En enero se dio una intensificación de la ola de huelgas que estallaron el año pasado en protesta por las políticas del gobierno Socialista de Portugal (PS).

El PS llegó al poder como un gobierno minoritario en 2015, prometiendo retroceder la austeridad. Este fraude fue promovido por el Bloque de Izquierda (BE), el Partido Comunista (PCP) y el Partido Verde (PEV), que afirmaron que, a cambio de su apoyo, el PS podría ser presionado para oponerse a la "troika", la Comisión Europea (CE), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Central Europeo (BCE). El PS podría, según sugirieron, verse obligados a aumentar los salarios, descongelar las vacantes de empleo, imponer una prohibición a las promociones y retroceder los recortes a los servicios vitales que impusieron sus conservadores predecesores después de la crisis financiera de 2008.

Cuatro años después, pocas de las promesas han llegado a buen término. Y aquellos que lo tienen, como el aumento en el salario mínimo, son intentos desesperados aceptables a la troika de estimular el consumo.

Según las cifras oficiales, el número de avisos previos a la huelga emitidos en 2018 ascendió a 733, el doble que en 2017. En enero, se anunciaron más de 50 avisos de huelgas además de los que ya se estaban realizando. Prácticamente todas las áreas del sector público están involucrados, incluyendo enfermeras, maestros, bomberos, funcionarios judiciales, jueces, guardias de prisiones, trabajadores de la refinería de petróleo y estibadores.

El jueves pasado, la policía de Investigación Criminal (PJ) de Portugal anunció una huelga el mes próximo después de tres años de conversaciones con el Ministerio de Justicia. Solo se contratará a 120 detectives en prácticas, muy por debajo de los 1.400 reclamados que se necesitan.

Los trabajadores de empresas del sector privado también han tomado medidas industriales, incluyendo las empresas del Grupo Efacec, la fábrica de papel Navigator en Setúbal, Beralt Tin, las minas Wolfram y Cerealto Sintra Foods.

La cólera entre los trabajadores es tan grande que la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP) dirigida por el PCP y la Unión General de Trabajadores (UGT, por sus siglas en inglés) alineada con el PCP se ha visto obligados a convocar huelgas para evitar un movimiento independiente de la clase trabajadora. Han buscado disipar la oposición unida en huelgas regionales y sectoriales dirigidas hacia suplicar a varios ministros, el parlamento y al presidente que cambien de rumbo.

Durante varios años, las enfermeras han intentado mejorar sus salarios, condiciones y estatus con poco éxito. El mes pasado, nuevamente se declararon en huelga durante cuatro días después de que el gobierno interrumpiera las negociones. Los sindicatos lo han limitado a acciones regionales: el primer día, 22 de enero, en los hospitales y centros de salud en Lisboa, la región central el día dos, al norte el tercer día, el sur y Azores en el cuarto.

El líder de la Unión de Enfermeras Portuguesas (SEP) y miembro del PCP, José Carlos Martins, dijo que la huelga fue "para hacer que el Ministerio [de Salud] y el gobierno vean que las enfermeras no están satisfechas, están muy descontentas de que el ministerio no esté respondiendo a la cuenta de los puntos de [antigüedad], a la contratación de más enfermeras, a la valoración y dignificación de la profesión, y a las cuestiones de jubilación".

El gobierno está totalmente consciente de la oposición y ha dejado en claro su intención de aplastarlo. La ministra de salud, Marta Temido, declaró que se utilizarían "todos los instrumentos de la ley", incluyendo las "solicitudes civiles... para garantizar que los ciudadanos no sean rehenes de las demandas de los trabajadores".

Los bomberos están en huelga en Lisboa desde el 22 de enero hasta el 5 de febrero, oponiéndose a las propuestas para reducir su salario básico y aumentar la edad de jubilación por 10 años a 60 años. La huelga ha tenido el apoyo del 100 por ciento de los bomberos, muchos de los cuales intentaron ocupar el Ministerio de Trabajo.

El líder del PCP, António Pascoal, jefe del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lisboa, declaró: "Tenemos ganas de negociar todos los días y todas las noches. Hoy ha habido negociaciones y se ha logrado cierto progreso en términos del estado del trabajo, pero en relación con los asuntos que más molestan a los bomberos todavía no. Si el gobierno da una señal en ese sentido, estamos listos para suspender la huelga de inmediato”.

