El cierre parcial del Gobierno federal es un importante ataque contra la clase obrera por parte del Gobierno de Trump. Más de 400.000 trabajadores federales están sufriendo efectivamente un cierre patronal, estando en una suspensión no remunerada. Otros 400.000 se han visto obligados a trabajar sin pago del salario, en violación a la Decimotercera Enmienda de la Constitución que abolió la esclavitud y otras formas de servidumbre involuntaria.
El cierre expone el fraude de la supuesta empatía de Trump hacia el sufrimiento de los trabajadores estadounidenses. Está afectando a capas cada vez más amplias de la clase obrera y clase media-baja, siendo el impacto mayor entre los más pobres: los millones de beneficiarios de los cupones de alimentos, alrededor de dos millones de nativos americanos, cuyos servicios tribales son en gran parte financiados por medio del Departamento del Interior, y millones de otras personas más que dependen de una u otra forma de apoyo gubernamental para sobrevivir.
La población en su totalidad se verá afectada por retrasos en los reembolsos de impuestos y otros desembolsos federales, la interrupción de viajes aéreos debido a que las jornadas sin paga están haciendo que los controladores aéreos y el personal de seguridad no vayan a trabajar y la suspensión de muchos otros servicios e instalaciones.
Es incluso más ominoso el peligro para la democracia que presentó la declaración de Trump de que tiene la facultad, como presidente, de declarar una emergencia nacional y ordenar que el ejército construya un muro fronterizo entre EUA y México utilizando los fondos del Pentágono, desafiando al Congreso. Trump reiteró la amenaza el domingo por la mañana señalando que decidirá “en unos pocos días” si tomará este drástico paso.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, admitió en una entrevista el domingo por la mañana, “La impresión que da el presidente es que no solo quiere cerrar el Gobierno, construir un muro, sino también abolir el Congreso para que la única voz que importe sea la suya”. La declaración de Pelosi es cierta, pero esto solo subraya la cobardía y complicidad del Partido Demócrata y su falta de voluntad para defender los principios constitucionales contra la creciente amenaza de una dictadura presidencial.
En los distintos programas de entrevistas del domingo, ningún demócrata dijo que tal desafío directo al Congreso, que la Constitución autoriza para asignar todos los fondos de la rama ejecutiva, sería una ofensa suficiente para un juicio político. El diputado Adam Smith, quien encabeza ahora la comisión de servicios armados de la Cámara de Representantes, incluso declaró que Trump tiene la autoridad para tomar tal acción, basándose en los precedentes establecidos por las guerras en Afganistán e Irak. Smith dijo efectivamente que Trump tenía el poder de tratar la frontera con México como una zona de guerra.
La declaración de Trump de que está listo para desechar 200 años de precedentes constitucionales no es meramente el resultado de sus tendencias autoritarias. La Presidencia de Trump —la llegada al máximo cargo constitucional por un estafador milmillonario— es en sí el producto de la degeneración de la democracia estadounidense durante los últimos 20 años: la campaña ultraderechista para destituir a Bill Clinton, la elección presidencial robada en 2000 y la instalación de George W. Bush, los ataques cada vez más abiertos contra el sufragio y los intentos cada vez más agresivos para liberar al Ejecutivo de toda atadura legal de los poderes judicial y legislativo.
La democracia estadounidense está colapsando bajo el peso de antagonismos sociales cada vez mayores, ante todo el aumento colosal en la desigualdad económica a medida que la aristocracia financiera con una riqueza sin precedentes controla todas las palancas del poder político, mientras que la vasta mayoría de la población, la clase trabajadora, tiene dificultades para sobrevivir y es excluida de toda influencia sobre la política del Gobierno.
Los argumentos de ambos bandos en la disputa sobre el muro fronterizo no cuentan con nada de credibilidad.
No hay una “emergencia de seguridad nacional”, como señala Trump. El país no está siendo invadido por criminales y terroristas a través de la frontera —una “gran mentira” propia de Hitler y propagada incansablemente por los voceros de la Casa Blanca y Fox News—. Solo hay cada vez más solicitantes de asilo desesperados que buscan cruzar la frontera entre EUA y México, principalmente provenientes de América Central para buscar un refugio de la pesadilla de violencia y pobreza aplastante que es el resultado de una larga historia de opresión e intervenciones del imperialismo estadounidense.
Los demócratas tampoco están basando en ningún principio su lucha contra la propuesta “inmoral” del muro fronterizo, como la llama Pelosi. Hace tan solo un año, ambos partidos acordaron gastar $25 mil millones en un muro fronterizo como parte de un acuerdo más grande sobre inmigración. Ahora, los demócratas dicen estar librando una lucha titánica sobre la diferencia de $1,6 mil millones y $5,6 mil millones. Sin embargo, ningún dirigente demócrata está exigiendo el cierre de los campos de detención, la liberación de los refugiados y el reconocimiento de su derecho al asilo o la abolición de las pandillas de matones policías conocidos como la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
La verdadera cuestión que se disputa detrás del embrollo sobre el “muro fronterizo” entre las distintas facciones reaccionarias de la élite gobernante estadounidense gira en torno a la política exterior, particularmente en torno a las órdenes de Trump de retirar las tropas de Siria y recortar las fuerzas en Afganistán, además de su decisión de enfocarse en China en vez de Rusia como el enemigo más inmediato. En general, refleja un mayor temor de que Trump es incapaz de afrontar coherentemente los complejos desafíos del imperialismo estadounidense tanto en casa como en el exterior.
