El haber convocado la reunión semanal de su gabinete en la capital de la comunidad catalana, Barcelona, en vez de Madrid, es una provocación deliberada por parte del gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente Pedro Sánchez. Amenaza con encender la lucha sectaria en la ya políticamente inestable región.

La reunión de hoy tiene lugar solo una quincena después de que el PSOE sufriera una debacle en las elecciones regionales de Andalucía, que produjo una mayoría derechista en el parlamento regional después de 36 años ininterrumpidos de gobierno del PSOE. Un partido fascista, Vox, se metió en la política española por primera vez desde la muerte del general Francisco Franco, ganando diez escaños después de montar una campaña agresiva contra Sánchez por mantener conversaciones con los nacionalistas catalanes.

La respuesta de Sánchez fue celebrar la reunión de su gabinete en el edificio histórico Casa Llotja de Mar, situado en el centro de Barcelona, a solo 500 metros de la sede del gobierno regional y a solo 700 metros del parlamento. El gobierno tomó la decisión contraviniendo el consejo de la policía catalana, los Mossos d’Esquadra, quienes recomendaron el Palacete Albéniz, situado fuera de la ciudad.

Sánchez, consciente de que ello provocaría manifestaciones, ha blindado la ciudad con el despliegue de más de 9.000 policías de cuatro cuerpos —la policía municipal de Barcelona, los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la militarizada Guardia Civil— para proteger la reunión. La policía y los medios han advertido de que los manifestantes se exponen a ser perseguidos bajo los artículos 503 y 504 del Código Penal español, que conlleva una condena de hasta cinco años de cárcel para cualquiera que intente interrumpir una reunión del consejo de ministros “violentamente o mediante intimidación”.

El encuentro tiene lugar en condiciones en las que 22 antiguos consellers catalanes y activistas se enfrentan a cargos de sedición por su papel en la declaración de independencia del año pasado. Sus juicios está previsto que empiecen a principios del año que viene y serán políticamente explosivos.

Cuatro dirigentes independentistas en prisión preventiva —Jordi Turull, Jordi Sànchez, Josep Rull y Joaquim Forn— están en una huelga de hambre indefinida contra el bloqueo del Tribunal Constitucional de sus recursos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La semana pasada, Turull, el antiguo portavoz del gobierno catalán, fue llevado al hospital por el deterioro de su salud.

Los nacionalistas catalanes han respondido al encarcelamiento continuo de sus dirigentes bloqueando los presupuestos para 2019 del gobierno en minoría del PSOE, que solo tiene 84 de los 350 escaños que tiene el parlamento madrileño y se basa en el pseudoizquierdista Podemos y los partidos independentistas catalanes para aprobar leyes.

Sánchez está utilizando la provocación de su consejo de ministros y demostración de fuerza para mostrarle a la clase dirigente que está dispuesto a actuar contra los independentistas catalanes. Como escribió el derechista El Español en un editorial sobre el encuentro, “Si ese día la situación se va de control en Cataluña, al gobierno no le quedará otra que romper con los independentistas”.

Sánchez está buscando ganarse el apoyo de la burguesía española para el caso de que convocara a elecciones anticipadas a principios del año que viene con una exhibición de fuerza, al tiempo que hace concesiones limitadas a la clase trabajadora como una gracia a la ira social creciente tras una década de austeridad. Se espera que apruebe por real decreto en el consejo de hoy un aumento del 22 por ciento del salario mínimo a 900 euros y un aumento del 2,25 por ciento en la paga a los trabajadores públicos prometida en el acuerdo para los presupuestos de 2019 acordados con Podemos y que no tuvo futuro.

Si se convocan las elecciones, Sánchez culpará a los nacionalistas catalanes de que su gobierno no haya sido capaz de cumplir su programa “izquierdista”, avivando aún más las divisiones sectarias. La semana pasada en el parlamento acusó a los nacionalistas de “mentiras y agravios” que, como el Brexit en el Reino Unido, estaba dividiendo al país y estaba “socavando el proyecto común europeo”.

“No aceptaré una nueva violación de la Constitución en Cataluña”, dijo en una amenaza velada a reintroducir el gobierno militar directo desde Madrid.

Sánchez estaba dejando claro que ha abandonado las promesas anteriores de “comprometerse con un diálogo constructivo con el gobierno catalán sobre cómo resolver el conflicto presente” y está volviendo a la posición que había adoptado cuando estaba en la oposición en octubre pasado. El PSOE respaldó al gobierno del derechista Partido Popular (PP) cuando ilegalizó el referéndum sobre la independencia e implementó el Artículo 155 de la Constitución para imponer el mando directo desde Madrid, dejando a más de mil personas heridas y arrestando a los dirigentes independentistas.

