abandona el edificio, de acuerdo con cargos inventados de que infringió las condiciones de fianza por una investigación sueca falsa sobre acusaciones de agresión sexual que se retiraron el año pasado.

Assange denunció la colusión de las autoridades ecuatorianas con los Gobiernos británico y estadounidense, que están decididos a procesarlo por la exposición de WikiLeaks de sus crímenes de guerra, intrigas diplomáticas ilegales y espionaje masivo.

Afirmó que Ecuador lo espiaba continuamente y dijo que probablemente estaba entregando el material recopilado al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) de EUA, que ha desempeñado un papel central en los esfuerzos de Estados Unidos para destruir WikiLeaks.

Assange condenó a los representantes del Gobierno ecuatoriano por hacer "comentarios de naturaleza amenazadora" sobre sus actividades de publicación. El fundador de WikiLeaks comparó su tratamiento con el brutal asesinato del disidente saudí Jamal Khashoggi en la embajada de Estambul de la dictadura saudí en octubre, señalando que los intentos de silenciarlo fueron simplemente "más sutiles".

Los comentarios de los representantes ecuatorianos han subrayado los peligros inminentes que enfrenta Assange. La semana pasada, El Comercio citó al embajador de Ecuador en Londres, Jaime Marchán, quien lamentó que la decisión del Gobierno anterior de otorgarle asilo a Assange haya resultado en un "alejamiento" y "enfriamiento" de la relación del país con Reino Unido.

Marchán, sin tener en cuenta los pilares fundamentales del derecho internacional, declaró: "La embajada no es un campo de asilo, sino una misión diplomática que tiene una función diaria que cumplir". Hizo un llamado al fundador de WikiLeaks para que se entregue a las autoridades británicas, diciendo: “Assange debería ser el que tome la decisión” de abandonar la embajada.

En comentarios a El Comercio el jueves, el canciller José Valencia, declaró que la opción "más conveniente" para Assange sería "enfrentar a la justicia británica".

Las autoridades ecuatorianas son muy conscientes de que, si abandona la embajada, Assange será arrestado y extraditado a los Estados Unidos, donde se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua. El principal abogado del país, Íñigo Salvador, señaló alegremente el miércoles que Ecuador "no puede ofrecer garantías al Sr. Assange de que el Reino Unido no lo entregará a un tercer país que solicite su extradición".

El mes pasado, se reveló que un gran jurado federal en Alexandria, Virginia, devolvió una acusación secreta a Assange, probablemente por la publicación de WikiLeaks en 2010 de registros militares y cables diplomáticos de EUA y expuso crímenes de guerra en Irak y Afganistán y conspiraciones diplomáticas en todo el mundo.

El régimen ecuatoriano, en línea con un cambio a la derecha por parte de los Gobiernos de la región, incluidos los que anteriormente se consideraban "de izquierda", estrechó sus relaciones con los Estados Unidos durante el año pasado. El pasado mes de junio recibió al vicepresidente estadounidense, Mike Pence. En noviembre, Valencia se reunió con el secretario de Estado de la Administración de Trump, Mike Pompeo.

Washington claramente ha ejercido una gran presión sobre la nación sudamericana para hacer que las condiciones sean insoportables para Assange, a cambio de expandir los lazos económicos y militares, incluidos grandes préstamos internacionales al Gobierno.

Subrayando la determinación de toda la élite política estadounidense de poner sus manos sobre Assange, seis dirigentes demócratas, incluida la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, enviaron una carta a Pompeo el martes, preguntándole si había presionado a Valencia para "resolver" la "situación" de Assange, es decir, obligarlo a que se entrega a la custodia de los Estados Unidos.

La carta repitió las afirmaciones falsas de que WikiLeaks conspiró con la inteligencia militar rusa para "interferir" en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.

En realidad, WikiLeaks publicó documentos filtrados, cuya autenticidad nunca ha sido cuestionada, que demostraban que el Comité Nacional Demócrata trató de manipular las primarias del partido contra el senador Bernie Sanders. WikiLeaks publicó discursos secretos pronunciados por la secretaria de Estado de EUA, Hillary Clinton, a los bancos de Wall Street, en los que se comprometió a cumplir sus órdenes y a intensificar las guerras ilegales de Estados Unidos y las operaciones de cambio de régimen.

Significativamente, la mayor parte de la carta del Partido Demócrata consistió en una repetición de las afirmaciones hechas por el periódico británico The Guardian hace dos semanas, de que Assange se reunió con el cabildero político y consultor estadounidense, Paul Manafort, en la embajada de Ecuador en 2013, 2015 y a principios de 2016.

La acusación sin fundamento tenía como objetivo vincular al fundador de WikiLeaks con Manafort, quien luego se desempeñó como asesor de la campaña de Trump y ha sido un objetivo central de una investigación de un fiscal especial en EUA sobre la supuesta colusión entre Trump y el Gobierno ruso.

En la quincena desde que The Guardian publicó la historia, sus afirmaciones han sido totalmente desacreditadas. Los autores de los artículos, que incluyen a Luke Harding, quien funciona como portavoz de las agencias de inteligencia británicas, y Kath Viner, la editora de la publicación, no han aportado pruebas de las acusaciones y se han negado a comentar la historia.

La embajada ecuatoriana se encuentra entre los lugares más vigilados del planeta. Además, los registros de visitantes que cubren el período en que Manafort supuestamente visitó la embajada ya han sido publicados por Ecuador. No contienen su nombre.

La escalada de la campaña contra Assange es una realidad condenatoria de los sucesivos Gobiernos australianos y de todos los grupos de poder y medios de comunicación del país, los cuales han colaborado en la persecución del periodista nacido en Australia.

El actual Gobierno de la Coalición Liberal-Nacional se ha negado a tomar cualquier acción para garantizar la libertad de Assange, a raíz de las acciones de los Gobiernos laboristas anteriores, que calificaron a WikiLeaks como una organización criminal.

Esto subraya la necesidad de que los trabajadores y los jóvenes acudan a la defensa de Assange, como parte de la lucha contra la expansión de la censura en internet, la erosión de los derechos democráticos y el impulso hacia la guerra. El Partido Socialista por la Igualdad celebrará una reunión pública en Sídney este domingo, que se transmitirá en vivo al mundo, para discutir los próximos pasos en esta campaña crucial.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de diciembre de 2018)