La respuesta de Trump a la derrota republicana en las elecciones de mitad de término, la toma de la Cámara de Representantes por una mayoría demócrata y los llamados de secciones del Partido Demócrata y la prensa a someterlo a un juicio político ha sido intensificar sus apelaciones a su base de apoyo fascistizante y elaborar un programa explícitamente autoritario. A diferencia de los cierres de Gobierno previos, causados por intentos del Congreso para ponerle límites a la rama ejecutiva, ejerciendo su “poder de la billetera” constitucional, este cierre fue provocado e iniciado por la rama ejecutiva para intimidar al cuerpo legislativo y obligarlo a defender la agenda del presidente o quitarse del camino.
Todos los lados del conflicto dentro de la élite gobernante son antidemocráticos y persiguen sus objetivos con métodos que atentan contra la Constitución. Trump apoya abiertamente a elementos fascistizantes como el sindicato de la Patrulla Fronteriza y otras agencias policiales, mientras amenaza con declarar una emergencia nacional y ordenarle al ejército que construya el muro desafiando al Congreso. Los demócratas operan con los métodos de un golpe palaciego: la investigación antirrusa del fiscal especial Mueller, el respaldo del aparato militar y de inteligencia, la demanda de censura en línea para silenciar los puntos de vista socialistas y antiguerra, la glorificación de generales culpables de crímenes de guerra llamándolos los “adultos en el cuarto” y ahora las apelaciones a sectores del ejército para que intervengan en oposición al presidente.
Lo que une a ambas facciones es su temor compartido de una intervención independiente de la clase obrera. Los demócratas están aterrados de que podrían hacer algo que promueva una oposición directa de la clase trabajadora contra el Gobierno de Trump y su cierre.
En esta crisis, los sindicatos del Gobierno federal están actuando como simples extensiones del Partido Demócrata. No han llamado a realizar ninguna manifestación o protesta, ni hablar de una huelga, contra uno de los cierres patronales más grandes de la historia del país. Cuando los sindicatos eran, si bien de manera limitada, organizaciones defensivas de la clase trabajadora, tal ataque de la patronal habría provocado protestas y llamados de apoyo. La negativa de los sindicatos, incluyendo la AFL-CIO, a levantar un solo dedo es una muestra de su transformación en una fuerza policial industrial en servicio de la burguesía.
La clase trabajadora no puede dejar que el cierre federal continúe o que las facciones en riña de la clase gobernante inflijan depredaciones aún mayores contra el pueblo trabajador mientras llegan a una resolución antidemocrática que acelerará la marcha hacia la dictadura.
Si se deja en manos de Trump y la Cámara de Representantes demócrata, el resultado será más represión contra los inmigrantes, una pérdida de salarios y encargos para trabajadores federales y empleados subcontratados, una mayor erosión de los programas sociales y potencialmente una violación continua de las normas constitucionales y el surgimiento de una dictadura presidencial.
Los trabajadores federales deben asumir la iniciativa. Deben formar comités de base para preparar protestas y manifestaciones, paros y huelgas, organizar independientemente o por medio de las redes sociales en vez del reaccionario callejón sin salida de los sindicatos para exigir un fin al cierre del Gobierno y la compensación de todos los trabajos, encargos y salarios a todos los trabajadores federales y subcontratados.
Esto debe ser combinado con apelaciones de apoyo a las otras secciones de la clase obrera que están entrando en lucha, incluyendo a los 40.000 trabajadores de las escuelas públicas de Los Ángeles que tienen planeado hacer huelga el jueves y los trabajadores automotores que se preparan para combatir despidos masivos. Al luchar por sus intereses, los trabajadores deben exigir que se ponga fin a la salvaje persecución de inmigrantes en la frontera de EUA y México y por todo el país.
Esta demanda no es una ocurrencia adicional, sino un principio esencial. Los trabajadores estadounidenses deben reconocer que lo que se les está haciendo a los refugiados y a los solicitantes de asilo en la frontera—encarcelándolos sin juicio, las separaciones de hijos y padres, los ataques con gases lacrimógenos y otras formas de violencia y la construcción de campos de internamiento constituye una preparación para ataques similares contra toda la clase trabajadora. Así es como Trump y los demócratas planean enfrentar cualquier movimiento de la clase obrera en defensa de sus trabajos, niveles de vida y beneficios sociales.
La clase obrera debe intervenir como una fuerza independiente en oposición a ambos partidos y toda la élite política. La lógica de tal lucha conduce a la preparación de una huelga general contra el Gobierno de Trump y el sistema capitalista en su conjunto. La verdadera oposición al Gobierno de Trump no vendrá del Partido Demócrata y sus maniobras de golpe palaciego dentro del aparato estatal. Debe venir desde abajo por medio de un movimiento de la clase obrera.
Los trabajadores deben extraer las conclusiones políticas necesarias de la crisis. Al amenazar con clausurar partes esenciales del funcionamiento de la sociedad moderna, desde los viajes aéreos, la atención médica y los servicios públicos a los más necesitados y oprimidos, la clase gobernante está demostrando que no es apta para seguir gobernando.
El cierre del Gobierno muestra la necesidad de luchar por un Gobierno completamente diferente, uno basado en las necesidades del pueblo trabajador, no la defensa de la propiedad y la riqueza de una élite diminuta. El colapso del Gobierno de los capitalistas plantea la necesidad de que la clase trabajadora tome el poder en sus manos y establezca un Gobierno de los trabajadores.
(Publicado originalmente en inglés el 7 de enero de 2019)