Más de 33.000 maestros en Los Ángeles, California, tienen planeado hacer huelga el jueves en el segundo mayor distrito escolar de Estados Unidos. La acción sería la mayor huelga de educadores en Estados Unidos desde la ola de huelgas estatales docentes en 2018, la cual comenzó como huelgas salvajes en West Virginia hace casi un año.

La lucha asumida por los docentes angelinos es una expresión de una mayor militancia y resistencia en toda la clase obrera estadounidense e internacional que surgieron el año pasado tras décadas de supresión por parte de los sindicatos. El año 2019 comenzó con las protestas continuas de los “chalecos amarillos” en Francia, una huelga general de millones de trabajadores en India, una oposición cada vez mayor de los trabajadores automotores estadounidenses a los despidos masivos en General Motors y un creciente enojo hacia el cierre del Gobierno de Trump con sus jornadas no remuneradas para cientos de miles de empleados federales.

Las cuestiones que enfrentan los trabajadores son universales: precariedad laboral, recortes en los salarios reales, una austeridad gubernamental inexorable, ataques contra derechos democráticos básicos y la explosión de la desigualdad social.

Los maestros en Los Ángeles se enfrentan a todo el sistema político. El Partido Demócrata controla todas las palancas del poder estatal en Los Ángeles y en California, desde la junta escolar local y el ayuntamiento de la ciudad a la gubernatura y la asamblea legislativa del estado en Sacramento, donde los demócratas cuentan con una supermayoría.

El nuevo gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, quien fue investido el lunes, ha prometido continuar las políticas “fiscalmente prudentes” de su predecesor demócrata, Jerry Brown, quien realizó unos de los recortes a la educación más profundos en la historia del estado. Mientras que los demócratas han concedido reducciones de impuestos enormes a Silicon Valley y las industrias de entretenimiento, defensa y finanzas, han privado de fondos al sistema de escuelas públicas. Después de haber tenido la fama de contar con universidades públicas gratis y uno de los mejores sistemas de kínder a doceavo año en el país, California ahora cae en la posición 43 de los 50 estados en gastos por estudiante.

El estado y, particularmente, Los Ángeles también han sido puntas de lanza de una conspiración nacional de poderosos intereses empresariales, incluyendo los milmillonarios Eli Broad y Bill Gates, de privatizar la educación pública y entregarle el “mercado educativo” estadounidense, valorado en $2 billones, a la oligarquía financiera.

El superintendente escolar de Los Ángeles, Austin Beutner, ha estado a la cabeza de esta arremetida. Beutner era socio de la firma de inversiones Blackstone y su experiencia en saquear los recursos públicos se remonta a principios de los años noventa, cuando el Gobierno de Clinton lo nombró para dirigir los esfuerzos del Departamento de Estado para desmantelar activos controlados por el Estado en la antigua Unión Soviética.

Beutner se ha rehusado decididamente a considerar las demandas de los docentes de mejoras salariales, la contratación de más bibliotecarios, consejeros y asistentes de educación especial, la reducción de los tamaños de las clases y un freno a la expansión de escuelas concertadas. Por el contrario, se ha dedicado los últimos meses para prepararse para la huelga, firmando contratos para miles de maestros substitutos que utilizará como esquiroles y solicitando un mandamiento judicial tras otro contra la huelga.

Las huelgas del año pasado en West Virginia, Oklahoma, Arizona y otros estados fueron iniciadas por las mismas bases magisteriales por medio de las redes sociales. Mientras tanto, los sindicatos hicieron todo lo posible para aislar a los maestros y suprimir los paros.

Una vez más, los maestros en Los Ángeles se enfrentan a organizaciones que no están librando una lucha en su defensa, sino a enemigos haciendo todo lo posible para sofocar su resistencia a este ataque histórico. A pesar de un voto a favor de hacer huelga casi unánime, el sindicato United Teachers Los Angeles (UTLA, Maestros Unidos Los Ángeles) ha obligado a los docentes a seguir trabajando sin un contrato nuevo por más de 20 meses.

