Según informes de prensa de ayer, el gobierno de Trump está preparando un despliegue semipermanente de las fuerzas armadas en la frontera entre Estados Unidos y México.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) solicitó que miles de soldados más que militaricen los 250 kilómetros de la frontera sur en California y Arizona en un despliegue que probablemente se extenderá hasta septiembre, dijeron a NPR múltiples funcionarios de la Administración. El despliegue anunciado por Trump en octubre pasado se vence a fines de este mes.

El anuncio se produce cuando el cierre del Gobierno se acerca al final de su segunda semana. El enfoque público de la disputa se centra en una cantidad relativamente pequeña de dinero que se gasta en encarcelar y deportar a los inmigrantes, lo que ambos partidos llaman eufemísticamente "seguridad fronteriza". En realidad, al público se le ha ocultado los problemas reales detrás de la disputa, que probablemente se relaciona con disputas de alto nivel entre los partidos demócrata y republicano sobre política exterior.

Ambos partidos están de acuerdo con los gastos masivos para militarizar la frontera y deportar a los inmigrantes. Los demócratas ya acordaron proporcionar a la máquina de deportación y detención de Trump $1.6 mil millones, solo unos pocos miles de millones por debajo de los $5 mil millones que Trump exige. El año pasado, los demócratas acordaron proporcionarle a Trump $25 mil millones, que incluyó fondos para construir un muro fronterizo.

Trump, cuya Administración está cada vez más arrinconada por una gran cantidad de investigaciones, ha utilizado el cierre para apelar a su base fascista.

Cuando el DHS anunció sus planes para un nuevo despliegue de tropas, Trump hizo una aparición pública improvisada ayer en la sala de prensa de la Casa Blanca junto a varios líderes del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, el sindicato fascista que representa a los oficiales de la patrulla fronteriza.

El ardid publicitario involucró a Trump colocado frente a una fila de dirigentes sindicales con aspecto de Mussolini, de cuello grueso y cabeza brillante, que denunciaron los crímenes cometidos por inmigrantes y la necesidad de un muro fronterizo. Trump aprovechó la ocasión para afirmar que en la actualidad hay "17,000 delincuentes que intentan cruzar la frontera" mientras los oficiales de la Gestapo estadounidense movían la cabeza con aprobación.

Trump también tuiteó un video xenófobo en su cuenta oficial ayer que mostraba a multitudes de inmigrantes que supuestamente marchaban hacia los Estados Unidos con las ominosas palabras, "crimen ... drogas ... ilegalidad ..." en la pantalla.

Detrás de los llamamientos racistas y fascistas de Trump, la infraestructura del Gobierno estadounidense avanza cada vez más hacia la violencia física y métodos más brutales para detener a los inmigrantes.

La semana pasada, Arizona Republic publicó videos de niños inmigrantes que recientemente fueron golpeados, empujados y arrastrados por los pasillos de un centro de detención para niños inmigrantes de Youngstown, Arizona, administrado por Southwest Key. Según Republic:

Un video de vigilancia muestra a un empleado masculino jalando y arrastrando a un niño a una habitación, luego lo abofetea y lo empuja contra una pared ... Un segundo video muestra a una oficial empujando a un niño a través de una sala de conferencias, luego arrastrando al niño a un cuarto contiguo porque el niño se había recostado y trató de bloquear la puerta con sus piernas ... Mientras eso sucede, otro empleado jala a un niño con brazos extendidos en la misma habitación. Mientras tanto, los trabajadores que realizan otras tareas en la sala de conferencias se ocupan de sus asuntos, una de las cuales se ve ajustando su cola de caballo.

Mientras tanto, los funcionarios federales proponen eliminar las restricciones leves que se mantienen contra la detención indefinida de niños.

Ayer, la portavoz del DHS, Katie Waldman, escribió una declaración exclusiva al medio de extrema derecha, Breitbart News: "Esta crisis humanitaria se debe a fallos judiciales y leyes mal escritas que incentivan el tráfico ilícito de inmigrantes menores de 18 años. La financiación del muro fronterizo, la modificación del TVPRA y la finalización del Acuerdo de Flores dejarán a los traficantes fuera del negocio y protegerán a las poblaciones vulnerables".

Estas propuestas, comunicadas encubiertamente a la extrema derecha, significarían ataques sin precedentes a las condiciones de decenas de miles de jóvenes inmigrantes detenidos en la frontera.

La Ley de protección de víctimas de la trata de personas (TVPRA, por sus siglas en inglés) otorga ciertas protecciones legales para los niños que son contrabandeados a los Estados Unidos, incluyendo los esclavos sexuales y los niños enviados a trabajos forzados. La propuesta del DHS comunicada a Breitbart significaría que los 15,000 niños actualmente detenidos en "refugios" se enviarían a centros de detención de inmigrantes aún más severos y no serían entregados a la familia.

El Acuerdo de Flores exige que los familiares y los niños detenidos sean liberados de su encarcelamiento lo antes posible. Aunque el Acuerdo de Flores requiere que las familias y los niños no sean detenidos por más de 20 días, esto ya se viola regularmente.

El aumento del uso de la violencia física contra los inmigrantes se mostró en el Día de Año Nuevo, cuando los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dispararon gases lacrimógenos a los inmigrantes a lo largo de la frontera, cerraron el puerto de entrada de Otay Mesa cerca de San Diego y detuvieron a aproximadamente 25 personas. Este ataque ocurrió después de la muerte de dos niños inmigrantes guatemaltecos bajo custodia estadounidense en diciembre.

Estos acontecimientos tienen implicaciones peligrosas.

La mayor participación de los sindicatos de la patrulla fronteriza en la vida política nacional, así como el motín del Año Nuevo en la frontera, subrayan que la expansión y fomento de las tendencias de extrema derecha provienen en gran parte del aparato estatal.

Es posible que el aumento de la brutalidad por parte de los oficiales de la CBP y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sea una protesta parcial por el hecho de que no les están pagando durante el cierre del Gobierno en curso. Una protesta de este tipo, que sigue la extraña decisión de la CBP la semana pasada de liberar a 1,000 inmigrantes en El Paso, Texas, indicaría que hay un amplio apoyo dentro de estas agencias represivas a que sean más brutales, violentas y criminales contra los inmigrantes.

Los burócratas sindicales prominentes como Randi Weingarten de la Federación Americana de Maestros, cuyo salario es muy superior a los $500,000, se están adaptando a estas tendencias de extrema derecha.

Ayer, Weingarten tuiteó: "Decenas de miles de oficiales y agentes de inmigración de los EUA van a trabajar todos los días para proteger la frontera de México, donde el presidente Trump insiste en colocar un muro. Pero el Gobierno está cerrado, así que a nadie se le paga".

Dejando de lado las referencias al muro, Weingarten, quien está bien conectada con el aparato estatal y militar-policial, está enviando un mensaje deliberado de apoyo a los agentes de la CBP y el ICE responsables de los ataques más violentos contra los inmigrantes, incluyendo los niños.

La decisión de desplegar más tropas en la frontera es una señal de advertencia para todos los trabajadores. La decisión se produce justo una semana antes de que 30,000 maestros planean hacer huelga en Los Ángeles, una ciudad con una clase trabajadora altamente inmigrante ubicada a unos 160 kilómetros de la frontera de EUA y México. Al final, las redadas contra inmigrantes, los ataques al debido proceso y la militarización de la sociedad estadounidense están dirigidos contra todos los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 4 de enero de 2019)