Poco después de los resultados, la dirigente del PSOE en Andalucía Susana Díaz declaró que se había “equivocado” al ignorar la crisis catalana en su propia campaña electoral. Los presidentes socialistas de comunidades autónomas, Javier Lambán de Aragón y Emiliano García Page de Castilla La Mancha, exigieron la ilegalización de los independentistas catalanes.

Las sucias provocaciones de Sánchez dejan al descubierto todas las afirmaciones de Podemos de que un gobierno dirigido por el PSOE sería una alternativa al PP. En cambio, actúa tan despiadadamente en intensificar las medidas represivas y enviar más policías a Cataluña como el presidente Mariano Rajoy el año pasado.

Esto dejó al dirigente de Podemos Pablo Iglesias exigiendo a Sánchez que no ceda a las “presiones” por reimponer el control directo de Cataluña, como si Sánchez fuera un peatón inocente. “Muchos sectores le presionan a usted para que prenda fuego a Cataluña, no lo haga... Hablemos”, suplicó —lo que recordaba sus llamamientos al gobierno del PP en octubre pasado, cuando exigió que Rajoy fuera “responsable” y que se pusiera “al frente de las negociaciones” con el presidente catalán.

Como el año pasado, Podemos otra vez está buscando distender la muy arraigada oposición que hay entre los trabajadores y los jóvenes al desarrollo de un Estado autoritario, juntándolos tras el PSOE.

Esto subraya el abismo político infranqueable que separa al Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) y al trotskismo del populismo de clase media de Podemos. El CICI ha exigido consistentemente una lucha común de los trabajadores catalanes y españoles, y de toda la clase trabajadora europea, contra el peligro de la represión estatal por parte de Madrid. Se opuso a la represión de Madrid en Cataluña, sin apoyar las exigencias de los nacionalistas catalanes de un mini-Estado capitalista separado advirtiendo de la amenaza de que se produzca en España un conflicto étnico sangriento como los de los Balcanes.

Mientras tanto, los partidos nacionalistas catalanes, el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), se están pelando por llegar a un acuerdo con Sánchez —temiendo que nuevas elecciones resulten en un gobierno derechista de coalición entre el PP, Ciudadanos y Vox que volvería a suspender la autonomía, esta vez por tiempo indeterminado, e ilegalizaría los partidos independentistas. Esta semana los dirigentes nacionalistas indicaron que están preparándose para votar el presupuesto de Sánchez y se publicó una carta abierta, firmada por cinco antiguos presidentes regionales, haciendo una llamada a que pongan fin a las huelgas de hambre.

Los Comités por la Defensa de la República (CDR) son un grupo independentista respaldado por la Candidatura de Unidad Popular (CUP), un grupo pseudoizquierdista que de manera repetida ha estado apoyando a los gobiernos nacionalistas regionales partidarios de la austeridad. Junto a otros pequeños grupos independentistas, está emplazando a parar Barcelona hoy, con protestas y cortes de ruta exigiendo la puesta en libertad de los dirigentes catalanes encarcelados y la autodeterminación. Su valor para la movilización de protestas limitadas para reforzar a la burguesía catalana en sus negociaciones con Madrid fue reconocido recientemente por el presidente Quim Torra, que declaró: “Gracias a los CDR que apretáis y hacéis bien en apretar”.

El PSOE por su parte está usando estas protestas para legitimar su giro hacia la represión. Los trabajadores tienen que oponerse a todas las amenazas de violencia dirigidas contra los independentistas catalanes. Existe una poderosa base para movilizar una ofensiva unificada contra el PSOE y llevar adelante una lucha contra todas las facciones de la burguesía en Madrid y Barcelona —la radicalización en curso de la clase trabajadora representada por las protestas de los chalecos amarillos contra el gobierno de Macron en Francia.

El mes pasado hubo una huelga de cientos de miles de trabajadores y estudiantes en Cataluña, que exigía revertir los recortes presupuestarios impuestos por los gobiernos nacionalistas de la región desde que empezara la crisis financiera de 2008. El consejo de ministros que presidió hoy Sánchez tiene lugar en un día de luchas obreras masivas que incluyen a chóferes de taxi, trabajadores de la empresa de ferrocarriles Renfe por recortes de empleo y condiciones de trabajo, y por parte de los trabajadores de Correos.

La cuestión crítica es desarrollar los medios programáticos y organizativos mediante los cuales responder a los ataques de la élite gobernante. Esto solo se puede hacer mediante una lucha revolucionaria por el poder sobre un programa socialista e internacionalista y la construcción de Estados obreros como parte de los Estados Unidos Socialistas de Europa. Ello requiere la construcción de una sección española del CICI.

(Publicado originalmente en inglés el 21 de diciembre de 2018)