Al menos 93 personas han muerto y docenas más están severamente heridas tras una explosión de una fuga en un ducto de gasolina en la comunidad de San Primitivo, en el estado central mexicano de Hidalgo a tan solo 80 kilómetros del centro de la Ciudad de México.

Las víctimas están recibiendo tratamiento en varios hospitales por todo México y Estados Unidos, con la mayoría sufriendo quemaduras severas y luchando por sus vidas, según la Secretaría de Salud. Esto incluye a un niño de 12 años. Cuatro murieron por sus heridas el martes.

La explosión y la enorme cifra de víctimas son un resultado directo y condenatorio de las políticas reaccionarias y militaristas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO) para acelerar la privatización del petróleo del país.

El domingo, el gobernador estatal, Omar Fayed, anunció que la mayoría de los restos de aquellos que fallecieron de la explosión no pueden ser identificados y que tomará varios días y hasta meses para identificarlos por medio de las muestras genéticas entregadas por las familias.

Horas después de la explosión, presuntamente fue abierta deliberadamente una fuga, creando una fuente de casi 7 metros de gasolina, a la cual hasta 800 vecinos se acercaron durante la tarde para llenar botellones para uso de sus familias. Cuando ocurrió el incendio, se reporta que alrededor de 200 personas se encontraban en las inmediaciones.

Poco después, comenzaron a aparecer imágenes desgarradoras en redes sociales y noticieros con docenas de hombres y mujeres corriendo para escapar de lo que se había convertido en una pared de fuego. Los familiares, mientras llamaban los nombres de sus seres queridos y les gritaban a personas prendidas en fuego que rodaran en el suelo, capturaron con sus celulares los momentos cuando víctimas se acercaban y suplicaban, “Ayúdenme, me estoy muriendo”.

El mortal incendio se produjo contra el trasfondo de un nuevo sistema de provisión y distribución implementado por el Gobierno recientemente elegido del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) bajo López Obrador, para prevenir el robo del carburante de ductos.

La “estrategia” del Gobierno, implementada la primera semana de 2019, consistió en desplegar a más de 5.000 miembros del ejército y la policía a las instalaciones de Pemex —incluyendo seis refinerías, 39 terminales de almacenamiento y distribución, entre otros— y cerrando 1.700 kilómetros de oleoductos hasta que puedan ser vigilados por las fuerzas armados o reparados.

Al menos diez estados en el centro de México han reportado escasez de combustibles y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reportó el martes pasado que 69.5 por ciento de las estaciones en estos estados alrededor de la capital no tenían gasolina.

En las colonias y ciudades en torno a esta esparcida área metropolitana de más de 25 millones de personas, conseguir gasolina ha requerido esperar horas en filas que se extienden hasta un kilómetro o más. Esto produjo las condiciones desesperadas inmediatas en las que cientos se acercan a fugas peligrosas, algo que continúa después del incendio del viernes.

Sin embargo, en términos más generales, como parte del esquema de privatización del petróleo iniciado por el Gobierno anterior del presidente Enrique Peña Nieto, los recortes a los subsidios de gasolina para liberalizar el mercado han encarecido el producto más allá de lo que pueden costear los trabajadores.

Las explosivas y masivas protestas del Gasolinazo por todo el país en enero de 2017, en respuesta a un aumento de 20 por ciento en el precio por estos recortes de subsidios, demostró tanto la oposición popular generalizada y profunda a esta privatización en marcha como la determinación obstinante de la clase gobernante a llevarla a cabo, desplegando el ejército y la policía para suprimir las protestas, dejando cuatro muertos y cientos arrestados.

La política del Gobierno de Morena para abordar el robo de combustibles es una continuación de la respuesta militarizada de la burguesía a cualquier obstáculo para la implementación de la reforma energética y los recortes sociales, incluyendo sus preparativos para aplastar protestas como las del 2017 contra la privatización.

Esta es una medida más de López Obrador que repudia sus promesas de campaña de impedir el uso de militares en operaciones interiores, después de verse implicados en incontables abusos e incluso masacres como la matanza en 2014 de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El presupuesto aprobado en 2019 por López Obrador y el Congreso controlado por Morena fue celebrado en círculos gobernantes por continuar la austeridad social en nombre de la “responsabilidad fiscal”. También provee el mayor desembolso a las fuerzas armadas en la historia de México, en parte para crear una nueva Guardia Nacional de hasta 150.000 soldados, como una garantía más que el nuevo Gobierno no titubeará para defender los intereses privados de la burguesía contra cualquier desafío desde abajo.

