En un referéndum nacional celebrado el domingo pasado, los peruanos aprobaron abrumadoramente tres de cuatro propuestas que el gobierno planteaba para luchar contra la corrupción sistemática que prevalece en todas las áreas del poder, desde los políticos, incluidos expresidentes y líderes del Congreso hasta destacados empresarios.

El referéndum fue promovido por el presidente Martín Vizcarra, quien asumió la presidencia el 23 de marzo, luego de que su antecesor Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se viera obligado a renunciar por las pruebas que lo vinculaban con el gigante de la construcción brasileño Odebrecht, que ha estado al centro de un escándalo de corrupción en todo el continente. Se divulgó un video que supuestamente mostraba a los simpatizantes del presidente intentando comprar apoyo político para bloquear que el presidente sea sometido a un juicio político.

Hace más de un año se reveló que Odebrecht estaba ganando contratos estatales para construir carreteras y puentes sobornando a funcionarios. El monto total gastado en sobornos y otros pagos ilegales en Perú superó los US$ 40 millones.

El referéndum fue convocado por primera vez en su discurso ante la nación el 28 de julio por el presidente Vizcarra, un representante de la derecha y defensor de las grandes empresas peruanas y el capital extranjero. Se pidió a los peruanos que respondieran “sí” o “no” a cuatro reformas constitucionales:

1) Reemplazar al Consejo Nacional de Magistradura corrupto y desacreditado con una nueva institución, el Junta Nacional de Justicia; 2) Regulación del financiamiento de campañas políticas; 3) Prohibir la reelección consecutiva al Congreso; y 4) Establecimiento de un congreso bicameral.

Las primeras tres propuestas fueron aprobadas por más del 85 por ciento de los votantes, mientras que la cuarta fue rechazada por más del 90 por ciento.

Perú ha sido sacudido en los últimos años por una serie de escándalos de corrupción relacionados con el tráfico de influencias, el uso de partidos políticos burgueses para el lavado de dinero y funcionarios del gobierno, jefes de los principales partidos políticos y empresarios que reciben sobornos.

El poder judicial estaba controlado por una banda interna liderada por el ex juez supremo Walter Ríos, conocido como los Cuellos Blancos del Puerto. La policía obtuvo grabaciones de audio de jueces que intercambian sentencias más ligeras para mejorar su propia carrera.

El Congreso, controlado por el partido fujimorista de derecha, Fuerza Popular (FP), estaba lleno de escándalos similares. Como ejemplo de los muchos casos de corrupción en el Congreso, en diciembre de 2017, Kenji Fujimori, junto con un grupo de disidentes de FP, votó en contra de someter a juicio político al entonces presidente y ex banquero de inversiones de Wall Street, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), a cambio de un indulto presidencial para su padre, el ex presidente Alberto Fujimori.

El anciano Fujimori estaba cumpliendo una sentencia de 25 años por haber ordenado al grupo paramilitar "Grupo Colina" ejecutar las masacres de estudiantes y profesores en la Universidad de La Cantuta, y un ataque perpetrado en un barrio de clase trabajadora, Barrios Altos, donde 15 personas, por error vinculados al grupo maoísta Sendero Luminoso, fueron asesinados, incluido un niño de ocho años.

Aunque no era miembro del Congreso, el líder de FP, Keiko Fujimori, lo controlaba. Ella no solo ha perdido la influencia política con los resultados del referéndum, sino que actualmente se encuentra recluida en detención preventiva durante 40 días en relación con supuestas contribuciones ilegales a campañas. El partido en sí está amenazado con una gran división.

En el poder ejecutivo, la corrupción llegó a la cima, implicando a cinco ex presidentes que han gobernado el Perú desde 1985 hasta el presente:

* Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad.

* Alejandro Toledo (2001-2006), quien recibió un soborno de US$ 25 millones de Odebrecht a cambio de acuerdos multimillonarios. Vive actualmente en California bajo la protección del gobierno de los Estados Unidos.

* Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien, reclamando persecución política, solicitó asilo en la Embajada de Uruguay, hasta que tuvo que irse cuando ese país rechazó su solicitud, está acusado de enriquecimiento ilícito y obstrucción de la justicia relacionada con el Escándalo de Odebrecht.

* Ollanta Humala y su esposa Nadine (2011-2016), acusados de recibir dinero para su campaña presidencial de Odebrecht y Venezuela, fueron sujetos a encarcelamiento preventivo hasta que el Tribunal Constitucional declaró que esta medida era ilegal.

* Completando la lista está el ex banquero de Wall Street, PPK (2016-2017), quien se vio obligado a renunciar en marzo pasado para evitar los cargos que lo enviarían a la cárcel.

Como se esperaba, los medios de comunicación retratan los resultados del referéndum como un golpe contra la corrupción, un triunfo personal de Vizcarra y una derrota para el fujimorista FP en el Congreso.

Sin embargo, los motivos reales que subyacen en el referéndum son bastante diferentes de los promovidos por los medios de comunicación y el gobierno.

Hace una semana, en la Conferencia Anual de Ejecutivos de Perú (CADE 2018) el gobierno acordó con las principales figuras de los negocios iniciar una lucha común dirigida a la destrucción de los estándares de vida de la clase trabajadora. El gobierno afirma que los costos laborales de Perú son demasiado altos en comparación con sus competidores globales y deben reducirse significativamente.

La propuesta de Vizcarra es recortar o eliminar todos los beneficios excepto los salarios. Esto no sucederá sin una feroz oposición de los millones que constituyen la clase obrera peruana.

A pesar de que el gobierno intenta utilizar los resultados del referéndum para alinear a los partidos políticos detrás de esta próxima confrontación con la clase trabajadora, el ex presidente García lanzó nuevas acusaciones de que la segunda vicepresidenta de Kuczynski, Mercedes Aráoz, y su gerente de campaña, el presidente de hoy Vizcarra, recibieron 6 millones de soles que nadie puede explicar. García pide que se investigue a PPK y al propio presidente actual.

Vizcarra cuenta con el apoyo crucial de dos partidos de izquierda burgueses en la campaña de su gobierno contra los trabajadores peruanos. La reacción extática a los resultados del referéndum los ha alineado estrechamente con el gobierno. Indira Huilca del Frente Amplio declaró que "la gente había sancionado el fujimorismo", mientras que Veronika Mendoza de Nuevo Perú respaldó a Vizcarra, que pidió "una nueva Constitución para un nuevo Perú". Añadió que el referéndum demostró que "en democracia el pueblo soberano manda".

Mientras Vizcarra busca restaurar la imagen de un Estado burgués que había perdido toda credibilidad ante los ojos de la clase trabajadora y los pobres, Mendoza asumió la tarea de proporcionarle una cobertura de izquierda, ocultando a la clase trabajadora las fuertes amenazas a sus niveles de vida planteadas en la alianza entre el gobierno y los empresarios.

(Publicado originalmente en inglés el 13 de diciembre de 2018)