La amenaza del estado de excepción de Trump y el peligro de una dictadura presidencial

11 enero 2019

El discurso televisado a nivel nacional del presidente Donald Trump el martes presentó un nuevo eje político al conflicto en torno al muro fronterizo que ya ha llevado a un cierre parcial del Gobierno federal. Los oficiales de la Casa Blanca, incluyendo a Trump, han amenazado abiertamente con declarar una emergencia nacional, durante la cual Trump asumiría poderes cuasidictatoriales y utilizaría el ejército estadounidense para llevar a cabo sus objetivos políticos, incluida la construcción del muro.

En cualquier otro país, la arrogación de facultades tan irrestrictas por parte del jefe del Ejecutivo sería descrito como gobernar por decreto o directamente un golpe de Estado. Sin embargo, en Estados Unidos, los complacientes medios de comunicación y el dócil partido de “oposición” no han realizado ninguna advertencia ni han ofrecido resistencia. En su respuesta oficial a Trump el martes por la noche, ni la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ni el líder de la minoría del Senado, Charles Schumer, se refirieron a la posible declaratoria de una emergencia nacional, a pesar de que Trump comenzó a sugerir la semana pasada que lo haría.

Marcando la pauta para toda la prensa estadounidense en el tema del cierre del Gobierno, el principal editorial el miércoles del New York Times, el cual representa la voz semioficial del Partido Demócrata, trata la posible declaración de un estado de excepción como algo positivo, indicando que es una forma para que Trump abandone la construcción del muro fronterizo sin ofender a su base de apoyo de tinte fascista, para la cual el muro fronterizo se ha vuelto una señal fundamental en medir la determinación de Trump a proseguir su guerra contra los inmigrantes y suprimir la oposición política.

“El Sr. Trump también ha estado considerando la posibilidad de rechazar al Congreso en su conjunto. Debido al temor de sus asesores de que los legisladores republicanos tienen la intención de abandonarlos en la cuestión del cierre, el presidente ha amenazado con declarar un estado de emergencia nacional, creyendo que así podría ordenarle al Pentágono a construir su muro. Tal paso provocaría un inmediato y furioso desafío legal, sino una crisis constitucional de plena escala, que se prolongaría indefinidamente. No obstante, le daría al Sr. Trump una forma de alcanzar un acuerdo presupuestario con el Congreso que excluiría el muro, pero sin quedar mal. Así, se libraría del hueco del cierre del Gobierno en el que se ha metido”.

Esta complaciente perspectiva ha sido reproducida por los principales diarios y canales televisivos, abordando los comentarios públicos de Trump el miércoles sobre proclamar una emergencia nacional como si fueran otra simple maniobra del drama político en Washington, sin implicar nada importante para las normas constitucionales y los derechos democráticos en Estados Unidos.

Antes de una reunión programada en la Casa Blanca con Pelosi, Schumer y los líderes republicanos del Congreso, Trump reiteró, cuando le inquirieron sobre las circunstancias bajo las cuales llamaría una emergencia nacional, que tenía “el derecho absoluto” a declararla, añadiendo que su límite era el fracaso en las negociaciones con los congresistas demócratas sobre financiar el muro.

Después de que Trump dejó la reunión en un berrinche cuando no obtuvo garantías sobre el muro fronterizo, el Wall Street Journal reportó: “Como una posible forma de finalizar el cierre del Gobierno, los oficiales de la Casa Blanca están discutiendo la posibilidad de que el presidente declare una emergencia nacional para financiar el muro fronterizo y al mismo tiempo firme el proyecto de ley presupuestario sin dicha disposición. Mientras que tal declaratoria sería frenada por causas judiciales, el Sr. Trump aún así le podría decir a sus simpatizantes que hizo todo lo posible para construir el muro, una de sus principales promesas de campaña en 2016”.

Igual que el Times, el Journal no presentó la declaración de una emergencia nacional como un ataque a la Constitución y el establecimiento de una dictadura ejecutiva, sino como una maniobra política que Trump podría utilizar para engañar a sus simpatizantes ultraderechistas. En realidad, son los demócratas y la prensa corporativa los que buscan embaucar al pueblo estadounidense, ocultándole el creciente peligro de una acción dictatorial por parte de la Casa Blanca.

Esto subraya lo que el World Socialist Web Site ha señalado desde la elección presidencial robada de 2000: la completa ausencia en la élite gobernante estadounidense y sus dos partidos de una base de apoyo significativa para los derechos democráticos.

Bajo el Primer Artículo de la Constitución de EUA, el Congreso es el único con el poder de asignar fondos. El presidente no cuenta con el poder constitucional de gastar dinero sin la autorización del legislativo, mientras que su autoridad para utilizar fondos ya asignados por el Congreso para otros propósitos se limita a emergencias auténticas como el huracán Katrina, por ejemplo, o la destrucción de las torres gemelas del World Trade Center durante los atentados del 11 de septiembre.

