El partido ultraderechista Vox está de acuerdo en apoyar la propuesta de los derechistas Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) para gobernar en Andalucía, la segunda región española más grande y más populosa. Esto marca la primera vez que un partido ultraderechista que promociona el legado del dictador fascista Francisco Franco ayuda a formar un gobierno en España desde que cayera la dictadura franquista hace 40 años. El acuerdo pondrá fin a 36 años de gobierno ininterrumpido del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la región y sienta un precedente para un posible gobierno de coalición nacional entre el PP, Ciudadanos y Vox.

Manuel Moreno del PP pasará a ser el nuevo presidente regional, a pesar de haber obtenido los peores resultados electorales del PP en la historia de la región. El debate de investidura está previsto para esta semana.

La semana pasada, Vox manifestó su acuerdo en apoyar un gobierno del PP y Cs —dejando de lado sus llamamientos a expulsar a 52.000 inmigrantes, revocar las leyes contra la violencia de género y de igualdad de género, y desechar las políticas contra la discriminación del colectivo LGTB. Tras conseguir una amplia cobertura mediática basada en esas demandas, Vox renuncia a ellas. Su dirgente, Santiago Abascal, había comprometido el partido a una alianza con el PP y Cs al poco de las elecciones, haciendo hincapié en que Vox no sería “un obstáculo al cambio político en Andalucía”.

Otros puntos en el manifiesto de 100 puntos de Vox incluían abolir las 17 regiones para volver a centralizar a España como durante la época de Franco, ilegalizar a los partidos independentistas, recortar impuestos, y expulsar a los inmigrantes indocumentados.

Los diarios derechistas acogieron bien el acuerdo. El Español aclamó el “ejercicio de pragmatismo” de Vox, y El Mundo definió el acuerdo como reflejando la “sabiduría del consenso” de Vox. El ultracatólico La Razón se regodeó de que Vox “hubiera renunciado a sus exigencias más extremas”.

El programa de gobierno combina la promoción del legado de Francisco Franco, el carnicero fascista de la Guerra Civil española, la defensa de la riqueza de la aristocracia financiera, y llamamientos al nacionalismo y al odio antimusulmán. Incluye una “ley de la concordia” para reemplazar la Ley de la Memoria Histórica de la región, que condena al régimen de Franco y permite exhumaciones de restos de víctimas de los fascistas de la Guerra Civil.

El acuerdo es una defensa descarada de los dictados de austeridad de los bancos. Exige recortar el impuesto a la renta, el impuesto de sucesiones y el impuesto sobre bienes inmuebles. El impuesto sobre bienes inmuebles lo pagan solo 17.700 personas (el 0,2 por ciento de la población), mientras que el impuesto sobre sucesiones lo pagan solo los que heredan más de un millón de euros. La endeudada región reducirá con ello sus ingresos, brindando una excusa para todavía más recortes sociales. El gobierno regional auditará sus gastos para recortar desembolsos “superfluos”, eliminar subvenciones que “no cumplen propósitos públicos y sociales evidentes” y dejará de financiar los medios públicos.

El acuerdo también abre las puertas a ataques a la educación pública, afirmando “la libertad y el derecho de los padres a elegir el modelo que desean para sus hijos, evitando cualquier interferencia de las autoridades públicas en la formación ideológica de los estudiantes”.

Recurriendo a los sectores ultracatólicos de la población, el acuerdo exige incentivos fiscales a familias para hacer aumentar la tasa de natalidad, la creación de un Ministerio de la Familia y obligar a las mujeres con embarazos no deseados a recibir “información adicional” para disuadirlas de abortar. Exige la promoción del flamenco y de las celebraciones de Semana Santa, proteger las corridas de toros como “una fuente de riqueza y de empleo”, y cambiar el día regional de Andalucía para conmemorar el fin de la reconquista cristiana de España y el comienzo de la expulsión de los musulmanes y de los judíos en 1492.

El acuerdo exige la represión masiva de inmigrantes, y llama a que las Fuerzas de Seguridad del Estado “protejan las fronteras, garanticen una inmigración ordenada y legal, respetuosa de nuestra cultura occidental”.

La victoria de la extrema derecha en las elecciones andaluzas es un veredicto devastador de la bancarrota y el papel reaccionario del PSOE y Podemos. La participación fue la más baja desde 1990, especialmente en zonas obreras que votaban tradicionalmente al PSOE. Adelante Andalucía, una coalición formada por Podemos Andalucía e Izquierda Unida, formación controlada por los estalinistas, perdió 200.000 votos —bajando de 20 escaños en 2015 a 17.