El lunes por la tarde, los maestros se vieron conmocionados y consternados cuando el presidente de UTLA, Alex Caputo-Pearl anunció que el sindicato iba a descartar las demandas más críticas de los maestros en oposición a la expansión de las escuelas concertadas, los ilimitados exámenes estandarizados y otros esquemas siendo utilizados para privatizar la educación pública. Esta es una señal de que está preparando una capitulación completa.

Si la huelga se llega a realizar el 10 de enero —y todavía puede que el sindicato la cancele— es porque el ánimo de los maestros es tan militante que los oficiales sindicales se sienten incapaces de prevenirla. El objetivo de UTLA y las centrales a las que pertenece, la National Education Association (NEA; Asociación Nacional de la Educación) y la American Federation of Teachers (AFT; Federación Estadounidense de Maestros) es aislar y finalizar tal lucha lo antes posible.

Esto subraya la necesidad de que los maestros tomen la lucha en sus propias manos formando comités de huelga de las bases para unir a los educadores y otras secciones de la clase trabajadora, incluyendo a los cientos de miles de trabajadores federales que están sufriendo un cierre patronal. La tarea es preparar una contraofensiva poderosa de la clase trabajadora. La lucha por unir a los maestros de Los Ángeles, Oakland y otras ciudades, junto a los maestros en Virginia, Indiana y otros estados para llevar a cabo paros estatales y un paro nacional para defender la educación pública se debe convertir en una parte integral de la preparación para una huelga general de todos los trabajadores contra la austeridad y la desigualdad social.

El derecho a una educación financiada de manera pública es un logro que tomó siglos de lucha, remontándose hasta la Revolución Estadounidense, la Guerra Civil y las batallas masivas de la clase obrera para abolir el trabajo infantil y la segregación bajo Jim Crow. No obstante, los principios igualitarios y democráticos encarnados en la educación pública son incompatibles con una sociedad dominada por la desigualdad social y económica. Persiguiendo enloquecidamente más riqueza, la burguesía estadounidense, así como sus contrapartes en todo el mundo, tiene toda la intensión de regresar a los días de un sistema educativo basado en clases sociales, cuando solo los ricos podían costear una educación apropiada y los niños de los trabajadores se veían confinados a la ignorancia y al trabajo pesado.

Si la fortuna privada de $71 mil millones del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, quien es el más rico de los 144 milmillonarios de California, fuera confiscada y empleada para atender las necesidades públicas, el número de maestros en las escuelas públicas del estado se podría duplicar de la noche a la mañana, aumentando sus salarios a $100.000. Esto todavía dejaría $20 mil millones para contratar 100.000 nuevos bibliotecarios, asistentes de educación especial y otro personal crítico para atender las necesidades de los estudiantes del estado.

La cuestión sobre la distribución de la riqueza de la sociedad es, ante todo, una cuestión sobre cuál clase contra el poder político. Los demócratas y los republicanos, los cuales defienden los intereses económicos y políticos de la oligarquía empresarial y financiera, insisten en que no hay dinero para la educación ni las otras necesidades sociales urgentes. Al mismo tiempo, pueden derrochar billones en rescates financieros a Wall Street, recortes de impuestos para las empresas, guerras de conquista interminables y ataques contra los trabajadores inmigrantes.

Si la riqueza creada por el trabajo colectivo de los trabajadores ha de ser utilizada para garantizar los derechos sociales de la vasta mayoría en vez del enriquecimiento de un puñado de ricos, los trabajadores tendrán que tomar el poder político en sus propias manos. Esto significa reemplazar el Gobierno de los milmillonarios y multimillonarios capitalistas con un Gobierno obrero para expropiar y redistribuir la riqueza monopolizada por los superricos y reorganizar la vida económica con base en los principios del socialismo internacional.

(Publicado originalmente en inglés el 9 de enero de 2019)