No existe tal emergencia en la frontera entre EUA y México, donde el número de detenciones ha caído de más de un millón por año en la década de los 2000 a menos de 400.000 en 2017. Además, el único aumento en cruces fronterizos involucra a grupos familiares de refugiados, incluyendo mujeres y niños que escapan de la violencia y pobreza de Centroamérica. Trump ha sido presidente por dos años y nunca vio necesario declarar una emergencia en la frontera entre EUA y México, a pesar de que el Congreso controlado por los republicanos se rehusó una y otra vez a cumplir su demanda de gastar miles de millones de dólares en un muro fronterizo.

A raíz de esto, es incuestionable que la crisis actual en Washington no gira en torno al muro o a la política migratoria en general, sino que la cuestión fundamental es el impulso de la élite gobernante estadounidense para establecer un poder ejecutivo sin ataduras. La crisis del muro fue inventada como pretexto para que Trump implementara un plan premeditado de arrogarse facultades presidenciales prácticamente irrestrictas.

Washington está siendo testigo de un resquebrajamiento de los principios constitucionales que han formado la base del Gobierno estadounidense por más de dos siglos. Este no es meramente el resultado de la Presidencia de Trump. Las administraciones previas, tanto republicanas como demócratas mostraron signos de esto, librando guerras sin autorización del Congreso, realizando un espionaje masivo, detenciones preventivas y asesinatos selectivos de ciudadanos estadounidenses en contravención con las normas constitucionales.

Esta erosión de la democracia estadounidense está arraigada en el ensanchamiento de la brecha de clases en Estados Unidos. Este país está dividido irrevocablemente entre una diminuta élite de multimillonarios y milmillonarios en la cima, quienes controlan efectivamente toda la riqueza y el poder, y la vasta mayoría de la población, la clase obrera que produce toda la riqueza por medio de su trabajo pero que no se beneficia de ella.

La llegada al poder del milmillonario estafador de bienes raíces y casinos, Donald Trump, es una derivación de esta polarización social, igual que la impotencia de los demócratas: Charles Schumer, el senador de Wall Street, y Nancy Pelosi, la congresista con una fortuna de bienes raíces de $100 millones, representan los mismos intereses sociales que Trump.

Después del discurso de Trump el martes por la noche, el cual superó cualquier declaración previa de la Oficina Oval en términos de su absoluta insinceridad e histeria fascistizante, la respuesta de Pelosi y Schumer hizo caso omiso a todas las cuestiones políticas y los peligros a los derechos democráticos. En el conflicto en marcha en Washington, ambos bandos han perdido toda legitimidad política y apoyo popular y ambos están empleando métodos reaccionarios y antidemocráticos.

Mientras que Trump considera abiertamente la imposición de un gobierno autoritario en manos de la Casa Blanca, los demócratas están dando voz a la inconformidad del aparato militar y de inteligencia respecto a la propuesta de Trump de retirar las tropas de Siria y su preferencia por confrontar a China en vez de Rusia como el principal blanco de las agresiones político-militares de EUA. En medio del cierre federal, los dirigentes demócratas están esperando el inminente reporte de la investigación de Mueller sobre fraudulentas acusaciones de intervención rusa en las elecciones del 2016, esperando que el exdirector del FBI les dé otra arma en su lucha faccional contra Trump.

Un estado de excepción significaría el ejercicio de poderes dictatoriales contra la clase obrera. Inevitablemente sería empleado para suprimir derechos democráticos básico, incluido el derecho a protestar y hacer huelga, en nombre de la “seguridad nacional”. La posibilidad de un estado de excepción se presenta en el contexto de un cierre del Gobierno que ha involucrado la suspensión total o el no pago de salarios para 800.000 trabajadores federarles y la violación de uno de sus derechos más fundamentales: el derecho al trabajo remunerado.

Este es solo el principio. A los demócratas les inquieta mucho más el crecimiento de la oposición social en la clase trabajadora que cualquier cosa que haga el Gobierno de Trump. A esto se debe su campaña a favor de la censura del internet y la promoción del ejército y las agencias de inteligencia como árbitros del poder político.

La verdadera oposición al Gobierno de Trump debe venir desde abajo, por medio de un movimiento cada vez más amplio de la clase trabajadora. Las muestras incipientes de resistencia entre los trabajadores federales—como no presentarse a trabajar o las primeras protestas—deben escalar y expandirse en la forma de un movimiento hacia una huelga general contra el Gobierno de Trump y la gran patronal.

La democracia en Estados Unidos no se puede preservar fuera de la lucha por el socialismo —es decir, la expropiación de la riqueza de la élite empresarial y financiera y el establecimiento del control democrático sobre la vida económica—.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 10 de enero de 2019)

Patrick Martin