El presidente estadounidense, Donald Trump, visitó la frontera sur de Estados Unidos el jueves, donde siguió alegando que el país se encuentra ante las garras de una crisis causada por criminales y drogas que fluyen desde México.

En camino a Texas, reiteró sus amenazas de poner fin al cierre del Gobierno declarando una emergencia nacional para ignorar al Congreso y asignar fondos a la construcción de un muro fronterizo.

“Tengo el derecho absoluto a declarar una emergencia nacional”, dijo Trump. “Probablemente lo haré… Casi diría que es una certeza. Esta es una emergencia nacional”.

Su amenaza de ignorar al Congreso con un “estado de excepción” deja claro que Trump está preparado para efectivamente obliterar la separación de poderes por medio de su Presidencia, marcando un hito en la destrucción de la democracia estadounidense.

Esta amenaza es la consumación de esfuerzos sistemáticos bajo los Gobiernos de Bush y Obama para expandir los poderes del Ejecutivo y socavar los cimientos de principios democráticos y derechos fundamentales protegidos bajo la Constitución.

Después de las elecciones robadas de 2000, el Gobierno de Bush utilizó los atentados terroristas del 11 de septiembre para promulgar apuradamente la Ley Patriota e implementar una serie de políticas inconstitucionales como detenciones indefinidas, tortura y espionaje interno sin orden judicial. El pretexto pseudolegal fue que el presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tenía poderes prácticamente ilimitados.

El Gobierno de Obama utilizó este precedente para reclamar el derecho a asesinar a ciudadanos estadounidense sin un debido proceso, incluso dentro de las fronteras de EUA, y a imponer ley marcial en Boston en 2013.

Trump, con su criminalidad al descubierto, está avanzando este proceso a un punto culminante, utilizando un “estado de excepción” para oponerse al Congreso en una crisis política nacional.

Tal acción concentraría en sus manos y las de sus sucesores un nuevo mecanismo para ejercer facultades presidenciales irrestrictas. Poniendo en vigencia un sistema político fundamentalmente nuevo, el presidente podrá hacer uso de los recursos asignados regularmente por el Congreso al ejército para llevar a cabo acciones tanto fuera como dentro de EUA.

Si hay algo que cae en la categoría de “delitos graves y faltas leves” que justifican la iniciación inmediata de un juicio político para destituir al mandatario es la amenaza de invalidar al Congreso por medio de un decreto ejecutivo.

No obstante, la respuesta de los críticos de Trump en Washington y la prensa ha sido asombrosamente limitad y en algunos casos ha sido de apoyo.

El New York Times, que habla en nombre del Partido Demócrata y una sección importante de la élite financiera, publicó un artículo el jueves solicitando tal declaratoria de una emergencia nacional como “la única manera políticamente realista para salir de la crisis del cierre gubernamental en la capital de la nación”.

Pese a reconocer que el paso sería “una violación extraordinaria de las normas constitucionales”, el diario virtualmente le dio su respaldo. “Si hoy la emergencia nacional es la seguridad fronteriza, mañana la emergencia nacional podría ser el cambio climático”, incidió el Times .

No hace falta gran imaginación para reconocer que se sacarán estados de excepción de la manga cada vez que busquen imponer medidas draconianas.

Tal declaratoria de la Casa Blanca abriría la puerta para que Trump y sus sucesores le pasen por encima a cualquier oposición del Congreso y popular e implementen las políticas que el presidente quiera —sea una escalada masiva de operaciones militares o ataques generalizados contra los derechos sociales y democráticos de la población—.

Está en orden concluir que secciones poderosas de la élite gobernante ven la entrega de tales poderes al presidente como una forma para superar lo que ha sido llamado el “atasco político” en el Congreso.

Una supuesta “emergencia” vinculada a la deuda nacional y el supuesto peligro inminente de una bancarrota nacional podría ser utilizada para recortar el seguro social y el seguro médico de Medicare. Podrían ser aplastadas todas las huelgas de docentes, transportistas o cualquier otra sección de la clase trabajadora, invocando una “emergencia nacional” para realizar arrestos masivos y la prohibición de huelgas.

Una vez que Trump asuma poderes tan amplios, no hay muchas razones por las cuales levantaría el estado de excepción en un tiempo indefinido. Se podrán encontrar innumerables pretextos para continuarlo y expandirlo. Una vez que se establezca el precedente, se aplicará una y otra vez.

Se está cruzando un Rubicón político.

Este término, “cruzar el Rubicón” se deriva de la decisión de Julio César en el año 49 A.C. de infringir el derecho romano y entrar en Italia con un ejército, desatando una guerra civil, el colapso de la república romana y el establecimiento de un imperio, efectivamente una dictadura absoluta.

La amenaza de Trump de desafiar al Congreso por medio de un estado de excepción constituye un punto de inflexión histórico como este: una vez que se lleve a cabo, no hay vuelta atrás.

La misma marcha hacia métodos autoritarios de gobierno caracteriza a un país tras otro en todo el mundo. Mientras Trump proclamaba su “derecho absoluto” a declarar una emergencia nacional, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se encontraba en Egipto enalteciendo el dominio del presidente al Sisi, el dictador militar que ha matado a cientos y encarcelado a miles bajo un estado de excepción impuesto para suprimir una revolución popular.

Las amenazas de Trump se producen en medio de una serie de ataques contra derechos democráticos fundamentales con el apoyo de toda la élite política estadounidense. A instancias de las agencias de inteligencia y con el apoyo pleno del Partido Demócrata, Google, Facebook y Twitter han implementado formas de censura masiva y espionaje interno.

Lo que subyace esta ofensiva profunda contra la democracia es el maligno crecimiento de la desigualdad social.

Cabe notar que el mercado bursátil ha visto sus valores aumentar todos los días desde que Trump amenazó con resolver la crisis a través de un “estado de excepción”. En círculos gobernantes, existe un entendimiento tácito de que el giro hacia formas dictatoriales de gobierno tiene un objetivo elemental: la protección y expansión de los intereses de la misma oligarquía financiera que representa Trump.

El último año ha sido testigo de expresiones cada vez mayores de malestar social que continúan en 2019, incluyendo la oposición de los trabajadores gubernamentales que están siendo involuntariamente suspendidos u obligados a trabajar sin remuneración debido al cierre del Gobierno de Trump. A raíz de su creciente oposición, se unen a miles de trabajadores automotores de GM cuyos trabajos están siendo amenazados y decenas de miles de docentes en Los Ángeles que están preparando una huelga en oposición al desmantelamiento de la educación pública.

La defensa de los derechos democráticos está vinculada a la expansión de la lucha de clases en EUA e internacionalmente. La oposición a Trump no vendrá de la corrupta y decadente élite política, sino de un movimiento de masas de la clase trabajadora contra todo el sistema capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de enero de 2019)