El PSOE recibió el peor resultado de su historia, un 28 por ciento después de recortar en educación, sanidad y gasto social a nivel estatal y regional. Después de su gobierno de 36 años, y de la peor crisis capitalista desde los años 1930, más de un cuarto de la población de Andalucía no tiene empleo; decenas de miles dependen del subsidio de la Renta Mínima Social de €400. Casi el 42 por ciento de los andaluces viven en riesgo de exclusión social.

En los seis meses del gobierno del presidente Pedro Sánchez del PSOE desde Madrid, el gobierno ha continuado las políticas de austeridad y militaristas de su predecesor del PP y su represión a los presos políticos nacionalistas catalanes.

El PSOE ha reaccionado a la victoria de Vox desplazándose más a la derecha. La candidata regional del PSOE Susana Díaz culpó de su derrota a la falta de críticas a Cataluña durante su campaña. El presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, del PSOE, planteó la perspectiva de prohibir todos los partidos independentistas.

La velocidad con la que el PP y Cs se han movido hacia incorporar el programa fascista de Vox es una advertencia a los trabajadores y la juventud a lo largo de España y Europa. El dirigente del PP, Pablo Casado, ya ha dicho que el acuerdo en Andalucía es un “preámbulo de lo que pasará en mayo en España”, refiriéndose a las elecciones locales y regionales.

El programa de tipo fascista de Vox no goza de un apoyo de masas. Como otros partidos de la extrema derecha en Europa, Vox está adquiriendo influencia mucho más allá de sus fuerzas reales, basada en el apoyo no de la población, sino de la clase gobernante, el ejército y otros partidos políticos.

Fue fundado en diciembre de 2013 por exmiembros del PP que querían que el gobierno del PP adoptara una línea más dura favorable a las políticas fiscales hacia los negocios y contra los nacionalistas vascos y catalanes y la inmigración. Participaron en las elecciones de 2014 pero no lograron escaños. Hoy la mayoría de los votantes de Vox son exvotantes del PP ricos o de clase media alta.

La clase gobernante española utilizó la crisis catalana de octubre de 2017 para catapultar a Vox hacia el protagonismo. Un partido marginal hasta el otoño de 2017, recibió una amplia cobertura basada en su retórica y manifestaciones anticatalanas extremas. Solo consiguió 395.978 votos en Andalucía (el 10,97 por ciento), cuatro alcaldes de 8.122, 17 concejales de 67.611 y 12 escaños de los 109 del parlamento andaluz. Sin embargo, ha venido estableciendo las pautas desde las elecciones andaluzas, al tiempo que la élite gobernante española —al igual que la europea— intenta canalizar el creciente descontento político hacia un rumbo fascista.

El obstáculo central en la movilización de la oposición amplia e históricamente arraigada en la clase trabajadora española al franquismo y la extrema derecha es el papel reaccionario de lo que supuestamente es la “izquierda” en España. Comprometidos con el régimen de la “transición” capitalista que construyeron para estrangular el crecimiento revolucionario de la clase trabajadora contra el régimen franquista en los años 1970, son opositores decididos de una lucha revolucionaria e internacionalista de la clase trabajadora por el socialismo. Esto le deja el camino abierto a la derecha para que explote la ira generalizada contra el PSOE y Podemos.

Los llamamientos de Podemos de presionar al PSOE hacia la izquierda a nivel nacional y regional han quedado al descubierto como fraudes. Incluso allí donde ha gobernado en los supuestos “ayuntamientos del cambio”, como en la ciudad andaluza de Cádiz, Podemos solo ha impuesto presupuestos de austeridad y ha apoyado las ventas de armas por parte de la industria local a Arabia Saudí, afirmando que ello “crea empleo”.

Se alinearon con la represión despiadada del PP y del PSOE en Cataluña a los presos políticos catalanes.

Podemos y sus aliados de la pseudoizquierda están estrangulando el descontento que va en aumento, expresado en varias protestas contra Vox desde las elecciones, promocionando políticas de identidad con el objetivo de dividir a la clase trabajadora. La número dos de Podemos Irene Montero pidió que las mujeres “llenen las calles y las urnas” para frenar a Vox.

(Publicado originalmente en inglés el 14 de enero de 2019)