El domingo, López Obrador señaló en una conferencia de prensa que no culpaba o “criminalizar” a las víctimas y rechazó las críticas de algunos oficiales de que unos 25 soldados presentes no movieron a la fuerza a las personas cerca de la fuga. “Eso no, porque hay que resolver las cosas de fondo” insistió. Según López Obrador, “estas prácticas se van a desterrar con el apoyo de la gente y con opciones” para personas con necesidades que optan por realizar dichas actividades.

Y, sin embargo, eso es precisamente lo que esta política contra el robo de combustibles es, una criminalización y un despliegue del ejército contra empobrecidos trabajadores y jóvenes obligados a tomar tales riesgos. López Obrador dijo una promesa honesta e incondicional el domingo, “Todo mi apoyo a la actuación del Ejército”, demostrando que su respuesta a una pobreza generalizada y niveles impactantes de desigualdad social no será diferente a la de sus predecesores: militarización y represión masiva.

Esto quedó claro en Matamoros la semana pasada, cuando la respuesta del Gobierno a la huelga continua de 10 días de 70.000 trabajadores de maquiladoras fue ignorar sus demandas de salarios justos y desplegar a la policía a soldados de la Marina con rifles de asalto para intimidar a los trabajadores en los piquetes.

El Gobierno también ha indicado que el robo de petróleo ha representado pérdidas para la empresa estatal Pemex de aproximadamente $3 mil millones cada año, alegando que sus medidas buscan “ahorrarle” dinero al Gobierno.

Sin embargo, toda la evidencia apunta a que su propósito es acelerar la privatización de los yacimientos petrolíferos. De hecho, el Gobierno está asumiendo nuevos costos a beneficio de empresas privadas. Además de los despliegues militares y policiales, Pemex estará comprando 1.600 nuevos camiones cisternas y contratando a 3.600 nuevos conductores y otro personal de contratistas privados que también lucrarán de las medidas de Obrador.

Cuando el Gobierno de Peña Nieto implementó una reforma energética en agosto de 2014 que anulaba la disposición constitucional de 1938 que nacionalizó la industria petrolera bajo el presidente Lázaro Cárdenas, el 17 por ciento de las reservas comprobadas y el 79 por ciento de las futuras se abrirían para inversiones privadas.

Para mediados de 2018, aproximadamente 3 por ciento de las reservas de petróleo estaban en manos privadas, según Forbes. Después de una fuerte caída en los precios del crudo en 2014 redujo el paso de la privatización, aumentos en los precios desde principios de 2018 (pese a una importante disminución en noviembre) y un peso relativamente más barato, recortando el costo de la mano de obra y otros costos de producción durante los dos años, han acelerado las inversiones y las presiones sobre Pemex para que cree nuevos incentivos.

En mayo de 2018, cuando estaba cambiando la marea, Carlos Morales-Gil, CEO de la nueva empresa Petrobal, del milmillonario mexicano Alberto Bailleres Gonzáles, le dijo a una reunión con magnates de la industria en Houston, Texas. “México es un país con desafíos sociales. Por eso, el valor de nuestros recursos naturales necesita ser realizado más eficientemente, y monetizado más rápido. Somos un mercado acogedor… Si la liberalización sigue siendo el objetivo, nosotros [las empresas privadas] también necesitamos un acceso abierto a la infraestructura construida por Pemex”.

La discusión en Houston, según Forbes, siguió después de la reunión con demandas de que Pemex aumente su “capacidad de transporte y almacenamiento”, descartando cualquier inquietud de que el Gobierno de Morena tenga un menor “apetito para la privatización”.

En otras palabras, las políticas de suministro energético del Gobierno de López Obrador desmienten sus afirmaciones demagógicas de que busca reducir los costos para aumentar las inversiones sociales. Exponen además las fanfarronadas nacionalistas de hacer a México menos “dependiente” del petróleo mexicano construyendo más refinerías, oleoductos e invirtiendo más en exploración. Tal retórica ha sido toda una fachada para transferir enormes riquezas de los yacimientos previos del Estado y los futuros y directamente del tesoro del Gobierno hacia los esquemas de lucro de la élite financiera mexicana, estadounidense e internacional, con consecuencias fatales para los trabajadores y jóvenes mexicanos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de enero de 2019)