José Correia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Local (STAL), también afiliado a la CGTP, declaró: “No soy muy optimista, pero la esperanza es lo último en morir. "Nuestra obligación es continuar negociando con el gobierno y dar cuenta de la insatisfacción de los bomberos".

La CGTP ahora está proponiendo, a través de su Frente Común de la Administración Pública, una huelga general del sector público para el 15 de febrero. Exige un aumento salarial del 4 por ciento con un aumento mínimo de € 60 y el restablecimiento de varios beneficios, incluyendo el pago de horas extraordinarias, subsidios de subsistencia y los impuestos reducidos a niveles antes de 2009. Una declaración del Frente Común proclama que el gobierno de PS está "profundizando la destrucción de las funciones sociales del estado... allanando el camino para su privatización", está ignorando "a más de 600.000 trabajadores, que no tienen aumento”, y que trabajo precario "sigue siendo una realidad, lo contrario a lo que afirma el gobierno".

A pesar de esto, la líder del Frente Común, Ana Avoila, declaró: "Huelgas son siempre el último recurso" y esperaba "que el gobierno tome nota de esto".

Dos sindicatos de UGT alineados con PS, Fesap y FNE, han anunciado con retraso que sus miembros se unirán a la huelga. Presentan una carta al ministro de Finanzas, Mário Centeno, sobre “un gran día de lucha que busca retroceder la trayectoria de la pérdida del poder adquisitivo, lo que lleva al gobierno a abandonar la política de bajos salarios y valora y dignifica los salarios y carreras de todos los trabajadores ".

La noción de que Centeno, premiado por sus esfuerzos en Portugal publicado como presidente del Eurogrupo y presidente de la Junta de Gobernadores del Mecanismo y Estabilidad Europea, abandonará su política y la de la elite gobernante europea es ridículo. Solo el aumento de la explotación de la clase trabajadora ha permitido una recuperación económica limitada y mayores ganancias.

Bajo el PS, la economía portuguesa ha crecido un poco más del 2 por ciento al año y el déficit presupuestario se ha reducido al nivel más bajo en más de 40 años. Las exportaciones se han duplicado a 40 por ciento del PIB desde 2008, ya que los fabricantes han establecido plantas para aprovechar los salarios más bajos en Europa occidental y las masas de trabajadores casualizados.

El salario medio mensual de Portugal es inferior a € 900 al mes, en comparación con más de € 2,000 para la UE en su conjunto. Alrededor del 40 por ciento de los trabajadores reciben un salario no superior al 25 por ciento por encima del salario mínimo de € 635. Un estudio reciente de la Comisión Europea reveló que Portugal (e Irlanda) tenían las mayores brechas entre el crecimiento salarial y el crecimiento de la productividad en los últimos años.

No es de extrañar que la bolsa de valores portuguesa tenga la tasa de rendimiento más alta de Europa, según el Informe de dividendos de Allianz Global Investors en 2019.

Se deben sacar conclusiones políticas definidas. Bajo las condiciones de la globalización de la producción capitalista, los sindicatos, que están ligados a una perspectiva nacionalista, son incapaces de defender incluso los intereses más básicos de la clase obrera. Se han transformado en agencias directas de la élite corporativa-financiera y del estado. Tanto el PCP como la CGTP, con su llamado a una izquierda "patriótica" dirigida al "desarrollo soberano de nuestro país", no representan los intereses de la clase obrera sino de la elite gobernante portuguesa.

Es necesario que los trabajadores rompan con estas organizaciones obseletas y reaccionarias y construyan nuevas organizaciones de lucha, genuinamente populares y democráticas.

La ola de huelgas en Portugal es una señal de que está surgiendo un nuevo período de luchas revolucionarias. Esto debe prepararse conscientemente a través de la construcción de un movimiento socialista internacional de la clase obrera para luchar por el poder de los trabajadores y la reorganización de la vida económica a lo largo de líneas democráticas e igualitarias.

(Publicado originalmente en inglés el 2 de febrero de 2019)