En momentos en que el Gobierno estadounidense prepara medidas cada vez más duras contra los miles de inmigrantes centroamericanos, obreros y campesinos que huyen de la violencia y el hambre, un juez federal estadounidense toma una decisión que más revela la culpa criminal del imperialismo yanqui y de las empresas de EUA por sus condiciones intolerables.

El 3 de enero, Theodore Chuang, juez federal en el estado de Maryland le dio visto bueno a un proceso civil contra varias agencias de la Universidad Johns Hopkins de la ciudad de Baltimore (hospital, escuela de salud pública, empresa del sistema de salud), la Fundación Rockefeller, la empresa Bristol-Myers Squibb, el grupo farmacéutico Bristol-Myers y la empresa Mead Johnson y Compañía por el papel que éstas jugaron en experimentos médicos entre 1946 y 1948 cuando el Gobierno de EUA infectó a cientos de guatemaltecos con sífilis y gonorrea. Se condujeron estas pruebas para determinar la efectividad de una droga recién creada (penicilina) en la prevención y cura de enfermedades sexuales, en parte por el alto costo (para las fuerzas armadas) asociado con esas enfermedades que infectaban a soldados de Estados Unidos.

Los demandados trataron de frenar el pleito, por los herederos de Arturo Girón Álvarez y 733 otros individuos, que se inició en el 2015, basándose en una anterior decisión de la Corte Suprema que escuda a empresas de otros países de juicios dentro de los Estados Unidos sobre abusos de derechos humanos.

El experimento, fue similar al infame estudio Tuskegee sobre campesinos afroamericanos (1932-1972). Gente fue infectada con sífilis y gonorrea sin tratamiento y contra su voluntad. Un estudio similar se llevó a cabo sobre prisioneros en la prisión de Terre-Haute, Indiana. El estudio estuvo a cargo del doctor John Cutler, quien más participó en el estudio de Tuskegee.

En este estudio, unos mil quinientos individuos sanos, prostitutas, campesinos conscriptos en el ejército, prisioneros y enfermos mentales (de ambos sexos), fueron infectados a propósito, utilizando prostitutas infectados proveían por los científicos o creando llagas en la piel que eran cubiertas con gérmenes. A nadie se informó del experimento; frecuentemente se utilizaron bebidas alcohólicas para “lubricar” a las víctimas. La criminalidad e ilegalidad del estudio (tanto bajo las leyes de Guatemala como las de EUA), requirió mantenerlo secreto, teniendo en cuenta también que ocurre justo cuando se enjuicia a doctores nazis en Núremberg por similares crímenes. No cabe duda de que los encargados del experimento estaban bien conscientes de su comportamiento criminal.

A medida que avanza el experimento, los métodos de infección más se asemejan a torturas medievales. Los encargados del experimento raspan los órganos sexuales masculinos con agujas y cubren sus llagas abiertas con materia sifilítica. Se obliga a las mujeres a beber líquidos sifilíticos. Se inyecta pus infectada en la espina dorsal de las víctimas. Se untan sus ojos con gonorrea.

Un relato en la página digital de Slate dice: “ En un caso verdaderamente horrible, a una paciente, llamada Berta, se le inyecta sífilis en el brazo izquierdo. Más de un mes después le aparecen erupciones alrededor del sitio de inyección. Luego le aparecen lesiones en sus extremidades. Se le da tratamiento luego de tres meses. Sin embargo, después de otros tres meses, Cutler escribe en sus notas que la mujer estaba a punto de morirse. El mismo día en que escribía esa nota, los artífices le cubren los ojos con pus de gonorrea y la vuelven a inyectar con sífilis. Estos se llenan de derrames; ella comienza a sangrar de su uretra. Muere a pocos días. En otros casos pacientes mueren como consecuencia de los experimentos”.

Se infecta a la gente sin su consentimiento y sin informarles. Muchos de ellos transmiten las enfermedades a sus hijos y nietos, sin saber cuál es la causa de su aflicción, sufriendo de dolores crónicos y degeneración nerviosa todas sus vidas, que acortan los paralizantes síntomas de sífilis y gonorrea. Entre 1948 y 1953 se abre una nueva etapa en el estudio, usando niños de orfanatos, escuelas del estado y comunidades rurales.

Aun después de obtener una diagnosis correcta, campesinos viviendo en villas aisladas en muchos casos no tenían recursos para pagar por los tratamientos para sus enfermedades.

Casi sesenta años después, Susan Reverby, profesora e historiadora médica de la universidad de Wellesly, descubre la existencia de experimento de Guatemala cuando investigaba las fichas del doctor John Cutler. Unos años más tarde, en el 2010, Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado, publica una fraudulenta y autocomplaciente carta de perdón dirigida a “todos los individuos afectados por estos métodos de estudio horripilantes”, donde declara que ese acontecimiento no era un reflejo de los valores morales de EUA y que mucho había cambiado desde 1948. A ese pedido de perdón le sigue una llamada telefónica del presidente Barack Obama a Álvaro Colom, presidente de Guatemala.

Obama pide que la Comisión Presidencial de Cuestiones Bioéticas investigue ese experimento similar a los de los nazis. El informe se publica en 2011. Ocho años más tarde, casi quince años después del descubrimiento de la profesora Reverby, nadie ha sido juzgado por esos crímenes. Las víctimas y sus descendientes aún no han recibido compensación.

Un artículo del WSWS.org, del 5 de octubre 2010, critica ambos pedidos de perdón e indica que el tasa de pruebas de medicamentos por empresas farmacéuticas norteamericanas, fuera de Estados Unidos y de Europa entre 1997 y el 2007 subió del cinco al veintinueve por ciento. Muchas de esos estudios ocurren en regiones pobres de África y América Latina, para evitar altos costos, reglas exigentes y explicaciones públicas.

Azuzadas por expectativas de lucro las farmacéuticas han llevado a cabo experimentos en Perú (2005, diarrea), Nigeria (1996, meningitis), India y otros países pobres, desobedeciendo el Código de Nuremberg que exige el “consentimiento voluntario e informado” de los pacientes. Reglas del gobierno de EUA, que extienden la protección de patentes para empresas que investiguen drogas con niños (“reglas de exclusividad pediátrica”) son poderosos incentivos para las farmacéuticas. Estas empresas muchas veces utilizan incentivos monetarios para obtener consentimientos de familias muy pobres. En India, el dinero que uno puede ganar por participar en estudios muchas veces excede lo que uno podría ganar en un empleo.

Muchas veces las consecuencias son letales. Dos murieron en Perú por culpa de una medicina experimental basada en el arroz. Cinco niños murieron en Nigerio por culpa de Trován, un antibiótico experimental contra la meningitis, que fue probado en cientos niños. En uno de esos casos se deja de usar el antibiótico en una niña de diez años luego de tres días. Se la deja morir. La empresa envuelta en ese estudio, Pfizer, luego falsificó un permiso del gobierno de Nigeria.

Según un artículo de la revista Atlantic Magazine:

En el 2008 el Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales ( Center for Research on Multinational Corporations ) publicó un documento con muchos ejemplos de investigaciones no éticas que ocurrieron en los años 1990 y a lo largo de los 2000 en los países subdesarrollados. El informe incluye el caso de investigaciones médicas en Uganda entre 1997 y el 2003 en que mujeres tomando la droga anti SIDA Nevapirine. En el transcurso de la investigación miles sufrieron síntomas nocivos que no fueron reportados. Se permitió que continuara el estudio, lo que causó la muerte de catorce mujeres (que tampoco fue reportada).

En Hyderabad, India, en el 2003, ocho personas murieron durante un estudio de la droga Streptokinase, contra la coagulación de la sangre. Lo peor fue que las víctimas ni siquiera sabían que eran parte de un experimento.

En el 2008 en Argentina, doce niños murieron luego de ser usados por la empresa GlaxoSmithKlein para investigar una nueva droga antigripe en que participaron miles de niños pobres de Centro y Sur América.

Exceptuando los anémicos ruegos de perdón de octubre 2010, nada se ha sabido de ningún sector del gobierno, ni del Partido Demócrata ni del Partido Republicano, ni hablar del presidente Donald Trump. Nada se ha hecho para frenar la epidemia de estudios de drogas en las naciones subdesarrolladas. No se esperan más ruegos de perdón para los miles de víctimas de investigaciones de medicamentos a través del planeta.

Nadie exige ni que se presenten los responsables, ni que haya compensación para las víctimas de estos salvajes crímenes.

En cambio, los ciudadanos de Guatemala y de Centroamérica que huyen de la pobreza y violencia son acusados de conspiraciones criminales y terroristas para justificar las cada vez más agresivas medidas de represión y persecución contra los trabajadores inmigrantes.

(Publicado originalmente en inglés el 21 de enero de 2019)